La crisis del INE amenaza con trasladarse de las oficinas de sus consejeros a los mostradores donde se construye todos los días el padrón electoral. Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana convocaron a un posible paro nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, en protesta por los bajos salarios con un sueldo que ronda los 10 mil pesos ¡al mes!, las jornadas laborales de hasta 12 y 15 horas en época preelectoral, y las condiciones en que realizan su trabajo de clima e inmuebles en pésimas condiciones.
Cerca de cinco mil empleados denuncian que perciben alrededor de nueve mil 500 pesos mensuales y que sus demandas de nivelación salarial fueron rechazadas por falta de presupuesto, mismo para el que en la cámara de los diputados plantean un recorte de cinco mil millones de pesos para 2027, año en el que se llevará a cabo la elección más grande organizada por el INE.
La inconformidad adquiere otra dimensión después de las acusaciones de presuntas irregularidades en contratos durante la gestión de Guadalupe Taddei: mientras se investigan los millones destinados a proveedores, quienes atienden directamente a los ciudadanos aseguran que no hay dinero para mejorar sus condiciones laborales.
El conflicto no es menor. El INE cuenta con 842 módulos fijos y móviles que realizan trámites indispensables para millones de mexicanos: inscripción al padrón, renovación, reposición y actualización de la credencial para votar. Un paro generalizado podría interrumpir estos servicios y afectar a ciudadanos que necesitan su identificación para realizar trámites cotidianos.
La dirección del Registro Federal de Electores ya analiza alternativas para reducir las afectaciones, como reprogramar citas y canalizar usuarios a otros módulos. La presidenta provisional, Blanca Cruz, también reconoció que existen necesidades de mantenimiento, insumos y atención laboral. Sin embargo, el problema no se resolverá con operativos de emergencia ni con promesas de revisar las instalaciones; los trabajadores llevan meses reclamando respuestas y condiciones dignas.
Así, el INE enfrenta una crisis que no puede atender únicamente con cambios de funcionarios y auditorías a los contratos. La renovación de su estructura directiva tendrá poco significado si se mantiene el deterioro de las condiciones de quienes sostienen la operación electoral en todo el país. La democracia también se construye detrás de una ventanilla, con personal que atiende a los ciudadanos y garantiza el funcionamiento del padrón.
Si el organismo no logra resolver este conflicto, el costo no será solamente laboral: lo pagarán millones de usuarios que podrían encontrar cerradas las puertas de los módulos. La nueva conducción del Instituto tiene ante sí una primera prueba de gobernabilidad: demostrar que la limpieza administrativa también significa respeto a los derechos de sus trabajadores.
El INE, entre despidos y sospechas
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE no cerró la crisis que dejó su gestión; por el contrario, abrió la puerta a una revisión que ya alcanza a buena parte de la estructura directiva del organismo. Al 3 de noviembre, el Instituto reportó 30 bajas de funcionarios, 17 de ellas pertenecientes a la oficina de la expresidenta.
Entre los que dejaron sus cargos están responsables de Informática, Comunicación Social, Igualdad de Género y Recursos Materiales. Lo que comenzó como una controversia por presuntos vínculos con proveedores y contrataciones irregulares se convirtió en un reacomodo interno que obliga a revisar quiénes tomaron decisiones, bajo qué criterios y con qué respaldo administrativo.
Pero el problema va más allá de las renuncias. El Órgano Interno de Control abrió investigaciones que involucran a 15 funcionarios y exfuncionarios, además de empresas relacionadas con procedimientos de contratación bajo sospecha. Se han señalado posibles conflictos de interés, documentación irregular y deficiencias en la comprobación de servicios.
A ello se suman denuncias de presiones laborales, cambios de adscripción y presuntos actos de hostigamiento durante la administración anterior.
La nueva conducción, encabezada provisionalmente por Blanca Cruz, enfrenta así una doble responsabilidad: deslindar responsabilidades sin convertir la revisión en una purga política y evitar que la salida de funcionarios se utilice como sustituto de investigaciones y sanciones. Irse del cargo no significa quedar exonerado, pero tampoco constituye una prueba de culpabilidad.
El INE no puede darse el lujo de que esta crisis termine en una simple renovación de nombres y oficinas. Lo que está en juego es la credibilidad de una institución responsable de organizar las elecciones y garantizar la confianza ciudadana en sus resultados. Si hubo irregularidades, deben documentarse, investigarse y llevarse hasta sus últimas consecuencias, sin excepciones ni protección para antiguos colaboradores de la presidencia. Y si las salidas alcanzan a personal técnico y de carrera, también debe garantizarse que no se desmantele la experiencia que sostiene la operación electoral. La factura de la gestión de Taddei no puede pagarla la institución ni, mucho menos, la certeza de las próximas elecciones. El INE necesita explicaciones, auditorías y responsabilidades, no solamente una desbandada de funcionarios.
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