Ya con el PAN en la presidencia, muchos de los temas políticos candentes del país pudieron posicionarse de manera pública en el debate nacional. En una reunión con periodistas, el embajador estadounidense Jeffrey Davidow (1998-2002) respondió con claridad a una pregunta que señalaba si el político Manuel Bartlett Díaz podría entrar a Estados Unidos por las acusaciones en su contra en el expediente del exagente de la DEA Enrique Camarena Salazar:
–¿Entrar?, claro que puede, salir…, quién sabe.
El diplomático se refería a la capacidad del Gobierno estadounidense para arrestar dentro de su territorio a extranjeros involucrados en casos visibles de alta criminalidad. Bartlett fue secretario de Gobernación en 1985 y responsable directo de las tres policías políticas del Gobierno –la Federal de Seguridad, la Judicial Federal e Investigaciones Políticas y Sociales– y su nombre había salido en versiones estadounidenses de que desde el Palacio de Bucareli –sede de la Segob– se protegían a los cárteles de la marihuana que empezaban a configurarse sobre todo en Guadalajara bajo el liderazgo del Padrino Miguel Ángel Félix Gallardo, expolicía Judicial federal.
El asesinato de Camarena en febrero de 1985 provocó uno de los episodios de mayor tensión en las relaciones políticas de México y Estados Unidos. En el segundo semestre de 1984 ocurrieron dos sucesos de varias maneras articulados: el embajador intervencionista John Gavin –amigo personal y colega actor del presidente Reagan– había logrado en México la construcción de la Santa Alianza: PAN-empresariado radical norteño-obispos ultraderechistas de la Iglesia católica-embajada americana; y el segundo caso fue el descubrimiento en noviembre de un campo de marihuana en el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde los narcos del cártel de Guadalajara Félix y Caro Quintero tenían trabajando a más de diez mil campesinos, y en cuya destrucción estuvo involucrado en la gente Camarena.
En febrero de 1985, nada menos que en la Guadalajara controlada por Félix Gallardo, Camarena fue capturado y llevado a un lugar especial para ser torturado por el rancho El Búfalo y para saber qué más información tenía Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos. Por la intensidad de la tortura, Camarena –y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar– murieron y sus cuerpos los tiraron en territorio michoacano, lo cual provocó un reclamo público muy severo del gobernador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
La reacción estadounidense fue altamente virulenta y la encabezó personalmente el embajador Gavin, aliado a los grupos de la ultraderecha estadounidense, sobre todo el senador Jesse Helms, pero también por la CIA de William Casey y su intento de fabricar un documento de inteligencia que revelará que México estaba en caos y que se pudiera transformar en un colapso como el de Irán religioso. Con el apoyo de estos sectores, el Senado estadounidense abrió audiencias públicas donde una larga fila de funcionarios americanos participó para cuestionar la gobernabilidad en México.
Gavin lanzó una campaña contra las policías mexicanas acusándolas de proteger al narco, pero sobre todo porque la Federal de Seguridad de José Antonio Zorrilla Pérez y la Judicial Federal habían permitido la fuga de los narcos Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don Neto. Pero Gavin había descubierto que la Federal de Seguridad, que funcionaba como oficina delegada en México de la CIA, había congelado sus relaciones con el espionaje estadounidense y había firmado un convenio de capacitación con el STASI de Alemania comunista, uno de los brazos fundamentales del KGB soviético.
El nombre de Bartlett apareció en las investigaciones de la DEA por el caso Camarena, se difundieron versiones de que habría supervisado el secuestro del agente estadounidense antinarcóticos y que la Comunidad de Inteligencia de EU había concluido que en México existía protección política, de gobierno y de Estado que permitía el fortalecimiento de los cárteles. A lo largo de 40 años, la DEA siguió insistiendo en la presunta responsabilidad de Bartlett, y el nombre de este funcionario apareció en una de las listas que envió Estados Unidos al Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador para bloquear cualquier nombramiento público, por lo cual causó molestia el encumbramiento y fuero político de Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos agentes de la DEA han dejado claro que Caro Quintero y Don Neto habían sido los responsables directos del asesinato de Camarena y que no descansarían hasta probar y procesar a Bartlett como responsable político del suceso.
Bartlett, con 89 años, es visto en EU como pieza clave del caso Camarena.
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