Recordemos Los Congresos del 57 y del 17
El Futuro de México lo Definirá Un Voto Senatorial
El Ejecutivo Intervendría en todo el Poder Judicial
La Incertidumbre para el Futuro Generacional
Este lunes estaremos a 22 días del final de un sexenio desequilibrante que dividió a los mexicanos, hizo obras faraónicas gastando miles de millones de pesos, acabó con las instituciones y liquidó el Sistema Democrático al borrar a los Constituyentes de 1857 y del 1917. El País queda auténticamente en llamas.
JORGE HERRERA VALENZUELA
A doscientos catorce años del inicio del Movimiento de Independencia y en pleno Bicentenario de la República, en el noveno mes de este 2024, los festejos patrios están envueltos en un radical cambio político al igual que la transición del mando presidencial, con la Primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Claudia Sheinbaum Pardo asumirá el cargo, el martes 1 de octubre. En sesión solemne en el recinto de la Cámara de Diputados, sede del Congreso de la Unión.
Ese mismo día, de acuerdo con la legislación militar, será la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.
En junio pasado el titular de Marina, almirante Rafael Ojeda, la llamó por ese rango de mando. Igual hizo el próximo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, entonces director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La doctora Sheinbaum agradeció a ambos el detalle. El suceso ocurrió en la gira presidencial por Oaxaca.
El cambio de fecha para la transmisión de Poderes fue aprobado por los legisladores el 10 de febrero de 2014 y se aplicará por primera vez.
El ritual tradicional se mantiene. El presidente saliente entregará la Banda Presidencial a la presidenta del Congreso de la Unión, doctora Ifigenia Marta Martínez y Hernández. Ella a su vez la pondrá en manos de la Presidenta Constitucional, quien se la colocará sobre su pecho y enseguida rendirá para protesta y dirigirá su primer mensaje.
UN POCO DE HISTORIA
La reforma constitucional aprobada, esta semana en la Cámara de Diputados, termina con la División de Poderes que data del Congreso Constituyente de 1857 y ratificada 50 años después en Querétaro, a instancia del presidente Venustiano Carranza, considerada en ese momento, 1917, como la Carta Magna más avanzada en derechos sociales.
Los legisladores recién instalados en sus curules y escaños, marginaron a los Constituyentes del 57 y del 17. No leyeron el Diario de los Debates. Ignoraron el México de la República Restaurada y el de la caída del gobierno porfirista junto con el Movimiento Armado que duró diez años, a partir de 1913.
En esos sucesos las ideologías, estaban definidas, destacando mayoritariamente los revolucionarios. Los Científicos y los Católicos, eran minorías y servían de contrapeso político.
Lejos estamos de los tiempos de Ponciano Arriaga (presidente del Congreso), Guillermo Prieto, Francisco Zarco, José María Mata y Santos Degollado, que fueron parte de los diputados del 57 y sesionaron en el recinto del cuarto piso, ala Oriente de Palacio Nacional.
Los 200 diputados reunidos en el Gran Teatro Iturbide, de Querétaro, en 1916/17, utilizaron la tribuna parlamentaria para fundamentar sus posiciones de liberales radicales y sus rivales, de ideas contrarias, no quedaron atrás en los debates. como Francisco J. Múgica, Alberto Terrones Benítez, Esteban Baca Calderón, Hilario Medina, Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Félix F. Palavicini. Los presidió el jalisciense Luis Manuel Rojas.
En ninguno de los dos Congresos Constituyentes hubo consigna presidencial. Ignacio Comonfort convocó al primero y juró la Constitución Política que sustituía a la de 1824. Después la desconoció, abandonó la presidencia. Lo sustituyó Benito Juárez.
Quienes desde 1916 empezaron a revisar la Carta Magna del 57, no recibieron órdenes de Venustiano Carranza.
Pudieron actuar libre y autónomamente, sin presiones, quitando puntos y comas. Sabían la trascendencia del articulado, 136 y transitorios, para la vida de los mexicanos. No eran intereses partidistas ni personales. Influyeron las ideas planteadas en el Plan de Guadalupe y el Plan de Ayala ambos con sus reformas y adiciones. Carrancistas y Zapatistas.
¿QUIÉN DARÁ EL VOTO DEFINITORIO?
Está anunciado que el miércoles próximo, 11 de septiembre, habrá de decidirse si la iniciativa presidencial de Reforma Judicial, aprobada en la Cámara de Diputados, es ratificada por “mayoría calificada”, que requiere 86 votos y hasta el viernes faltaba una senadora o un senador que dijera “yo”.
A los 85 votos a favor podría sumarse alguno de los 22 PANistas, de los 15 PRIistas o alguno de los 5 de Movimiento Ciudadano. El 43 de la oposición es el sonorense Manlio Fabio Altamirano Rivera, ahora Independiente, que ha manifestado seguir como militante del tricolor a pesar de estar expulsado por criticar a la dirigencia nacional.
