En pocas palabras, con el artero asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, el Cártel Jalisco Nueva Generación le declaró la narcoguerra al Estado mexicano, violó la doctrina de seguridad pública y colapsó los principios de la seguridad interior.
El mensaje del llamado también Cártel de las Cuatro Letras (4L) fue muy claro:
–Rompió el dominio político e institucional del Estado y consolidó su idea de instalar en Michoacán –y en otras partes—una zona franca de control delictivo.
—Rebasó la definición de la seguridad pública que se asume como «promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la seguridad de nuestros ciudadanos».
–E hizo trizas la doctrina de seguridad interior que las fuerzas políticas y de gobierno se han negado a reglamentar con una ley y que considera la seguridad interior –facultad exclusiva del Ejecutivo de acuerdo con la fracción VII del 89 Constitucional– como “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”
El cártel 4L sabía perfectamente que el asesinato del alcalde Manzo iba a soltar a las fuerzas de seguridad federales.
La narcoguerra del presidente Felipe Calderón Hinojosa fue declarada el 11 de diciembre del 2006 justamente en Michoacán, pasó por la etapa de confrontación violenta entre gobierno federal y grupo delictivo y se ahogó la fase de “abrazos, no balazos” del presidente López Obrador, cuya estrategia tenía dos escenarios: buscar el modelo de una especie de pax narca en la que el crimen organizado no se asentaba en partes del territorio nacional sino que lo utilizaba como tránsito para el envío de la droga hacia Estados Unidos y el compromiso adicional de no generar violencia ni inseguridad en los territorios de paso e inclusive convertirse en garantes de la estabilidad pacífica en zonas de influencia.
El modelo de seguridad en Michoacán fracasó con el ejemplo de Servando Gómez La Tuta, quien se hizo cargo de la seguridad en Michoacán, pero se siguió de frente y se convirtió en un Estado paralelo que manejaba las fuerzas policiacas locales, dominaba los empresarios y cobraba impuestos, sustituyendo las tareas legales que correspondían a las autoridades legalmente electas en las diferentes estructuras y niveles del Estado.
El último reporte de la DEA señala que el cártel 4L tiene el control casi total de alrededor de doce estados y disputa el poder en los demás contra el Cártel de Sinaloa. La configuración del cártel de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho –el líder simbólico que nadie sabe si está vivo o muerto– funciona como una estructura delictiva armada, como una especie de grupo paramilitar con estructuración en comandos, y tiene su actividad primaria como fuerza de choque violento y su configuración celular.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue realizado con el modelo de crimen directo con efectos sociales: en público, en medio de festividades pagano-religiosas y ante la presencia de centenas de testigos, atropellando al aparato de seguridad. Lo pudieron haber venadeado, secuestrado en privado, asesinado en su casa o su oficina, con un atentado vehicular o hasta envenenado. En ese sentido, el asesinato en público fue un desafío al Estado mexicano, a sus fuerzas de seguridad y a la estrategia gubernamental.
Michoacán pudiera ser el dato que se requería para señalar el fracaso de la estrategia de seguridad de los gobiernos federales de 2006 al 2025, y el análisis de este proceso se debe despojar de calificaciones personales a quienes fueron los presidentes y aún a la presidenta actual. La crisis de seguridad no es ni de un partido ni de algún presidente en particular, sino que implica la peor crisis general de seguridad interior que se le ha presentado al país desde que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1983 incorporó la seguridad nacional al Plan Nacional de Desarrollo.
Lo que hizo el cártel 4L no fue cobrarle una cuenta política local al alcalde de uno de los más de 2,600 municipios de la República, sino respondió al discurso rebelde del munícipe Carlos Manzo porque estaba alebrestado a la sociedad local y de modo natural su ejemplo comenzaba a ser recogido por la prensa de la Ciudad de México que tiene repercusión nacional al comenzar a ser caracterizado como el Bukele mexicano.
De los abrazos se pasó al periodo de decomisos y arrestos de líderes criminales y ahora enfrenta respuesta criminal con la fase de guerra de cárteles contra el Estado que debiera tener el monopolio estatal de la fuerza contra grupos delictivos armados que quieren quedarse con zonas francas de la soberanía territorial del Estado.
De ese tamaño fue el desafío del cártel 4L contra la República.
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Política para dummies: la política es la regulación de la guerra.
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