Después de tantas promesas gubernamentales incumplidas para atender daños en la sociedad por seguridad pública, seguridad nacional y seguridad política, la verdad histórica de la actual Fiscalía General de la República podría ser cierta en torno al rancho de Teuchitlán, Jalisco, pero el problema de fondo fue la revelación del clamor social nacional en materia de desaparecidos, asesinados y desplazados por la inseguridad creciente.
La explicación oficial de 2006 a 2025 satisface a los funcionarios que heredaron una severa crisis de seguridad, pero que se comprometieron a resolverla en el corto plazo; asimismo, las argumentaciones gubernamentales no logran ocultar la realidad de la inseguridad: las organizaciones delictivas de todo tipo se han consolidado al amparo de decisiones del poder público; y quedan las quejas recurrentes y las imágenes dolorosas de la desatención oficial a las familias que han sido afectadas por cualquier tipo de chicotazos de inseguridad y violencia.
A diferencia del desdén del presidente López Obrador hacia el dolor de las familias de los desaparecidos ya la amarga ironía de Ceci Flores que se puso una gorra y portó un cartel de que era beisbolista para que el titular del Poder Ejecutivo Federal la atendiera o cuando menos la volteara a ver, la parte más significativa de la respuesta del Gobierno de la presidenta Sheinbaum no son las seis medidas que representan la misma gata revolcada de propuestas anteriores sino su afirmación que se asumió como compromiso de Estado: “actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos”.
Estas quince palabras podrían llevarse a la realidad para convertir cualquier declaración gubernamental en torno a los desaparecidos en un compromiso de solución en el espacio que ha estado vacío en todas las estrategias de seguridad: el combate sin piedad contra las bandas delictivas que asesinan, lastiman y/o desaparecen los ciudadanos basados en la impunidad que solo se explica por complicidades con el poder público.
Las seis decisiones anunciadas el martes 18 por la presidenta Sheinbaum cubren o revalidan espacios que ya existían y que fueron incumplidos en la crisis de seguridad desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1983 hasta el presente. Se trata de decisiones que se acomodan cuando menos la identificación de un padrón certero de la sociedad para evitar la paradoja de la desaparición de desaparecidos.
La desaparición no ha sido producto de la falta de reglas o cédulas de identidad, sino la falta de decisión de la autoridad desde hace más de 40 años que han permitido el fortalecimiento de las bandas del crimen organizado y sus prácticas criminales contra la sociedad. El asunto de los desaparecidos estalló en los sexenios de Calderón, Peña y sobre todo López Obrador, pero en el gobierno del tabasqueño hubo compromisos sociales incumplidos, se olvidó de la sociedad y permitió –por omisión o comisión– el fortalecimiento de las bandas delictivas.
Ahí, en las bandas y cárteles del crimen organizado, se localiza el problema central de los desaparecidos. Como nunca, el Estado mexicano cuenta hoy con infraestructura de seguridad muy superior a la de los criminales –Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, procedimientos penales, inteligencia, capacidad y organización–, pero hace falta la decisión política presidencial y de Estado para lanzar todo ese aparato de seguridad contra las posiciones territoriales y organizacionales del crimen organizado.
La insistencia en centralizar el tema de la impunidad criminal, paralización estatal y reclamo social en la figura de López Obrador no tiene que ver con alguna posición opositora, sino con el hecho de que el gobierno de Morena comenzó en el 2018 con el compromiso formal de liquidar a las bandas criminales y de regresarle la tranquilidad a la sociedad. Y, de manera sobresaliente, el reclamo recupera el enojo social por la sordera institucional de funcionarios y el presidente de la República ante el clamor de las madres y padres de los desaparecidos que se encontraron con un Palacio Nacional tapiado por el desdén. Ceci Flores acudió a Palacio entregarle una pala al presidente para que se incorporara a la búsqueda de desaparecidos y la respuesta resumió el desaire en las palabras presidenciales: “que la deje”.
La verdad histórica de la FGR en el caso del rancho de Teuchitlán fue ensuciada por el senador Gerardo Fernández Noroña diciendo que las críticas eran carroña y la explicación oficial fue muy pequeña ante el tamaño del drama humano de los cientos de miles de familiares de desaparecidos, muertos, heridos ya afectados por el crimen organizado y la pasividad gubernamental.
-0-
Política para dummies: la política a veces es aplastada para el sentimiento social.
