Algo no cuadra en el escenario de la inestabilidad de seguridad interior de la Ciudad de México como capital de la República: después de los gravísimos incidentes ocurridos en la marcha del 2 de octubre con la agresión contra policías capitalinos y contra negocios legales, el ya posicionado grupo político-radical-violento Bloque Negro volvió a las andadas el martes 7 en la marcha organizada por Morena a favor de Palestina.
El Bloque Negro no representa ninguna posición política radical, ni tiene idea de ser guerrilla, carece de agenda político-ideológica vinculada al espacio político abierto por la 4T. Se trata de un grupo de choque que utiliza la violencia urbana contra todos –y de manera sobresaliente contra las autoridades legítimamente constituidas– y aprovecha el criterio de seguridad de la policía local de eludir respuestas de fuerza y desde luego no portar armas de fuego.
El uso de bombas molotov está penado por la ley porque implica la agresión física contra adversarios al lanzarles botes de gasolina incendiada. Casi 100 personas fueron agredidas durante la marcha de recordatorio nada menos que de la represión del régimen priista contra estudiantes el 2 de octubre del 68, cuando la lógica política hubiera sugerido una alianza pragmática para repudiar el viejo autoritarismo priista.
Más que paradójica, la actuación del Bloque Negro representa una provocación para lograr una respuesta violenta de las autoridades y en ese momento investirse de víctimas de la política del tolete y el escudo. La 4T había logrado una victoria política con la desaparición en la práctica del Cuerpo de Granaderos, pero la violencia urbana de grupos radicales provocadores ha llevado a que dentro de la corporación policíaca existan agrupamientos entrenados en control de violencia de multitudes sociales. Lo paradójico sería que el Bloque Negro se adjudicara la paternidad de la creación de un nuevo cuerpo de granaderos para controlar con la fuerza policíaca la violencia irracional de grupos políticos entrenados justamente para generar violencia social.
Lo que llama la atención es la respuesta de la autoridad. Nadie en su sano juicio está pidiendo el uso de la represión contra estos grupos radicales violentos armados con piedras, palos, tubos y bombas molotov, tampoco se está exigiendo la aplicación radical de la ley para realizar arrestos y procesamientos judiciales que lleven al encarcelamiento de los responsables de la violencia por los daños y heridas provocadas.
En los hechos, lo que se está clamando es que la autoridad capitalina –es decir, el gobierno de Clara Brugada, y no tanto el jefe policiaco Pablo Vázquez Camacho, cuyas funciones son muy estrictas y las cumple con pulcritud– aplique la ley para evitar la violencia, tengo entrenamiento para la desarticulación de provocaciones y pongan en marcha lo que ha tenido éxito en estrategias de contención de provocaciones violentas con el modelo del encapsulamiento de provocadores.
No hay nada extraño en que grupos como el Bloque Negro estén funcionando en la Ciudad de México durante la gestión administrativas sexenal de la jefa de gobierno Clara Brugada, cuya tarea en la delegación y luego alcaldía de Iztapalapa destacó por convivir e intercambiar complicidades con todo tipo de organizaciones creadas para la generación de violencia urbana.
La responsabilidad de los sucesos del 2 de octubre y del martes 7 no es del jefe policiaco Vázquez Camacho, porque sus funciones se reducen a la organización y control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los cuerpos policiacos capitalinos, sino que la estrategia de seguridad le corresponde a la jefa de gobierno que hasta la fecha no ha entendido que la seguridad pública en la Ciudad de México ya no es policíaca sino que se coloca en los espacios muy sensibles de la seguridad interior, es decir, cuando la delincuencia afecta la convivencia social, la estabilidad política, la fuerza del Estado y la gobernabilidad democrática y sus delitos no se circunscriben a robar al ciudadano sino a disputar el control de la gobernación en la capital de la República.
El Bloque Negro ya había tenido antes un par de intervenciones que habrían obligado a las autoridades del Gobierno capitalino y a la jefa Brugada a diseñar un mecanismo de inteligencia y aplicación de la ley para prever conflictos y desarticular con anticipación violencias que se anuncian en medios de comunicación. Ya se esperaba la participación del Bloque Negro el 2 de octubre y el martes 7, pero la jefa de gobierno Brugada no supo diseñar una estrategia de seguridad urbana para impedir lo que ocurrió: el Bloque Negro en modo de fascios violentos como los argentinos en la época de los militares se movían en el modelo de “rompan todo”.
Lo que falta para aclarar es, en este contexto de confusiones, si el Bloque Negro no es una versión actual de los Halcones gubernamentales del Departamento del Distrito Federal en el halconazo del 10 de junio de 1971.
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Política para dummies: la política es lo que parece, y a veces hasta lo que no parece.
