Las imágenes de los zapatos apiñados de presuntas personas incineradas en un crematorio acreditado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco, remiten, toda proporción guardada, a las evidencias que han quedado del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial: el asesinato impune de seis millones de judíos hace más de 80 años, vis a vis los más de 706,000 mexicanos muertos por la violencia delictiva de 1990 a la fecha.
La Real Academia Española define la palabra Holocausto básicamente por el caso de los judíos liquidados por el régimen nazi, pero asume la palabra con otras referencias: “gran matanza de seres humanos. Sinónimos: matanza, sacrificio, masacre, exterminio, genocidio”. En términos estrictos, las cifras de mexicanos asesinados y las decenas de masacres que le han quitado la vida a ciudadanos no alcanzan a contenerse en la sola palabra de matanzas; se trata, en realidad, de muertes masivas referidas a grupos criminales y a abusos o complicidades del Estado.
El recuento que hace Carlos Penna Charolet en su grupo TResearch –se distribuye a través del WhatsApp 449-543-8776– es contundente: poco más de 706,000 homicidios desde 1990 al miércoles de esta semana de 2025. Poco importa en qué sexenio hubo más o menos asesinados bajo las narices o la vista del Estado mexicano, porque el hecho real es que ha habido estrategias y políticas de seguridad y ninguna ha logrado frenar el origen real de la violencia criminal en México: la impunidad de grupos delictivos por la incapacidad-pasividad-
Las masacres civiles a manos de bandas del crimen organizado en sus diferentes especialidades –sobre todo el narcotráfico– llegaron como respuesta delictiva a la ofensiva pública del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 al declararle la guerra a los cárteles de la droga y lanzar contra ellos a las fuerzas de seguridad encabezadas por las Fuerzas Armadas. De 2007 a esta semana en que ha operado mal que bien el modelo de Calderón, México ha registrado 488,906 homicidios vinculados a la violencia, el 54% de largo ciclo 1990-2025.
La respuesta criminal de las bandas delictivas se inició con la primera masacre civil estallada por el grupo delictivo Los Zetas en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, con un saldo de 72 personas asesinadas con impunidad; casi un año después, en abril de 2011, se dio la segunda matanza de San Fernando con un número de víctimas que oscila entre 193 y 500 personas; en ambos casos, las autoridades federales realizaron investigaciones y llegaron a conclusiones que castigaron solo algunos de los delincuentes, pero el cártel de Los Zetas no solo sigue operando en la zona sino que es el tercer cártel de importancia que funciona dentro de Estados Unidos para el tráfico y la venta de drogas.
Los primeros datos revelan que el rancho de Teuchitlán, Jalisco, localizado a menos de una hora de Guadalajara, pertenecía al CJNG, un grupo criminal que nació cómo Los Mata Zetas en 2009 y luego se convirtió en el principal adversario del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. El CJNG, en el escenario del rancho de Teuchitlán, aparece ya como el principal cártel vinculado al narcotráfico que ha desbancado al menguado Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán por la ofensiva simultánea –aunque no conjunta– de organismos de seguridad de México y de Estados Unidos.
La sociedad mexicana ha pagado los platos rotos de las estrategias reactivas de seguridad de los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León y Fox Quesada, supervisadas por el Gobierno de Estados Unidos. Pero la fase más violenta y criminal del crimen organizado comenzó en diciembre de 2006 cuando el presidente Calderón lanzó a las Fuerzas Armadas y a las policías de seguridad contra los cárteles del narcotráfico.
En los últimos tres sexenios –Calderón, Peña Nieto y López Obrador– se registraron 486,906 homicidios, mientras que en los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox la cifra fue de 217,808 muertes violentas. El arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo también fue violento con 12,407 homicidios violentos.
En este contexto, la masacre de Teuchitlán forma parte del ciclo de violencia criminal que ha rebasado al Estado y exhibe a la sociedad sin defensas.
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Política para dummies: la política, otra vez Hobbes, no funciona sin la espada, y deja la vida de las sociedades en manos del más fuerte.
