- El titular de la SRE señaló que debe activarse la Carta Democrática en el tema de Venezuela
En su primera comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, el titular de la SRE Luis Videgaray Caso afirmó que nuestro país no tiene la capacidad jurídica para combatir la construcción de un muro en territorio estadunidense y sólo podría emprender acciones legales cuando la barrera ya esté construida.
Durante su comparecencia, el canciller Videgaray Caso dijo que está preparando una estrategia jurídica ante instancias internacionales, pero esta batalla legal deberá emprenderse cuando ya esté construido el muro fronterizo, antes no se puede.
Refirió que la construcción del muro podría violar obligaciones contenidas en distintos tratados, por ejemplo, la distribución equitativa de aguas del Río Bravo y del Río Colorado, las aguas para su uso en los dos países, la protección contra inundaciones de las tierras binacionales, la solución al saneamiento ambiental fronterizo y problemas de calidad del agua.
“En virtud de que la construcción no ha ocurrido y de que no tenemos todavía ni siquiera los planes, el trazo, las características materiales, cualquier intento de acción jurídica carecería de elementos probatorios en este momento, esto no quiere decir que no estemos preparando la defensa jurídica”, precisó.
Respecto al tema de la crisis política que vive Venezuela, Videgaray Caso, afirmó que México no opina sobre las políticas públicas del régimen de ese país y sólo se limita a la defensa de la democracia representativa como forma de gobierno.
“Tenemos una obligación adquirida, no solamente una convicción política, sino una obligación de defender de manera colectiva, con los pueblos de América Latina, a la democracia representativa”, indicó.
El funcionario federal abordó el tema a pregunta expresa de diputados, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores.
El canciller explicó que, en 2001, Venezuela y México, junto con el resto de los 33 integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmaron la Carta Democrática del organismo, en la que se comprometieron a implementar la democracia representativa y la división de poderes como forma de gobierno, así como a defenderla en la región.
Recordó la evidente ruptura del principio de división de poderes en ese país por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no respetar la independencia de la Asamblea Nacional; de la inexplicable postergación de elecciones y de la evidencia de que existen presos políticos en esa nación.
Por esa razón, México considera que debe activarse la Carta Democrática conforme al artículo 20, agregó Videgaray Caso.
“Conforme a la propia Carta Democrática, se deben agotar los esfuerzos diplomáticos, para llegar a una solución política que permita el restablecimiento de la normalidad democrática, con absoluto respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano, apostando siempre por el diálogo y en la forma que decidan los venezolanos”, comentó.
Venezuela vive una nueva ola de protestas que ha derivado en enfrentamientos entre opositores, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, luego de que en marzo pasado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió ejercer las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras ese órgano se mantuviera “en desacato”.
Sin embargo, pocos días después se dio a conocer que el TSJ suprimió dicha sentencia, que generó, incluso, condenas internacionales.
La oposición también demanda que se adelanten las elecciones presidenciales, originalmente previstas para octubre de 2018, la liberación de los políticos presos y la apertura de un canal humanitario para que al país ingresen medicinas y alimentos, tras una prolongada crisis económica que ha agudizado cada vez más su escasez.
Videgaray Caso señaló que ante la ruptura del diálogo por la falta de confianza entre las partes, “los esfuerzos del Consejo Permanente de la OEA y una eventual reunión extraordinaria de cancilleres del organismo, apuntarán a generar nuevos instrumentos de mediación diplomática, para encontrar una solución pacífica y conforme a la Constitución de Venezuela”.
“Los principios de actuación de México siempre serán los establecidos en el artículo 89 de la Carta Magna, que incluye el respecto a la autodeterminación de los pueblos, pero también la promoción de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias”, insistió.
