Susana Sánchez Segura
El crecimiento del arrendamiento vehicular y la evolución de los modelos de movilidad llevaron al Congreso de Nuevo León a plantear una actualización del marco penal para proteger a las empresas y usuarios que participan en este mercado.
El diputado José Luis Garza Garza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León que propone considerar como robo equiparado la no devolución dolosa de vehículos obtenidos mediante un contrato de arrendamiento, así como otras conductas que afecten ilegalmente la propiedad o identidad de las unidades.
La propuesta fue elaborada con el acompañamiento técnico de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), que aportó la experiencia del sector para identificar vacíos legales y conductas que actualmente pueden dificultar la recuperación de vehículos.
Una reforma ante nuevos retos de movilidad
La iniciativa contempla sancionar conductas como la venta o transferencia ilegal de vehículos arrendados, la alteración de documentos o de la identidad de las unidades, su traslado sin autorización o su utilización para cometer delitos dolosos.
«La propuesta busca actualizar el marco jurídico frente a los nuevos modelos de movilidad y brindar herramientas legales para proteger tanto a las empresas de arrendamiento como a los usuarios que hacen un uso responsable de estos servicios», señaló el diputado José Luis Garza Garza.
Nuevo León tiene además un peso estratégico para la industria automotriz y de movilidad. De acuerdo con los datos citados por el legislador, la entidad ocupa el tercer lugar nacional en venta de vehículos, después de Ciudad de México y Estado de México.
Mayor certeza para empresas y usuarios
Para AMAVe, la reforma representa un paso hacia un marco jurídico que responda a la realidad de una industria en expansión y permita atender con mayor eficacia los casos de uso indebido de vehículos arrendados.
«Desde AMAVe reconocemos la apertura del diputado José Luis Garza Garza para construir esta iniciativa de manera conjunta. Aportamos la experiencia técnica del sector para fortalecer un marco jurídico que brinde mayor certeza a las empresas, los usuarios y al desarrollo de la movilidad en México», afirmó Fernando Noriega, presidente de AMAVe.
La asociación también trabaja en una agenda nacional de seguridad patrimonial y combate a los mercados ilícitos que afectan al sector automotriz, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y la Comisión de Economía del Senado de la República.
Una agenda que busca extenderse a nivel nacional
La propuesta de Nuevo León se suma a reformas impulsadas previamente en entidades como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Quintana Roo, encaminadas a fortalecer la protección jurídica de los vehículos bajo esquemas de arrendamiento.
AMAVe agrupa actualmente a 19 empresas líderes del sector, integradas por 24 marcas, con una flota superior a 400 mil vehículos, más de 235 mil clientes y la generación de aproximadamente 14 mil empleos directos y 66 mil indirectos.
La iniciativa abre así una nueva discusión sobre la necesidad de actualizar las leyes frente a los modelos actuales de movilidad y generar condiciones de mayor seguridad, certeza jurídica y confianza para una industria cada vez más relevante para la economía mexicana.