De los senadores del antiguo invencible, Miguel Riquelme, exgobernador coahuilense, hospitalizado, dijo: “estoy haciendo todo lo posible por asistir, me practicaron un cateterismo”. Dijo que votará en contra.
En el diario Reforma se publicó que Daniel Barreto, del MC, no se define y declaró que “es importante garantizar el equilibrio de poderes”. ¿Será el voto que ansiosamente espera la mayoría?
En la misma edición periodística aparece como pie de foto, informando que el presidente del Senado aseguró: “Estamos sobrados, por encima de los dos tercios” y el coordinador de la bancada morenista Adán Augusto López “anticipó que hay una interpretación de que con 85 votos podrían avalar la minuta”. Refiere que pueden tener 85.35% para vencer.
De mantenerse la situación, es decir sin que haya “mayoría calificada”, la reforma constitucional no se consumaría. Los senadores Alejandro Moreno y Marko Cortés aseguraron que sus bancadas, PRI y PAN, van por la no aprobación.
Por ese motivo, de una sola persona, senadora o senador, depende la histórica decisión.
Obvio se conocerá nombre y apellidos del votante, porque no es a mano alzada, sino por aparecer en el tablero electrónico.
PUNTOS PRINCIPALES DE LA REFORMA
Los principales puntos que abarca la iniciativa presidencial, debatida en la Cámara de Diputados y enviada a la colegisladora para el mismo fin, proponen las elecciones, por voto popular, de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De Magistrados y Magistradas de Circuito y de los Jueces de Distrito, en todo el País.
Aprobada la multicitada reforma, el Pleno de la Suprema Corte se reduciría de 11 a 9 titulares. El que obtenga la mayor votación ocuparía la presidencia. Durarían en el cargo 12 años en lugar de 15 como ahora. Se elimina la pensión vitalicia a los que terminen su período o renuncien.
Los titulares no podrán ganar mensualmente más que el Presidente de la República. Las sesiones del Pleno serán públicas.
“Se transformará” el Instituto Nacional Electoral, INE, en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC. Se creará el Tribunal de Disciplina Judicial y desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal.
Los aspirantes a Ministros, Magistrados y Jueces serán propuestos por el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Judicial. Los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán nombrados en Palacio Nacional. Cuando haya ausencias temporales o definitivas, el Senado nombrará los respectivos interinos.
El INEC organizará, realizará y calificará las elecciones. No se permitirán los financiamientos oficiales ni privados. Los dirigentes de los partidos políticos no tendrán intervención en el proceso.
En pocas palabras, la autonomía del Poder Judicial Federal como la denominación de Estados Libres y Soberanos, pasan a la historia.
OIDOS SORDOS Y LAS CONSECUENCIAS
Las consecuencias derivadas de la Reforma Judicial también tendrán repercusión en lo político, en los compromisos de Tratados Internacionales, en los planes de inversionistas nacionales y extranjeros, así como en todo el sistema democrático.
El Presidente de México aplaude a los diputados federales y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo secunda.
El saliente asegura que en nada se perjudicará a los trabajadores, a los empleados, a los mandos medios; que no perderán derechos y prerrogativas. A las Ministras y a los Ministros les afectarán sus salarios y beneficios, porque no deben de ganar más que el titular del Ejecutivo Federal.
Desde el principio de este parteaguas democrático, dadas a conocer las acciones presidenciales en un programa difundido el 5 de febrero de este año, las inconformidades, las protestas, las manifestaciones callejeras, los paros de actividades, todos en contra de la Reforma Judicial, recibieron el silencio en las mañaneras, en las oficinas temporales de la Presidenta Electa, en el Congreso de la Unión.
Oídos sordos, como en los días del salinismo, que tanto atacó el tabasqueño cuando se decía opositor a los gobiernos sexenales. En su programa de televisión descalificó las protestas, amañado como siempre lanzó acusaciones, sin pruebas, las que sí fueron presentadas inclusive por el embajador norteamericano Ken Salazar al hablar sobre las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos de América.
Inversiones texanas se irían de nuestro Pais, creándose incertidumbre ahora y para el futuro de las Nuevas Generaciones Mexicanas.
Acabar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dominar los órganos de administración, procuración e impartición de justicia, “elegir” a los responsables de esas tareas, aquí y en cualquier parte del mundo, es llevar a un País a la dictadura. Así empezó en Venezuela, Hugo Chávez y en el siglo pasado Fidel Castro Ruz.
Deja el tabasqueño el fuego encendido para que la Primera Presidenta de la República apague las grandes llamaradas que se producirán económica, social y políticamente.
