A partir de su origen político e ideológico que proviene del PRI populista y neoliberal, el proyecto de gobierno de la 4T quedó atrapado justamente en las contradicciones de objetivos sociales y productivos a priori con la dinámica del mercado que requiere de decisiones que estimulen primero la actividad económica privada.
La maldición del oxímoron –dos ideas económico-productivas que se contraponen como el agua y el aceite– se encuentra en el fondo de los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cristalizar el proyecto público ambicioso del Plan México para reactivar el modelo de desarrollo de la economía privada, pero con el lastre de programas de dinero regalado que no generan demanda efectiva ni impulsan el PIB.
El viejo PRI encontró la salida en el modelo de economía mixta: un Estado con enorme capacidad presupuestal derivada de la recaudación fiscal, pero con programas de impulso directo a la economía privada y políticas sociales que se convertían en salario no monetario.
La 4T acaba de mostrar los indicios de un priismo mal aprendido: por un lado, ha establecido compromisos de inversión pública y privada para reactivar la economía y sacarla del estancamiento de un promedio anual de 1.7% para los próximos diez años, pero por otro lado ha tomado decisiones que en términos estrictos desestimulan la inversión privada en tanto que la pública se diluye en subsidios que no generan actividad económica.
El modelo de economía mixta del viejo PRI encontró a finales del sexenio del presidente Echeverría la dinámica política para comenzar a discutir desde entonces y en el contexto de ese populismo la semana laboral de 40 horas, pero el realismo productivo desaconsejo una decisión política vertical para las horas de trabajo que requerían ajustarse a mecanismos de productividad.
La 4T revivió el espíritu de echeverrista y a través de su mayoría legislativa dio el primer paso para establecer la semana de 40 horas, pero después de haber tomado también la decisión estratégica de aumentar los salarios como acto de justicia y no como decisión económico-productiva.
El pensamiento económico antineoliberal tiene mucho facilismo argumentativo: beneficiar al sector laboral con salarios y menos horas de trabajo, pero sin entender que esas decisiones afectan uno de los mecanismos reguladores y estabilizadores de capitalismo exitoso: asumir la economía social desde el punto de vista ajeno a la técnica económica de los precios relativos.
El neopopulismo ya cometió un error técnico en economía que se va a pagar en resultados negativos: el control de precios para vender la idea de que se están preocupando por el consumo popular. Pero los precios que determinan la inflación se establecen justamente con el mecanismo de los precios relativos.
El precio del consumidor no puede ser determinado por un burócrata económico, sino que es producto de un conjunto de precios intermedios que establecen el precio final y sobre todo que determinan el atractivo para que la inversión privada fluya, cree productos de consumo y genere utilidades.
Un precio final se forma de los siguientes precios relativos interrelacionados: salarios, horas de trabajo, impuestos, productividad, tipo de cambio, utilidades y regulaciones. Incidir sobre el precio final por razones políticas y de compromisos sociales distorsiona el proceso productivo y desequilibra la determinación de los precios finales al consumidor. El nivel de los salarios mínimos no fue solo una concesión del viejo Estado populista a los empresarios, sino que reflejaba las condiciones del mercado: bajo grado de capacitación productiva laboral y construcción de tasas altas de utilidad para generar reinversión.
Aumentar salarios y bajar horas de trabajo son decisiones que se pueden reconocer desde el punto de vista social y popular, pero su impacto en el proceso productivo reduce la tasa de utilidad para reinversiones y obliga a los empresarios a responder de manera inmediata con alzas de precios para repercutir el aumento en el costo laboral y de paso para captar el circulante salarial adicional.
El Plan México va a fracasar porque su esquema neoliberal-empresarial es menor a los compromisos populares sociales con los subsidios populares. Un empresario no tendrá incentivo en invertir si la aumentan el costo salarial y disminuyen las horas de trabajo y además le controlan los precios finales, sobre todo sin una estrategia previa de reconstrucción de los elementos de la productividad, y el saldo negativo de esta fórmula populista se ve en falta de inversión privada, escasez de inversión pública porque todo se va a programas sociales improductivos y falta de incentivos en precios finales que atiendan inevitable tasa de utilidad como atractivo empresarial.
El populismo Echeverría y López Portillo fracasó por populista y el populismo salinista 1983-2018 careció de un nuevo modelo de desarrollo y solo se concretó abrir las fronteras a la importación.
Los aumentos salariales y la reducción horas de trabajo desincentivan la inversión privada y la pública no alcanza para sostener un PIB mayor a 1%.
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Política para dummies: la política es economía
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