De los nueve cárteles del narcotráfico en México que están perfectamente estudiados y analizados por la DEA, solo el Jalisco Nueva Generación (CJNG, cártel de las 4 letras, 4L) es el que tiene ya muy bien definida su estrategia: no solo quiere el tráfico de drogas, sino que está trabajando como formación armada superiores a las policías para apoderarse de espacios territoriales de la soberanía del Estado y subordinar a políticos, funcionarios, empresarios, instituciones y sociedad.
El cártel 4L, de acuerdo con lo que se está conociendo a través de sus acciones operativas, es lo más parecido a una narcoguerrilla territorial beligerante, concepto definido por el derecho internacional público, y habría que acreditarle las sospechas y algunos indicios gubernamentales de que las FARC colombianas que operaron como narcoguerrilla beligerante están asesorando al grupo mexicano.
La información oficial de que el 4L habría operado el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, para castigarlo por acciones en contra del cártel y por estar volteando a la sociedad en contra de esta organización, revela no solo acciones delictivas sino una disputa por el poder político real territorial contra el Estado federal que se agrega a otros datos que refieren los alcances de la organización presuntamente dirigida por el Nemesio Oceguera Cervantes El Mencho: el intento de asesinato en 2020 del secretario capitalino de Seguridad, Omar García Harfuch, y también presuntamente el intento de asesinato o de secuestro del periodista Ciro Gómez Leyva, partiendo del hecho de que la información oficial habría reconocido a ese grupo delictivo.
Las acciones agresivas y violentas contra ciudadanos que no forman parte de otro cartel ni de ningún algún grupo delictivo deben interpretarse como agresiones contra el Estado y su función de autoridad a partir del monopolio de la fuerza que le corresponde a la autoridad. Las tres agresiones violentas del Jalisco habrían formado parte de la consolidación del espacio de dominio territorial del cártel sobre parte de la soberanía e instituciones del Estado.
El funcionamiento del cártel 4L no es un tema de seguridad pública, aunque sus efectos tengan a desestabilizar el control que debieran tener las autoridades para impedir acciones delictivas en espacios sociales, sino que es ya –aunque a veces quisiera negarlo–un asunto de seguridad interior, es decir de un grupo delictivo, armado, con acciones violentas quiere tener el control territorial en zonas de la República no solo para temas del narco sino para gobernarlas.
En consecuencia, los casos más visibles de los atentados contra Harfuch, Gómez Leyva y el asesinato del alcalde de Uruapan constituyen –lo quieran reconocer o no– una guerra del 4L contra la soberanía del Estado y con efectos negativos en la gobernabilidad democrática, la integridad territorial del Estado, el desarrollo social, desde luego la captura de instituciones que operan en áreas que son ya zonas francas de la delincuencia y la compra de apoyo de la sociedad que ha sido olvidada por la política pública en prácticamente todo el interior de la República.
El cártel 4L es, por lo tanto, un asunto de seguridad interior del Estado porque se está disputando la propiedad de zonas territoriales e institucionales del aparato público. Hasta ahora, ningún otro cártel delictivo con capacidad armada está confrontando la estructura del Estado, y en Michoacán están usando material bélico propio de una guerra: coches blindados, armas de alto poder, lanzagranadas, minas y hasta drones como fuerza aérea agresiva contra la autoridad, además de división en batallones.
El segundo cartel más fuerte en México, el de Sinaloa, nunca le disputó espacio territorial al Estado –en sus versiones locales y federal–; al contrario, sobran las evidencias de que los grupos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada formaban parte de la estructura política de Sinaloa, nunca cobraron impuestos, ni tampoco lucharon contra fuerzas públicas de seguridad; el secuestro de El Mayo reveló que el narco sinaloense funcionaba como parte del sistema político local –antes con el PRI y con Morena– en modo de sector invisible-visible para mantener la estabilidad institucional, algo así como gobernanza criminal tolerable y hasta necesaria.
El cártel 4L, en cambio, está funcionando en varios partes de la República como un cuerpo autónomo de control económico, político, social, institucional de partes del Estado federal y ya ha desplazado al aparato institucional del Estado nacional. Los atentados contra Harfuch, Gómez Leyva y Manzo no fueron ajustes de cuentas por razones poco conocidas, sino acciones de un grupo delictivo contra el Estado mexicano para fijar nuevos límites de control territorial.
Por lo tanto, las acciones que llevaron al asesinato de un alcalde de Uruapan deben ser asumidas como declaraciones de guerra de un cartel delictivo contra el Estado y sus instituciones.
Así de simple.
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Política para dummies: la política es el monopolio de las instituciones legales.
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