Aunque no se trata de un pleito que pueda llevar a la ruptura, el caso es que todas las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sobre México son parte de un acuerdo obligatorio que México y todos los países capitalistas han suscrito con el organismo internacional para obtener el aval financiero que se requiere para tener créditos de la banca internacional privada.
El FMI basa sus estudios en el cumplimiento obligatorio de México el artículo IV de la organización y por contrato debe de recibir a misiones de técnicos que vienen a México cada año a revisar las cuentas nacionales y dar su punto de vista. El último reporte de la misión del fondo fue del pasado 1 de diciembre para inspeccionar indicadores 2023-2025.
La previsión del fondo fue muy optimista –dentro de su pesimismo–, antes del choque arancelario: México crecería este año 1.3%, una inflación de 3.2%. Pero dentro de estas expectativas diríase que positivas hubo dos focos negativos que están profundizando las malas expectativas: el déficit presupuestal se estimó en 3.5%, producto de un frenón del gasto porque en 2024 –año electoral– el déficit de finanzas públicas fue de 5.9%; si hubiera una meta ideal en este rubro, sería déficit público de 2%.
Pero lo que causó enojo en Palacio Nacional –como si el fondo fuera el responsable de ese resultado–: la deuda externa ha seguido creciendo y llegaría –en el reporte de noviembre pasado– a 27.8% del PIB en 2025, como producto de que la caída del ingreso estaría provocando baja en la recaudación y el gasto presupuestal estimulado por dos programas sociales se estaría cubriendo con el endeudamiento externo.
Como Santa Catedral del neoliberalismo económico en los países occidentales, el FMI como organismo vigilante de la inflación tenía un recetario en automático: como los precios subían por el lado de la demanda por gasto público y privado, entonces las presiones inflacionarias se disminuían con menor crecimiento del PIB, baja del gasto público en materia social por ser no productivo y enfriamiento del dinero en circulación.
De manera sorpresiva y sobre todo después de las crisis financieras nacionales de muchos países, el FMI cambió su doctrina y en los últimos años salió con la sorpresa de que los países con problemas presupuestales públicos tienen la posibilidad –como recomendación del organismo– de realizar reformas fiscales como una manera de aumentar los ingresos públicos.
Paradójicamente, países con políticas económicas identificadas como populistas o populares habían venido luchando contra el FMI para conseguir aumentos fiscales que sustentarán en sus nuevos gastos sociales. Ahora que el Fondo ha autorizado de manera literal las reformas fiscales, los países de gasto social central prefieren reasignación del presupuesto de otras áreas, disminución en los estímulos productivos del gasto público y aumento de programas sociales sin sustento de ingresos.
La molestia en Palacio Nacional parece ignorar la recomendación de los técnicos del fondo en su reporte del 1 de noviembre pasado:
“Los directores subrayaron la importancia de una reforma tributaria integral y ambiciosa que impulse los ingresos no petroleros y alentaron a las autoridades a mejorar la administración tributaria y a recortar los gastos fiscales para respaldar la consolidación en el corto plazo, protegiendo al mismo tiempo las inversiones necesarias en infraestructura, salud y asistencia social. También sería importante la implementación en el mediano plazo de un marco presupuestario más comprehensivo y de reformas ambiciosas a las pensiones.”
Como si fuera un regalo de Navidad, la autorización del Fondo a reformas fiscales en países de desarrollo medio es una solución para complementar programas de apoyo a infraestructura productiva con programas de gasto social que combata la desigualdad. La crisis fiscal de ingresos congelados con nuevos egresos sociales ha sido el coco de las finanzas públicas mexicanas, sobre todo en las administraciones de Echeverría, López Portillo y López Obrador por sus perfiles populistas. Las reformas fiscales se eludieron para no molestar a los empresarios, además de que el FMI lo prohibía. En el reporte de pasado noviembre, el Fondo podría estar llegando ya a imponer como condicionalidad de política económica a los países las reformas fiscales que estabilicen tus finanzas públicas.
De no hacerse la reforma fiscal, el documento del fondo deja entrever que el mantenimiento in crescendo de gasto social en situación recesiva y de restricciones recaudatorias podría regresar el déficit presupuestal a tasas de 7% y llevar la deuda externa pública total a niveles de 50%. La única manera de Finanzas sanas es con mayores ingresos fiscales y control estable el gasto social.
Ahí está el debate entre Palacio Nacional y el FMI.
-0-
Política para dummies: la política naufraga en una economía sin orden.
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@
@carlosramirezh
