La estructura de seguridad pública que se está terminando de cocinar en el Congreso es la más completa desde que el paradigma de la seguridad dejó de ser un instrumento de control político del Gobierno en 1982 para convertirse es un mecanismo de funcionalidad para la estabilidad nacional.
El paso que falta –y que podría ser el más difícil de concretar– se localiza en la necesidad de superar los enfoques militar y civil de la seguridad para construir nuevas doctrinas gubernamentales que den eficacia operativa a las nuevas funciones de definición legal.
El nuevo paradigma de seguridad no hace más que reordenar lo que ya existe. En la actualidad funcionan tres enfoques de seguridad: pública, para proteger los bienes ciudadanos; nacional, para fijar la línea roja de la soberanía; e interior como una fusión de las dos asumiendo la delincuencia no como un problema de fuero común sino como un asunto de inestabilidad para el desarrollo y un tema central de definición de las funciones del Estado frente la delincuencia organizada.
La participación de las Fuerzas Armadas en apoyo el combate de las organizaciones policiacas civiles marcó el nuevo escenario de la inseguridad interior: las bandas del crimen organizado no son de ladronzuelos ni roba carteras, sino que se constituyen ya en un poder con fuerza física armada suficiente para capturar las estructuras burocráticas, políticas, civiles y territoriales que le corresponden al Estado soberano nacional.
La complejidad en la reorganización de las estructuras delictivas está a la vista y ya ha sido ya señalada por denuncias internacionales: el poder criminal de las bandas y cárteles del crimen organizado y desorganizado solo fue posible por la apatía, complicidad o incapacidad de gobiernos desde 1984 –cuando nace el primer cártel de la marihuana de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don Neto— hasta el colapso el año pasado en Sinaloa por el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán y la complicidad del Gobierno de Rubén Rocha Moya.
El problema con la estructura de seguridad se localiza en que desde 1982 se ha definido por coyunturas que responden a grupos de poder dentro de la administración pública, pero impidiendo la creación de organismos profesionales que eludan las batallas burocráticas. La disputa por la oficina federal de inteligencia comenzó desde el retiro de Fernando Gutiérrez Barrios de la Federal de Seguridad y el arribo de los políticos con José Antonio Zorrilla Pérez a la cabeza.
Lo que eran instrumentos de control de la delincuencia se convirtieron el mecanismo de complicidad: todavía sigue abierto –o debería seguir así– el caso de la participación gubernamental de la Secretaría de Gobernación de Manuel Bartlett Díaz y la Federal de Seguridad de Zorrilla Pérez en la configuración y fortalecimiento del cártel de Guadalajara que se consolidó bajo el criterio de que era mejor tener uno y controlado.
La Federal de Seguridad pasó a Dirección de Información y Seguridad Nacional en Gobernación con Bartlett para borrar pistas, luego Salinas lo convirtió en CISEN para depender de la oficina de la Presidencia, Zedillo lo adscribió a la Secretaría Particular de Los Pinos, Fox no supo qué hacer y Calderón y Peña Nieto lo mantuvieron sin recursos ni profesionalización.
El destino del ahora Centro Nacional de Inteligencia no debe terminar en la lucha burocrática, sino en la configuración de nuevas doctrinas que fusionen los enfoques civiles de seguridad y las preocupaciones militares que tienen que ver con la soberanía. Lo peor que le puede pasar a la actual de la organización del aparato de seguridad es caer en un espacio de falta de integración del pensamiento estratégico basado en inteligencia civil-militar.
La ausencia de una ley de seguridad interior también será un obstáculo para la nueva reorganización porque plantea la carencia de un espacio de entendimiento cívico-militar ante bandas del crimen organizado que no solo cometen delitos ni nada más trafican droga, sino que están capturando las estructuras de Gobierno y del Estado. La seguridad interior es una doctrina que define las formas en que la delincuencia que están desplazando al Gobierno y al Estado y en los hechos el nuevo paradigma de seguridad interior fusiona reglas y capacidades de las tres seguridades: pública, nacional e interior.
En los hechos, el presidente López Obrador dio los primeros pasos para la nueva doctrina de seguridad e interior, pero no lo consolidó y permitió los desentendimientos civiles y militares. La reforma de la presidenta Sheinbaum será útil solo en el contexto de institucionalizar el paradigma de seguridad interior.
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Política para dummies: la política no funciona sin pensamiento de seguridad estratégica.
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