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@
@carlosramirezh
Después de tantas promesas gubernamentales incumplidas para atender daños en la sociedad por seguridad pública, seguridad nacional y seguridad política, la verdad histórica de la actual Fiscalía General de la República podría ser cierta en torno al rancho de Teuchitlán, Jalisco, pero el problema de fondo fue la revelación del clamor social nacional en materia de desaparecidos, asesinados y desplazados por la inseguridad creciente.
La explicación oficial de 2006 a 2025 satisface a los funcionarios que heredaron una severa crisis de seguridad, pero que se comprometieron a resolverla en el corto plazo; asimismo, las argumentaciones gubernamentales no logran ocultar la realidad de la inseguridad: las organizaciones delictivas de todo tipo se han consolidado al amparo de decisiones del poder público; y quedan las quejas recurrentes y las imágenes dolorosas de la desatención oficial a las familias que han sido afectadas por cualquier tipo de chicotazos de inseguridad y violencia.
A diferencia del desdén del presidente López Obrador hacia el dolor de las familias de los desaparecidos ya la amarga ironía de Ceci Flores que se puso una gorra y portó un cartel de que era beisbolista para que el titular del Poder Ejecutivo Federal la atendiera o cuando menos la volteara a ver, la parte más significativa de la respuesta del Gobierno de la presidenta Sheinbaum no son las seis medidas que representan la misma gata revolcada de propuestas anteriores sino su afirmación que se asumió como compromiso de Estado: “actuamos con sensibilidad y empatía con quienes buscan a sus hijos o sus seres queridos”.
Estas quince palabras podrían llevarse a la realidad para convertir cualquier declaración gubernamental en torno a los desaparecidos en un compromiso de solución en el espacio que ha estado vacío en todas las estrategias de seguridad: el combate sin piedad contra las bandas delictivas que asesinan, lastiman y/o desaparecen los ciudadanos basados en la impunidad que solo se explica por complicidades con el poder público.
Las seis decisiones anunciadas el martes 18 por la presidenta Sheinbaum cubren o revalidan espacios que ya existían y que fueron incumplidos en la crisis de seguridad desde el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1983 hasta el presente. Se trata de decisiones que se acomodan cuando menos la identificación de un padrón certero de la sociedad para evitar la paradoja de la desaparición de desaparecidos.
La desaparición no ha sido producto de la falta de reglas o cédulas de identidad, sino la falta de decisión de la autoridad desde hace más de 40 años que han permitido el fortalecimiento de las bandas del crimen organizado y sus prácticas criminales contra la sociedad. El asunto de los desaparecidos estalló en los sexenios de Calderón, Peña y sobre todo López Obrador, pero en el gobierno del tabasqueño hubo compromisos sociales incumplidos, se olvidó de la sociedad y permitió –por omisión o comisión– el fortalecimiento de las bandas delictivas.
Ahí, en las bandas y cárteles del crimen organizado, se localiza el problema central de los desaparecidos. Como nunca, el Estado mexicano cuenta hoy con infraestructura de seguridad muy superior a la de los criminales –Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, procedimientos penales, inteligencia, capacidad y organización–, pero hace falta la decisión política presidencial y de Estado para lanzar todo ese aparato de seguridad contra las posiciones territoriales y organizacionales del crimen organizado.
La insistencia en centralizar el tema de la impunidad criminal, paralización estatal y reclamo social en la figura de López Obrador no tiene que ver con alguna posición opositora, sino con el hecho de que el gobierno de Morena comenzó en el 2018 con el compromiso formal de liquidar a las bandas criminales y de regresarle la tranquilidad a la sociedad. Y, de manera sobresaliente, el reclamo recupera el enojo social por la sordera institucional de funcionarios y el presidente de la República ante el clamor de las madres y padres de los desaparecidos que se encontraron con un Palacio Nacional tapiado por el desdén. Ceci Flores acudió a Palacio entregarle una pala al presidente para que se incorporara a la búsqueda de desaparecidos y la respuesta resumió el desaire en las palabras presidenciales: “que la deje”.
La verdad histórica de la FGR en el caso del rancho de Teuchitlán fue ensuciada por el senador Gerardo Fernández Noroña diciendo que las críticas eran carroña y la explicación oficial fue muy pequeña ante el tamaño del drama humano de los cientos de miles de familiares de desaparecidos, muertos, heridos ya afectados por el crimen organizado y la pasividad gubernamental.
-0-
Política para dummies: la política a veces es aplastada para el sentimiento social.
Tik Tok y Pregúntale a Carlos Ramírez en http://elindependidente.mx
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@
@carlosramirezh