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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@
@carlosramirezh
Las imágenes de los zapatos apiñados de presuntas personas incineradas en un crematorio acreditado al Cártel Jalisco Nueva Generación en Teuchitlán, Jalisco, remiten, toda proporción guardada, a las evidencias que han quedado del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial: el asesinato impune de seis millones de judíos hace más de 80 años, vis a vis los más de 706,000 mexicanos muertos por la violencia delictiva de 1990 a la fecha.
La Real Academia Española define la palabra Holocausto básicamente por el caso de los judíos liquidados por el régimen nazi, pero asume la palabra con otras referencias: “gran matanza de seres humanos. Sinónimos: matanza, sacrificio, masacre, exterminio, genocidio”. En términos estrictos, las cifras de mexicanos asesinados y las decenas de masacres que le han quitado la vida a ciudadanos no alcanzan a contenerse en la sola palabra de matanzas; se trata, en realidad, de muertes masivas referidas a grupos criminales y a abusos o complicidades del Estado.
El recuento que hace Carlos Penna Charolet en su grupo TResearch –se distribuye a través del WhatsApp 449-543-8776– es contundente: poco más de 706,000 homicidios desde 1990 al miércoles de esta semana de 2025. Poco importa en qué sexenio hubo más o menos asesinados bajo las narices o la vista del Estado mexicano, porque el hecho real es que ha habido estrategias y políticas de seguridad y ninguna ha logrado frenar el origen real de la violencia criminal en México: la impunidad de grupos delictivos por la incapacidad-pasividad-
Las masacres civiles a manos de bandas del crimen organizado en sus diferentes especialidades –sobre todo el narcotráfico– llegaron como respuesta delictiva a la ofensiva pública del Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006 al declararle la guerra a los cárteles de la droga y lanzar contra ellos a las fuerzas de seguridad encabezadas por las Fuerzas Armadas. De 2007 a esta semana en que ha operado mal que bien el modelo de Calderón, México ha registrado 488,906 homicidios vinculados a la violencia, el 54% de largo ciclo 1990-2025.
La respuesta criminal de las bandas delictivas se inició con la primera masacre civil estallada por el grupo delictivo Los Zetas en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, con un saldo de 72 personas asesinadas con impunidad; casi un año después, en abril de 2011, se dio la segunda matanza de San Fernando con un número de víctimas que oscila entre 193 y 500 personas; en ambos casos, las autoridades federales realizaron investigaciones y llegaron a conclusiones que castigaron solo algunos de los delincuentes, pero el cártel de Los Zetas no solo sigue operando en la zona sino que es el tercer cártel de importancia que funciona dentro de Estados Unidos para el tráfico y la venta de drogas.
Los primeros datos revelan que el rancho de Teuchitlán, Jalisco, localizado a menos de una hora de Guadalajara, pertenecía al CJNG, un grupo criminal que nació cómo Los Mata Zetas en 2009 y luego se convirtió en el principal adversario del Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. El CJNG, en el escenario del rancho de Teuchitlán, aparece ya como el principal cártel vinculado al narcotráfico que ha desbancado al menguado Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán por la ofensiva simultánea –aunque no conjunta– de organismos de seguridad de México y de Estados Unidos.
La sociedad mexicana ha pagado los platos rotos de las estrategias reactivas de seguridad de los presidentes Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León y Fox Quesada, supervisadas por el Gobierno de Estados Unidos. Pero la fase más violenta y criminal del crimen organizado comenzó en diciembre de 2006 cuando el presidente Calderón lanzó a las Fuerzas Armadas y a las policías de seguridad contra los cárteles del narcotráfico.
En los últimos tres sexenios –Calderón, Peña Nieto y López Obrador– se registraron 486,906 homicidios, mientras que en los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox la cifra fue de 217,808 muertes violentas. El arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo también fue violento con 12,407 homicidios violentos.
En este contexto, la masacre de Teuchitlán forma parte del ciclo de violencia criminal que ha rebasado al Estado y exhibe a la sociedad sin defensas.
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