Mientras la estrategia de seguridad mexicana entró en una especie de impasse después del regalo de 29 narcos que estaban siendo procesados, en Estados Unidos se han intensificado actividades y presiones sobre México a partir de la exigencia de que se deben de destruir fortificaciones físicas de cárteles en México sobre todo arrestar a presuntos funcionarios vinculados por la protección institucional de cárteles.
Los altos funcionarios que rodean el Palacio Oval de Mar-a-Casa Blanca no han bajado de sus discursos ni el tono ni la referencia a México como un narcoestado. La falta de persecución contra el Iván Archivaldo Guzmán López y la muy fuerte estructura del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco parece estar enfriado en los planes operativos.
En las últimas semanas, Estados Unidos ha parecido construir un cerco alrededor de México a la espera de algún golpe espectacular contra las zonas físicas de los cárteles de Jalisco y Sinaloa: barcos espías en la zona del Pacífico y ahora en el Golfo de México, aviones espías en la zona norte y en la frontera sur de Chiapas y cerca de Palenque, utilización de la tecnología de la CIA para espiar zonas territoriales de narcos, boinas verdes y marines enviados a la Secretaría de Marina-Armada de México para entrenar a mexicanos, pero desconociendo que tanto Marina como Defensa tienen alta capacidad autónoma y técnica para haber mantenido muy aceitada su maquinaria de seguridad pública, inclusive suficiente para enfrentar a cualquiera confrontación directa con malandrines.
Junto a ello, altos funcionarios del entorno central de Mar-a-Casa Blanca siguen manejando un lenguaje de acusaciones a México de presuntas protecciones oficiales a los cárteles del narcotráfico: el presidente Trump, su consejero de seguridad nacional, las oficinas de la CIA, el secretario de Estado, la secretaria de Seguridad Interior y la secretaria de Justicia-Fiscal General están esperando golpes espectaculares de México contra instalaciones del narcotráfico y el arresto de funcionarios presuntamente señalados como protectores de los capos de la droga.
La fecha fatal del 2 de abril fue fijada como un segundo aplazamiento de la decisión personal del presidente Trump de lanzarse contra narcos en México y para ello tiene pendiente la aplicación de 25% de aranceles no por irregularidades en el comercio exterior sino como castigo a México por su presunta protección al narcotráfico, dentro, han señalado algunos analistas que razonan estos comportamientos de los funcionarios americanos, de la lógica de que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador de “abrazos, no balazos” no disminuyó la producción ni contrabando de droga a EU sino que posibilitó el fortalecimiento de los cárteles de la droga.
Atrapada en una pinza de fuertes presiones políticas, la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta tratado de encontrar decisiones que bajen la tensión estadounidense con mayores decomisos de fentanilo y persecución de narcos menores y al mismo tiempo se sigue moviendo con cada vez más estrechos espacios políticos en la herencia lopezobradorista de no perseguir capos aunque al costo de fortalecerlos.
De acuerdo con percepciones de analistas estadounidenses, México parece decidido a no aprobar operaciones espectaculares para detener capos y destruir fortificaciones del narcotráfico y pagará el costo del 25% de aranceles el 2 de abril con medidas de resistencia que disminuyan un poco los efectos recesivos de las tarifas que encarecerán las exportaciones así Estados Unidos, el 90% del comercio exterior mexicano.
La justificación mexicana desde luego que no convence a los estrategas estadounidenses: argumenta México que cualquier operativo especial y drástico contra cárteles y capos generaría reacciones violentas de respuesta que resumen en aquel incidente de octubre de 2019 que se definió como el culiacanazo, cuando la capacidad de amenaza de violencia total en Culiacán y el uso de camiones bomba en estacionamientos de zonas habitacionales de familias militares llevó a la decisión personal del presidente López Obrador de autorizar la liberación dos Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y jefe del área de fentanilo del cártel, quien había sido arrestado por fuerzas de seguridad para extraditarlo a Estados Unidos.
La decisión personal del presidente López Obrador es una variable que se encuentra en todos los análisis y evaluaciones de la crisis de seguridad en México en los llamados mexican desk u oficinas encargadas de procesar informes sobre México para aprobar planes operativos.
Rodeado por barcos y aviones espías por las cuatro fronteras, Palacio Nacional tendrá que decidir antes del 2 de abril si se lanza con todo contra fortificaciones de cárteles y narcopolíticos o mantienen la misma estrategia y aguanta los castigos arancelarios.
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