WASHINGTON, D.C.- La crisis en las relaciones México-Estados Unidos no se resolverá si no se atiende de manera prioritaria la principal contradicción en la integración de los mercados productivos y de consumo: el T-MEC firmado por el presidente Salinas de Gortari en 1973 y reforzado por López Obrador en 2018 exige la subordinación política y geopolítica de México al régimen americano.
Los gobiernos de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no tuvieron conflictos para articular dependencia económica y subordinación geopolítica, en tanto que los problemas comenzaron a acumularse cuando López Obrador buscó reforzar el funcionamiento del Tratado, pero mantener una autonomía relativa en lo geopolítico hacia regímenes de gobierno de países que están confrontados con Estados Unidos.
Ahí se encuentra el fondo de la crisis en las relaciones y en el Tratado. México ha sido incapaz a lo largo de su historia de construir un sistema económico y productivo propio, aunque incluyendo las posibilidades comerciales de la vecindad territorial; sin embargo, Salinas de Gortari firmó el Tratado en el escenario de que la integración comercial estaba atada de manera subordinada a los intereses geopolíticos de Washington.
Y no hubo ningún secreto: en 1991 el entonces embajador estadounidense en México, John Dimitri Negroponte, envió al Departamento de Estado un memorándum para definir con claridad la trastienda geopolítica y de seguridad nacional del Tratado, dejando al descubierto el hecho de que la integración comercial no era nada más de mercados o de reparto de intermediaciones productivas sino que implicaba el fin del ciclo nacionalista mexicano de resistencia a la integración geopolítica con Estados Unidos. Salinas de Gortari firmó el Tratado a sabiendas de que estaba enajenando la soberanía y se vio muy claro cuando desactivó en su sexenio el tipo de nacionalismo defensivo que le había dado a México un pequeño de autonomía relativa en lo geopolítico.
El párrafo clave del Memorándum Negroponte lo dijo con toda precisión: “desde la perspectiva de política exterior, un TCL institucionalizará la aceptación de una orientación estadounidense en las Relaciones Exteriores de México”. Y la clave estaba en que la reforma económica neoliberal del presidente Salinas de Gortari terminaba con el período histórico del Estado intervencionista o Estado rector de las relaciones productivas para llevar inclusive a la Constitución a la hegemonía del mercado.
En este sentido, el TCL/T-MEC mantuvieron el espíritu de seguridad nacional estadounidense que definió Negroponte; pasar de comportamientos nacionalistas en la geopolítica latinoamericana a una sumisión abierta: “en cierta manera, la adopción de un TCL nos ayudaría a poner en forma abierta y legítima lo que muchos sienten que debería ser la relación entre México y Estados Unidos hace mucho tiempo”: la preeminencia del enfoque estadounidense por encima del nacionalismo mexicano.
En este contexto, Estados Unidos en el ciclo 1994-2025 está operando en sus reglas del juego económico-geopolítico del capitalismo y está exigiendo a sus aliados el reconocimiento al enfoque dominante de la seguridad nacional de Estados Unidos que se deriva del régimen capitalista.
El Gobierno de López Obrador jugó en la cancha de Obama-Trump, aunque mantuvo vigentes algunos criterios –que no principios ni políticas– de corte nacionalista, pero en los hechos López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard Casaubón aceptaron todas las exigencias de Trump y del secretario de Estado Pompeo para convertir a México en el patio trasero de la exclusión migratoria estadounidense.
Lo que está haciendo Trump en su segundo periodo y en la coyuntura del Gobierno mexicano de la presidenta Sheinbaum no es más que la continuación de lo que hizo con López Obrador: priorizar la limpieza étnica racial de los sectores sociales que entronizaron a Trump en el poder sobre la estrategia Biden-Harris, sin tomar en cuenta los criterios humanistas de López Obrador y Sheinbaum. Y como se perfilan las cosas, Trump va a imponer su santa voluntad: deportar migrantes ilegales nuevos y antiguos y enviarlos fuera de Estados Unidos a través de México.
Mientras México no tenga una política de desarrollo nacional que no dependa del mercado norteamericano, las políticas sociales, diplomáticas y de seguridad nacional tendrán que someterse a las reglas del juego del Gobierno de Trump, pero con el mensaje de largo plazo de que difícilmente se podrá regresar a los modelos aperturistas de Obama y Biden.
La relación geopolítica de México con Estados Unidos seguirá estando determinada por la doctrina de seguridad nacional del Tratado en modo del Memorándum Negroponte.
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Política para dummies: la política sirve cuando la economía apuntala.
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