Las autoridades italianas han desarticulado en la isla de Sicilia (sur) una red delictiva dedicada al sacrificio clandestino de caballos y a la posterior comercialización de su carne, no apta para el consumo humano, en carnicerías y puestos ambulantes.
La operación, coordinada por la Fiscalía de Siracusa, se ha saldado con siete personas investigadas, un veterinario bajo arresto domiciliario y la incautación de bienes valorados en unos dos millones de euros, según informaron este miércoles los Carabineros (policía militarizada italiana).
Según la reconstrucción policial, la organización adquiría a bajo coste caballos registrados oficialmente como no aptos para la producción alimentaria y los introducía en un circuito clandestino de comercialización.
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Los primeros sacrificios se llevaban a cabo en un cobertizo en estado ruinoso anexo a una explotación ganadera local, sin licencias sanitarias ni condiciones básicas de higiene.
Posteriormente, la carne, que la policía considera «potencialmente peligrosa para la salud pública», se distribuía a precios reducidos a través de una carnicería y varios puestos ambulantes de bocadillos que operaban en distintos municipios de la provincia de Siracusa.
Para reducir costes de gestión, los sospechosos arrojaban sistemáticamente los despojos y restos biológicos en parcelas colindantes con una autovía provincial, donde generaron «vertederos ilegales de residuos especiales con grave perjuicio para el ecosistema».
La investigación, sustentada en escuchas telefónicas y grabaciones de cámaras de vigilancia, destapó además que la trama operaba también en el interior de un matadero de la zona.
En estas instalaciones se falsificaban las guías y documentos de traslado de los caballos con la presunta complicidad de los administradores de la planta y de un veterinario del servicio público de salud (ASP) de Siracusa.
Por orden judicial, el veterinario permanece en arresto domiciliario y se ha decretado el embargo cautelar de un matadero, un establo, una carnicería y la parcela utilizada como vertedero clandestino, con un valor total estimado en torno a los dos millones de euro.
A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, matanza abusiva, falsedad documental, comercio de alimentos nocivos y gestión ilícita de residuos.
