El miércoles pasado se dio una de las batallas más intensas y simbólicas en las que la realidad virtual se impuso a la realidad real: “alguien” solicitó el amparo de la justicia para dos hijos del presidente emérito López Obrador por temor a arrestos en el proceso de investigación de casos de huachicol marino. Lo interesante del asunto fue que todo el procedimiento cumplió los requisitos reales, pero sin que existiera ninguna carpeta de investigación ni averiguación previa que pudiera haber colocado a los López Beltrán en el camino de órdenes de aprehensión.
Por la tarde, casi ocho horas después y con las redes hirviendo por un suceso político real –los amparos concedidos por una jueza de Zacatecas–, basado en hechos no jurídicos ni procedimentales –la averiguación previa inexistente– y en un vacío institucional y político de Morena y de la comunicación social presidencial, una solitaria carta firmada por Andrés Manuel López Beltrán desmintió oficialmente que la familia hubiera solicitado el amparo de la justicia.
Pero en lo política, el mundo real quedó subordinado a la dinámica del mundo virtual. Con un procedimiento judicial vacío de información de respuesta de los involucrados, los operadores políticos del incidente sobre los amparos lograron lo que seguramente era el objetivo de sus maniobras: colocar en el mundo de la real politik a los hijos del presidente emérito como involucrados en un procedimiento judicial que en el sospechosismo colectivo de las redes sociales ha pululado en las últimas semanas, pero sin que las autoridades hubieran abierto carpetas de investigación.
La solicitud real de amparo y la negativa tardía de los involucrados metió a los López Beltrán y de paso al presidente emérito en el debate jurídico-policial-político del tráfico de huachicol y del huachicol fiscal. A ello contribuyó que la respuesta de los involucrados haya sido tardía y que las redes políticas de Morena hayan guardado distancia marcada por el desconcierto que generó un procedimiento legal existente.
La negativa del presunto abogado que habría solicitado la protección del amparo judicial para los López Beltrán fue anulada por la dinámica propia de las redes y sin ningún mecanismo de procedimiento político en redes sociales cibernéticas.
Al final del miércoles, del incidente quedaron cuando menos tres hechos incrustados en la realidad, aunque provenientes del mundo ficticio de las redes sociales: sí se concedieron amparos a los López Beltrán, aunque sin valor real porque no fueron solicitados por los involucrados o abogados legalmente acreditados para ese procedimiento; la carta de López Beltrán quedó como un mensaje en una botella echada al mar, sin que se operara con los mecanismos propios de la dinámica de las redes sociales ni se construyera un discurso lo suficientemente sólido para el desmentido; y aunque fue sobre bases falsas, el que quizá pudo haber sido el objetivo político de los diseñadores y operadores de la maniobra sacó una ventaja que quizá esperaba: meter al presidente emérito López Obrador y a sus hijos en los expedientes mediáticos –no legales, hay que subrayarlo– de presunta participación en los fraudes huachicoleros.
La estrategia de comunicación social del Gobierno federal no ha podido cambiar la narrativa sobre el tema del escándalo de huachicol que involucró a familiares políticos del anterior secretario de Marina y las mañaneras tampoco han tenido la habilidad para tomar la iniciativa política en esa temática a pesar de las respuestas legales e institucionales que inclusive debieran ser consideradas como audazmente delicadas, como el discurso contundente del actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, deslindándose de los funcionarios de esa dependencia en la administración anterior que están siendo procesados, pero sin la eficacia buscada de la respuesta institucional.
En materia de redes sociales lo menos que importa ese si los hechos son reales o no o si obedecen a procedimientos legales estrictamente señalados por las leyes, sino significan más las maniobras políticas de grupos o personalidades con enorme audacia y conocimiento de los procedimientos político-judiciales del sistema de gobierno. Por alguna razón, ni el gobierno federal, ni la Fiscalía General, ni Morena, ni los figurones que se mueven con millones de seguidores, nadie, pues, con representatividad política salió de inmediato a responder el mensaje en redes de Claudio Ochoa Huerta informando de los amparos.
La maniobra alrededor de los amparos –y éste es quizá el resultado que la respuesta de los afectados y sus aliados no midieron– ya dejaron en el ambiente que los hijos del presidente emérito López Obrador tienen amparos válidos contra inexistentes expedientes judiciales. Algún procedimiento debe haber para cancelar esos amparos, pero hasta ayer jueves nadie los había invocado.
La comunicación social es política de facto, escribió desde hace más de 40 años el columnista Manuel Buendía.
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Política para dummies: la política se combate con política, no con quejas.
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