“No me pidas que te quiera/ porque te estoy adorando…” Ana María González (Albricias)
¡Chingose! No es descabellado imaginar a Su Alteza Serenísima carcajeándose frente al espejo y compartir la celebración con la doctora presidenta. ¿Lo duda? Pero…
En serio, en serio. ¿usted forma parte del ejército de 36 millones de ciudadanos que votó por la Princesa Caramelo?
¿Y le firmó un cheque en blanco para concretar la perversa venganza del licenciado López Obrador de mandar al diablo a las instituciones y cobrar venganza cebándose con el Poder Judicial de la Federación?
De ser así, antes de pasado mañana le apuesto que hará acto de contrición porque en el pecado lleva la penitencia.
Sí, sí, dirá usted que, en ningún momento, en campaña, la doctora Shein y los aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados le pidieron su voto para desmadrar a la Constitución merced a bárbaras reformas y, finalmente, arrinconar a ministros, magistrados y jueces para que dimitieran.
¡Ay! La reforma al Poder Judicial de la Federación.
¿No le da asquito que usen su voto para asumirlo aval predestinado para entregar el poder total, centralizado en el puño de la Princesa Caramelo y que usted quede en indefensión frente a actos de gobierno, abusos de poder sin mecanismo alguno de defensa porque los legisladores mutilaron al juicio de Amparo?
Mire usted, con mayoría calificada de 343 votos, el oficialismo y sus satélites PT y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma al artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
O sea.
¿Sabe usted que, una vez que tenga el aval de 17 congresos locales y se publique el decreto correspondiente, serán improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución?
Además, abusados que son los diputados oficialistas, se curaron en salud y, con la reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
¡Ah!, por ello “las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”.
Insisto: ¿sabe usted de qué se tratan estas reformas? No mienta. ¿Le pidieron su aval como ciudadano sufragante en la elección federal del 2 de junio?
Blofeó la mayoría oficialista legislativa cuando, en las sesiones, recitaba párrafos de los artículos en picota. Le aseguro que la inmensa mayoría no sabe ni qué diablos votó.
Veamos –me fusilo insertos del noticiario de Carlos Loret– César Alejandro Domínguez diputado del PRI por el estado de Chihuahua, fue puntual en la sesión de ayer. Lea usted:
“Compañeras y compañeros, ¿cuál es la motivación de esta reforma? ¿Cuál es el trasfondo político de esta reforma?
“Esto es muy simple, es la venganza del expresidente (López Obrador) y de sus servidores para perpetuarse en el poder y mandar al diablo a las instituciones”, resolvió el legislador.
Y la ministra en situación de retiro, que cobra puntual sus haberes además de la dieta que le corresponde como diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, se atrevió a decir, sin rubor alguno, lo siguiente:
“Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el Poder Soberano menguado, este Poder Soberano menguado durante las últimas cuatro décadas. Eso, en ningún momento es contrario a la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Bueno, bueno, doña Olga fue ministra de la Corte cuando corrían esas cuatro décadas. Y no se sonrojó. ¡Pos ya qué!
Y la coordinadora de la bancada del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, reclamó al oficialismo:
“Citaron a una sesión de comisiones con carácter de urgente y nunca tuvieron la capacidad de expresar cuál era la urgencia, más allá de ganarle la partida a la Corte. Porque eso es lo que les preocupa: que la Corte se exprese antes de que puedan arrancarle hojas a la Constitución”.
¡Ajajá!, pero el demócrata morenista Leonel Godoy siguió la línea del libreto y acusó:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede modificar el texto constitucional. El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá es contrario totalmente a lo dispuesto en la Constitución; es una invasión de Poderes. Y si ustedes ven su proyecto se arroga facultades legislativas, ahora quiere decir él que sí se puede elegir y qué no se puede elegir”.
En serio, no se ría, porfis. Porque, ¿entonces sólo el legislativo oficialista puede hacer lo que le venga en gana debido a su sobrerrepresentación? ¡Sopas!
Irais Reyes, diputada federal de Movimiento Ciudadano, bordó en ese tenor y puntualizó: “(entonces) los diputados y senadores gozarán del poder de cambiar nuestra Constitución sin frenos, sin contrapesos y sin ninguna restricción. Están usando su poder para volverse más poderosos, para que nada ni nadie los detenga”.
Luego, el petista Ricardo Mejía Berdeja despeñó bilis: “Un minúsculo grupo de togados pretenden echar abajo todo un movimiento social. Por eso vamos a blindar una vez más la Constitución; por eso vamos a subrayar en el 105 que no proceden las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución.
En su turno, Blanca Gutiérrez, diputada federal del PAN advirtió: “La división de poderes está en peligro, al eliminar los controles constitucionales se da el Poder Legislativo la facultad de actuar sin ser cuestionado, sin ser controlado, sin ser revisado. Eso no es un avance hacia la justicia, eso es un retroceso hacia el totalitarismo”.
¿Qué le parece? ¿Usted les dio su voto para que legislaran esta barbaridad que rompe la división de Poderes y los somete bajo el mando de la señora presidenta? Y no le salgan con que la ley es la ley.
¡Ah!, pero en el caso de las renuncias y haberes de los ministros y las ministras, la Princesa Caramelo tuvo que aceptar: “Digamos que, por norma, por ley, las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos —además, quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian— tienen derecho a lo que se llama “el haber de retiro”. ¿No que no?
Y HE AQUÍ EL ESPERADO CASO DEL BIENAMADO GOBER DE NUEVO LEÓN. Usted seguramente se ha enterado de que al doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda se le han sumado denuncias bien documentadas de transas con recursos públicos que han ido a parar a sus cuentas bancarias y las de su padre que lo castigaba llevándolo al golf cuando andaba crudo.
Impune, porque se supo arropado y bien amado por el licenciado López Obrador, quien lo utilizó para generar una mascarada en la que lo hizo creerse presidenciable, pero se le cayó el teatro, mas no el manto protector.
En otros tiempos, el joven Samy estaría en chirona. Pero…
No hay mal que dure cien años y, ayer, en conferencia de prensa, el senador Waldo Fernández González habló de una reforma que impulsa para que ningún gobierno estatal pueda negar el acceso a apoyos sociales.
Acusó de discriminación al gobernador de Nuevo León, por la falta de pago de pensiones a personas con discapacidad
La reforma propuesta en el Senado por el regiomontano Fernández González se encamina a que ningún gobierno pueda negar o limitar el acceso a los derechos, apoyos sociales o servicios esenciales para la población, sobre todo para grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
Nuevo León es uno de los pocos estados del país donde el gobernador se negó a firmar un convenio con la Federación para el pago de pensiones a las personas con discapacidad; desde hace tres meses quienes recibían 800 pesos mensuales no pueden acceder a este apoyo. Es el valemadrismo de, diría la Princesa Caramelo, un “junior tóxico”. ¡Recontra, Drakko!
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