Después de la severa e impactante derrota política del bloque lopezobradorista de Morena al presentar un decálogo de reforma electoral que modificaría la estructura del aparato organizador de elecciones y del hecho de que fueron sus aliados los que pararon en seco el modo autoritario de legislar, el autodenominado Plan B no es plan, ni B, ni implica una reforma electoral y se reduce a un discurso de propaganda.
Lo más grave del autodenominado Plan B radica en el hecho de que se trata de una intervención del centralismo político de un partido para meterse en desordenar –con el disfraz de reordenar– dos estructuras estatales y municipales que responden a lógicas muy locales: el número de diputados distritales y plurinominales y la disminución de regidurías en las presidencias municipales.
El tema de la consulta pública que contiene el Plan B sí tendría repercusiones en las prácticas políticas nacionales y el modelo hasta ahora rumiado pero no digerido de democracia directa, pero habrá que esperar si puede ser tratado en una nueva iniciativa porque al estar considerado en el Plan A no podría ser presentado en el curso de un año.
La caracterización de estas iniciativas bajo el rubro de Plan B solo revela el estilo de los propagandistas de Morena para vender productos que no existen, tomando como modelo la rifa del avión presidencial que promovió el presidente López Obrador y que al final no se supo si se pagaron los millones prometidos porque el avión no se podía entregar por partes físicas y se vendió también sin tener claro el destino del dinero recibido.
El Plan A del Palacio de Invierno de Palenque y de Palacio Nacional sí configuraba una verdadera iniciativa de reorganización del aparato encargado de elecciones, con una serie de decisiones que de alguna manera querían poner orden en el Instituto Nacional Electoral, aunque al final sólo para mantener el dominio del partido en el poder.
Lo más significativo del fracaso del Plan A fue la incapacidad de sus operadores de campo –planificadores o sobre la marcha– para reorganizar el espacio de los plurinominales y paradójicamente con los aliados de Morena que le dieron curules o votos para la mayoría calificada porque eran los directamente afectados y nadie negoció con ellos antes de enviar la iniciativa, y por ello este modelo lopezobradorista autoritario y unidireccional que fue común en el sexenio pasado se topó con el voto en contra del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
El apoyo de estas dos organizaciones asociadas en modo de partidos-rémora es necesario para efectos constitucionales de los tres puntos del Plan B, pero en nada afectan el poder político y los beneficios presupuestales derivados que han fortalecido internamente al PV y al PT. Por ello, pues, ya se hizo una negociación dicen que extensa y a fondo para que públicamente estos dos partidos declaran su fe en la alianza con Morena y anunciaran su voto favorable a las modificaciones previstas con decisiones que en nada le afectan.
Los gobernadores –sobre todo la mayoría morenista– también dieron su aprobación adelantada a las reformas del Plan B pero falta que hagan sus estudios sobre equilibrios políticos internos si les disminuyen legisladores plurinominales en congresos locales y sobre los efectos en redistribución del poder que implican las regidurías existentes.
El gobierno federal ya anunció que los ahorros con estos recortes burocráticos estatales y municipales serían entregados a las administraciones locales, pero se trataría de una decisión que estaría implicando el reconocimiento actual a que las finanzas federales son incapaces ya de sostener las participaciones a gobiernos estatales y municipales porque el presupuesto nacional ya no alcanza siquiera para todos los programas de dinero regalado a ciudadanos que serán los votantes en las urnas en 2027 y 2030.
Por ello el Plan B no debería ser llamado así sino que sería una propuesta bonsái o una chiquipropuesta de reforma de dos temas que romperán los equilibrios precarios en las estructuras estatales y municipales de poder. A nivel mediático, el Plan B debería ser ya caracterizado como una iniciativa sin efecto real en la estructura federal electoral.
El Plan A –que sería el Plan C o tercer intento de López Obrador ahora como presidente emérito– buscó modificar el aparato electoral mexicano que fue diseñado por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y la alianza PRIAN del Pacto por México de Enrique Peña Nieto. Pero por querer vengarse del INE de Lorenzo Córdoba Vianello, el lopezobradorismo naufragó la oportunidad del Plan A (o C) y ahora depende del Plan B (o D).
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Política para dummies: la política es el arte de no decir lo que se quiere decir y de decir lo que ya se dijo como si fuera novedad.
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