Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta de la Corte Suprema, por «fraude electoral» y por reprimir a la oposición «en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza». El gobierno del presidente Joe Biden interviene en respuesta al «fraude electoral» para que el mandatario Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas «por obstruir» las elecciones presidenciales» y «abusar de los derechos humanos», informó el jefe de la diplomacia Antony Blinken.
«En lugar de respetar la voluntad del pueblo (…) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza», afirma en un comunicado.
Entre los sancionados figuran líderes de la autoridad electoral, la Corte Suprema y «la asamblea nacional afiliada a Maduro», militares y miembros de los servicios de inteligencia. Destacan Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Los 16 funcionarios «impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos», sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas. Las sanciones implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.
Paralelamente el Departamento de Estado «toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa». Washington asegura que «las tácticas de intimidación» del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial «exitoso» Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España. González Urrutia actuó en representación de la líder opositora María Corina Machado, después de que las autoridades la inhabilitaran políticamente, por lo que no pudo participar en los comicios. Ella se ha quedado en Venezuela y asegura que la oposición ha ganado las elecciones por amplio margen.
Venezuela rechaza las sanciones
Venezuela rechazó este jueves «en los términos más enérgicos» las sanciones que Estados Unidos anunció contra los dieciséis funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por el «fraude electoral» del 28 de julio en el que fue proclamada la reelección de Nicolás Maduro.
«Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela (…) en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana», dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años, desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista tilda de «terroristas». Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.
En abril Washington reimpuso algunas sanciones sobre el sector petrolero y del gas, tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones.
No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol. Algunas voces piden sanciones más drásticas contra el sector petrolero. El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a «la fortaleza financiera de Maduro».
«El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial», afirma Durbin.
