En respuesta a diversas denuncias sobre minas clandestinas en diferentes lugares de la República Mexicana, las senadoras Cora Pinedo, Geovanna Bañuelos y el senador Joel Padilla llamaron a la Secretaría de Economía para que en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, el Servicio Geológico Mexicano y los Gobiernos de los 32 estados del país, implementen medidas para la localización y clausura de predios dedicados a la extracción ilegal de minerales propiedad de la Nación, y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Senado de la Republica las senadoras y el senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) pidieron además a la Secretaría de Economía diseñar e implementar mecanismos que permitan la certificación de la procedencia legal de los recursos minerales y derivados metalúrgicos que pretendan ser exportados.
Al fundamentar la propuesta, la coordinadora del GPPT y presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, denunció que en los últimos años la minería ilegal ha ido en aumento en México y América Latina.
“Más allá del aspecto económico, esta práctica conlleva un impacto en el medio ambiente y el bienestar social, ya que ignora las restricciones y requisitos legales mínimos necesarios para la operación de un proyecto minero”, señaló.
La senadora Geovanna Bañuelos destacó que la minería ilegal ha generado gran interés en el crimen organizado que realizan actividades de explotación de minerales propiedad de la Nación sin ningún tipo de regulación, además de operar en zonas remotas de la geografía regional, incluyendo áreas naturales protegidas y zonas agrícolas y turísticas, generando grandes ingresos para grupos criminales, así como violencia, desplazamiento forzado, trabajo infantil y destrucción del medio ambiente”, denunció la legisladora.
Detalló que las formas de operar por parte de los cárteles que se dedican a la minería son variadas: en algunos casos cobran a las empresas una cuota por cada tonelada de minerales que extraen; en otros les obligan a utilizar sus camiones para transportarlos y en algunos más obligan a los propietarios de yacimientos a prestar sus permisos de explotación para exportar de forma legal el producto.
En el caso específico de México, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le negara a la empresa Angeles Mine Corp los permisos ambientales para operar la mina, debido a que no se había consultado a las comunidades aledañas, desde 2022 el Cartel de Sinaloa se apoderó del predio extrayendo oro sin ninguna regulación ambiental.
Otro caso es el de la mina El Pilón, ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco, cerca de la frontera con Zacatecas, la cual produce oro y plata. En febrero de 2017, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron por la fuerza a la mina y robaron oro y otros minerales. En los años subsecuentes la empresa minera operó de manera intermitente hasta 2021, cuando el cártel se apodero de las instalaciones, intentando hacerla producir.
“Son varios los casos donde la delincuencia organizada se ha apoderado ilegalmente de minas en todo el país. El robo de cargamentos de oro y plata a compañías mineras es utilizado como una forma de transacción entre cárteles mexicanos, con otras organizaciones transnacionales y como un método para lavar dinero que obtienen del trasiego de enervantes” explicó Geovanna Bañuelos.
De acuerdo con información de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), se estima que al menos 10 millones de mineros ilegales (4,5 millones de mujeres y 600 mil niños) de más de 70 países usan mercurio, una neurotoxina muy peligrosa, para extraer pepitas muy pequeñas de oro de sedimentos aluviales o del suelo.
La líder Parlamentaria enfatizó que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo están convencidos de que es necesario eliminar las prácticas de minería ilegal y delitos como la extorción y el tráfico de minerales y derivados metalúrgicos, con el objetivo de combatir la delincuencia organizada y el desplazamiento forzado, así como preservar los recursos naturales propiedad de la Nación.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y posterior dictamen.
