Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGBT al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades de género. Los colectivos de diversidad sexual realizaron a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
Bajo el lema «No somos enfermos mentales», la manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas corearon al pedir la derogatoria del controvertido decreto.
«El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia» indicó Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
Los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.
«Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (…) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos», señaló Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un «trastorno mental», un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año.
«El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar», señaló Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la «diversidad de género y sexual».
«Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual», señaló el organismo.
Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que «se inicie la implementación progresiva» del nuevo manual de enfermedades, «tal como ocurre en otros países». Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.
«El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención», dijo Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.
«La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible», sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma.
«Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú», dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+. «No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental», replicó la dirigente.
«Es una normativa que nos violenta (…) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario» sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.
«Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante», dijo Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.
En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de «este decreto sesgado y poco científico».
«Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (…) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género», advierte la organización.
Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género. En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación.
«Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión», señala el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto «podría dar legitimidad» a las mal llamadas terapias de conversión y «agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país».
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género «no deben ser sometidas a tratamiento o atención medica ni a las llamadas terapias de reconversión». Sin embargo, para los grupos LGBT solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
