Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente el martes frente a tres cargos federales por posesión ilegal de armas de fuego, después de que fracasara un intento de llegar a un acuerdo de culpabilidad. Este giro legal ha llevado el caso hacia un posible juicio en un momento crítico, justo cuando se avecinan las elecciones presidenciales de 2024.
El abogado de Biden, Abbe Lowell, afirmó ante el tribunal que planea presentar una moción para desestimar el caso, cuestionando su constitucionalidad y defendiendo la inocencia de su cliente.
Los cargos contra Hunter Biden se centran en acusaciones de que mintió sobre su consumo de drogas en octubre de 2018 al llenar un formulario para comprar un arma que retuvo durante aproximadamente 11 días. Aunque Biden ha admitido su lucha contra la adicción al crack en ese período, sus defensores han sostenido que no violó ninguna ley.
Estos cargos por posesión de armas son inusuales y un tribunal de apelaciones ha determinado que prohibir que los consumidores de drogas posean armas viola la Segunda Enmienda, según los nuevos estándares establecidos por la Corte Suprema.
La situación se complica aún más debido a la controversia política que rodea el caso. Los abogados de Hunter Biden han insinuado que los fiscales cedieron a la presión de los republicanos, quienes han insistido en que el hijo del presidente demócrata recibió un trato favorable y que los cargos fueron el resultado de influencias políticas.
Este nuevo desarrollo surgió después de la cancelación del acuerdo de culpabilidad que Biden tenía con los fiscales federales por cargos de impuestos y armas. Dicho acuerdo se desmoronó cuando el juez encargado planteó una serie de preguntas sobre su validez.
Las investigaciones sobre los negocios de Hunter Biden, que se extendieron durante cinco años, se habrían suspendido a través del acuerdo, evitando que su padre se viera afectado mientras estaba activamente involucrado en su campaña presidencial para 2024.
En este punto, un fiscal especial ha sido designado para supervisar el caso y parece no haber un final claro a la vista. Aunque no se han presentado nuevos cargos fiscales, el fiscal especial ha indicado que podrían surgir en Washington o California, donde reside Hunter Biden.
Mientras tanto, en el Congreso, los republicanos de la Cámara de Representantes están investigando los negocios de Hunter Biden y tratando de vincularlos con los de su padre a través de un posible juicio político. Aunque se han planteado dudas sobre la ética de los negocios internacionales de la familia Biden, hasta ahora no ha surgido evidencia que demuestre que Joe Biden, ya sea en su cargo actual o anterior, haya abusado de su posición o haya aceptado sobornos.
La disputa legal se espera que se prolongue hasta 2024, con los republicanos deseosos de desviar la atención de las múltiples acusaciones penales que enfrenta el favorito de las primarias republicanas, Donald Trump, cuyos juicios podrían desarrollarse simultáneamente.
Hunter Biden, que no ha ocupado cargos públicos, enfrenta dos cargos de hacer declaraciones falsas y un cargo de posesión ilegal de armas, delitos que podrían conllevar hasta 25 años de prisión si es declarado culpable. A pesar del acuerdo fallido, que habría implicado una declaración de culpabilidad y libertad condicional en lugar de prisión por delitos fiscales menores, y habría evitado el procesamiento por un cargo de armas, Hunter Biden ahora se encuentra en una posición legal incierta.
En las últimas semanas, Hunter Biden ha adoptado una postura legal más agresiva, presentando varias demandas debido a la difusión de información personal, supuestamente extraída de su computadora portátil y de sus datos fiscales, por parte de agentes denunciantes del IRS que testificaron ante el Congreso como parte de la investigación del Partido Republicano.
