Por Miguel Ángel Rivera
La aprehensión del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa puso en evidencia un faltante: el nombramiento del fiscal anticorrupción.
Aunque figuras destacadas del Senado de la República – al cual corresponde la designación del titular del Sistema Nacional Anticorrupción – han dado la seguridad de que se esforzarán por llegar a un acuerdo para cubrir ese vacío, los expertos en la materia sostienen que dada la brevedad del plazo para trabajar, se puede dar por un hecho que el nombramiento no se materializará antes de concluir el actual periodo de sesiones, el venidero día 30.
Ese no será el único faltante, los enterados dicen que los senadores tampoco tienen tiempo para reformar al artículo 102 constitucional que incluye el nombramiento del Fiscal General de República y la consecuente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. A esta relación se deberá sumar la Ley de Seguridad Interior, pues los legisladores no hay logrado acordar si habrá o no mando único para las policías.
En contra de esos vaticinios negativos, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Emilio Gamboa Patrón, sostuvo que, en lo que resta del actual periodo, redoblarán el esfuerzo para que, junto con las otras fuerzas políticas, salgan adelante leyes de interés para la gente en materia de combate a la corrupción, cultura, desaparición de personas y nombramientos diplomáticos, así como ratificaciones de integrantes de organismos autónomos.
En particular, Gamboa aseguró que la bancada tricolor se mantiene firme en su decisión de elegir al fiscal anticorrupción y añadió que la expedición de la Ley General de Cultura será uno de los temas fundamentales en el trabajo que resta al actual periodo, ya que México necesita un marco jurídico para fomentar su riqueza cultural.
La Cosecha
Por su parte, la Cámara de Diputados tiene en su agenda un pendiente de gran trascendencia, pues involucra un derecho fundamental: la libertad de expresión, amenazada por los Lineamientos Generales Sobre Derechos de las Audiencias, supuestamente respaldados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, elaborados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con la “buena intención” de velar por los televidentes y radioescuchas.
Pero ya se sabe que el camino del infierno está empedrado de buenos propósitos y esto se confirmó cuando la referida normatividad fue objeto del rechazo por parte de comunicadores, organizaciones de la sociedad civil y actores políticos de diversos partidos.
Ante esa situación, los diputados decidieron tomar el asuntos en sus manos y están por resolver – posiblemente esta misma semana – una serie de reformas que coadyuvarán a los medios al preservar la libertad de expresión y el derecho a la información, con respeto, en todo momento, a los derechos de sus audiencias.
De hecho el enfoque de la iniciativa que ya se discute se basa en principios que promueven la CIDH y la UNESCO, de práctica internacional probada, con la cual se trata de evitar en todo momento el establecimiento de controles gubernamentales que pudieran llevar a escenarios de censura en contra de los medios de comunicación.
Por cierto, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se destacó que el nuevo subsecretario de Comunicaciones, Edgar Olvera Jiménez, abogado de profesión, tiene una larga trayectoria en el servicio público, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones y que ha recorrido el escalafón desde direcciones de área hasta direcciones generales.