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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
carlosramirezh@
@carlosramirezh
Algo no cuadra en el escenario de la inestabilidad de seguridad interior de la Ciudad de México como capital de la República: después de los gravísimos incidentes ocurridos en la marcha del 2 de octubre con la agresión contra policías capitalinos y contra negocios legales, el ya posicionado grupo político-radical-violento Bloque Negro volvió a las andadas el martes 7 en la marcha organizada por Morena a favor de Palestina.
El Bloque Negro no representa ninguna posición política radical, ni tiene idea de ser guerrilla, carece de agenda político-ideológica vinculada al espacio político abierto por la 4T. Se trata de un grupo de choque que utiliza la violencia urbana contra todos –y de manera sobresaliente contra las autoridades legítimamente constituidas– y aprovecha el criterio de seguridad de la policía local de eludir respuestas de fuerza y desde luego no portar armas de fuego.
El uso de bombas molotov está penado por la ley porque implica la agresión física contra adversarios al lanzarles botes de gasolina incendiada. Casi 100 personas fueron agredidas durante la marcha de recordatorio nada menos que de la represión del régimen priista contra estudiantes el 2 de octubre del 68, cuando la lógica política hubiera sugerido una alianza pragmática para repudiar el viejo autoritarismo priista.
Más que paradójica, la actuación del Bloque Negro representa una provocación para lograr una respuesta violenta de las autoridades y en ese momento investirse de víctimas de la política del tolete y el escudo. La 4T había logrado una victoria política con la desaparición en la práctica del Cuerpo de Granaderos, pero la violencia urbana de grupos radicales provocadores ha llevado a que dentro de la corporación policíaca existan agrupamientos entrenados en control de violencia de multitudes sociales. Lo paradójico sería que el Bloque Negro se adjudicara la paternidad de la creación de un nuevo cuerpo de granaderos para controlar con la fuerza policíaca la violencia irracional de grupos políticos entrenados justamente para generar violencia social.
Lo que llama la atención es la respuesta de la autoridad. Nadie en su sano juicio está pidiendo el uso de la represión contra estos grupos radicales violentos armados con piedras, palos, tubos y bombas molotov, tampoco se está exigiendo la aplicación radical de la ley para realizar arrestos y procesamientos judiciales que lleven al encarcelamiento de los responsables de la violencia por los daños y heridas provocadas.
En los hechos, lo que se está clamando es que la autoridad capitalina –es decir, el gobierno de Clara Brugada, y no tanto el jefe policiaco Pablo Vázquez Camacho, cuyas funciones son muy estrictas y las cumple con pulcritud– aplique la ley para evitar la violencia, tengo entrenamiento para la desarticulación de provocaciones y pongan en marcha lo que ha tenido éxito en estrategias de contención de provocaciones violentas con el modelo del encapsulamiento de provocadores.
No hay nada extraño en que grupos como el Bloque Negro estén funcionando en la Ciudad de México durante la gestión administrativas sexenal de la jefa de gobierno Clara Brugada, cuya tarea en la delegación y luego alcaldía de Iztapalapa destacó por convivir e intercambiar complicidades con todo tipo de organizaciones creadas para la generación de violencia urbana.
La responsabilidad de los sucesos del 2 de octubre y del martes 7 no es del jefe policiaco Vázquez Camacho, porque sus funciones se reducen a la organización y control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de los cuerpos policiacos capitalinos, sino que la estrategia de seguridad le corresponde a la jefa de gobierno que hasta la fecha no ha entendido que la seguridad pública en la Ciudad de México ya no es policíaca sino que se coloca en los espacios muy sensibles de la seguridad interior, es decir, cuando la delincuencia afecta la convivencia social, la estabilidad política, la fuerza del Estado y la gobernabilidad democrática y sus delitos no se circunscriben a robar al ciudadano sino a disputar el control de la gobernación en la capital de la República.
El Bloque Negro ya había tenido antes un par de intervenciones que habrían obligado a las autoridades del Gobierno capitalino y a la jefa Brugada a diseñar un mecanismo de inteligencia y aplicación de la ley para prever conflictos y desarticular con anticipación violencias que se anuncian en medios de comunicación. Ya se esperaba la participación del Bloque Negro el 2 de octubre y el martes 7, pero la jefa de gobierno Brugada no supo diseñar una estrategia de seguridad urbana para impedir lo que ocurrió: el Bloque Negro en modo de fascios violentos como los argentinos en la época de los militares se movían en el modelo de “rompan todo”.
Lo que falta para aclarar es, en este contexto de confusiones, si el Bloque Negro no es una versión actual de los Halcones gubernamentales del Departamento del Distrito Federal en el halconazo del 10 de junio de 1971.
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