Desaparecer Instituciones y Fideicomisos
Austeridad Republicana y Pobreza Franciscana
Quitarle La Autonomía al Poder Judicial
Censurar a Los Medios de Información
En dos meses la Primera Presidenta de México cumplirá años de
estar despachando en Palacio Nacional, sin un plan político o un
programa nacional de desarrollo propio.
Tampoco ha definido su ideología. Carece de control
administrativo-político y no tiene mando en el Movimiento de
Regeneración Nacional, su partido.
Su sexenio no es ni siquiera gris.
Durante los 22 meses como Jefa del Poder Ejecutivo Federal, solo
tiene el título. Ganó por muchos, muchos, millones de votos y tiene
un poder absoluto que no ejerce, porque sigue los lineamientos de
quien la hizo Presidenta de México y hoy, desde su refugio en “La
Chingada”, Chiapas, sigue conduciendo al País. Es Vox Populi.
La doctora en Ciencias Claudia Sheinbaum Pardo no escucha a sus
consejeros, a sus asesores, a sus colaboradores, porque cree que
“las mañaneras” son un medio ideal para gobernar.
Le falta carisma, audacia, personalidad para engañar, no trasmite lo
que desea llegue a quienes ven, oyen o leen, lo que dice en el set
televisivo Salón de la Tesorería, en Palacio Nacional.
Tiene enfrentamientos verbales y escritos con su amenazante
homólogo norteamericano.
Los problemas nacionales siguen con la misma complejidad. Los
gobernadores y los presidentes municipales hacen lo que quieren y
le dan el avión a quien es responsable de la política interior, la
Secretaria de Gobernación.
De los dos asuntos actuales, de mayor envergadura, es notorio que
no encuentra la salida correcta.
Considera que tiene razón y justifica censurar a los medios
informativos, así como ofrecer puertas abiertas, en la Universidad
Nacional Rosario Castellanos, a los aspirantes que sean rechazados
en la UNAM.
Así, pues, México y sus más de 130 millones de seres (bebés, niños,
adolescentes, jóvenes, sesenteros y Tercera Edad) están en una
crisis nacional, no aceptada por quienes siguen engañados con los
programas sociales, el reparto de dinero producto de los impuestos
que pagamos y de los endeudamientos oficiales.
Conozco a dos funcionarios federales que cargan con el enorme
peso de la seguridad pública en todo el territorio y la desajustada,
desequilibrada, economía, la pérdida del poder adquisitivo. El
golpeteó internacional no cesa.
Sí, me refiero a Omar H. García Harfuch y a Marcelo L. Ebrard
Casaubón.
El primero lucha incansablemente contra la delincuencia
organizada, liquida a grupos delictivos, aprehende a “cabecillas” del
narco y expone su vida. La mayoría de los gobernadores o
gobernadoras, hacen como que cooperan.
Ebrard Casaubón pone en juego las experiencias adquiridas desde
hace más de 30 años, nacional e internacionalmente. Tiene buena
imagen ante los funcionarios del gabinete norteamericano y, tal
vez, del mismo Donald Trump. No dudo que en cualquier momento
su jefa lo regrese a su escaño en el Senado de la República.
ELIMINAR A CIVILES Y MILITARES
Desde su tercera campaña político electoral para ser Presidente de
México, el tabasqueño advirtió que en cuanto tuviera el poder,
procedería a presentar reformas administrativas en aras de la
denominada “austeridad republicana” y cumplió desde el primer
minuto de su mandato.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) fue el primer golpe que asestó
el hijo de Macuspana. Desapareció a la medianoche del 30 de
noviembre de 2018. El nuevo huésped de Palacio Nacional declaró
que el EMP era “un séquito militar para privilegiados”.
Institución militar, cuya responsabilidad principal fue resguardar la
integridad física e institucional del Presidente de la República. El
tabasqueño cobró venganza, porque los elementos del EMP jamás
le permitieron el acceso a las instalaciones presidenciales.
Doña Claudia mantuvo esa disposición y ratificó que los militares
continuarán en tareas ajenas a lo que señala la legislación de la
Administración Pública Federal. Hoy son empresarios, directores de
empresas ferroviarias, correos, administradores de bancos oficiales
y constructores, albañiles, de edificios del gobierno.
En el terreno civil, fueron eliminados los organismos institucionales
que servían de contrapeso al Gobierno Federal, como el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, INAI, así como el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, IFT, Notimex y 44 instituciones más,
independientemente de los Fideicomisos.
Lo que empezó el tabasqueño para aplicarnos “La Austeridad
Republicana” y “La Pobreza Franciscana”, en diciembre del 2024, lo
consolidó la Primera Presidenta de México, a través de las
correspondientes publicaciones en el Diario Oficial de la
Federación.
PASITOS HACIA LA DICTADURA
Los seis años del pasado régimen presidencial y los 22 meses del
actual nos dejan testimonios, irrefutables, de cómo se desarticula el
sistema democrático, por el que hubo cruentos enfrentamientos
hace más de cien años.
El Movimiento Armado de 1910, tras el derrocamiento de Porfirio
Díaz, fue base formal para que, siete años más tarde, México
tuviera la más avanzada Constitución Política, preservando los
derechos sociales y el sistema democrático para gobernar.
Con artimañas de toda naturaleza y sometiendo, con prebendas
políticas y económicas, a grupos, el Congreso de la Unión quedó
sujeto a las órdenes presidenciales.
El primer paso en el sendero hacia el sometimiento de los
legisladores, estaba dado.
Ante la falta de contar con la mayoría de votos en las Cámaras de
Diputados y Senadores, “hubo alianzas” con dos grupos de
comerciantes de la política (PVEM y PT), quienes “voluntariamente”
entregaron sus votos al hombre poderoso.
Las iniciativas de reformas constitucionales enviadas de Palacio
Nacional a los legisladores, deberían ser aprobadas “sin quitarles ni
una coma”. Se cumplieron no los deseos sino las órdenes, aunque
se estuvieran violando los derechos de la ciudadanía.
LA SUPREMA CORTE A MODO
El Jefe del Ejecutivo Federal al fracasar en su intento de controlar a
ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación, no pudo
imponer al titular del Pleno, insistió mediante una guerra abierta
contra la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
¿Cómo continuar el plan autoritario y fortalecerse hacia la
dictadura como en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua?
Modificaciones “legales” aprobadas, en septiembre de 2024, por el
Congreso de la Unión, respaldadas por el Movimiento de
Regeneración Nacional y los partidos políticos subvencionados por
el Presidente de México, determinaron que el 31 de agosto de 2025
cesaban los once integrantes del Pleno.
Todo se confeccionó en Palacio Nacional, utilizando al Instituto
Nacional Electoral, INE, para el Golpe de Estado contra el Máximo
Tribunal del Poder Judicial. Las novedades: se redujo a 9 el número
de integrantes del Pleno y el presidente solo duraría dos años como
tal, sin posibilidad de reelegirse.
Para el efecto, como “vía de orientación al pueblo bueno y sabio” el
INE editó millones de acordeones y los distribuyeron en toda la
República. Aparecieron impresos los nombres de los candidatos a la
Suprema Corte, a diferentes Tribunales a Magistrados y a Jueces de
Distrito.
En forma increíble, los nueve nombres, impresos en el extenso
acordeón, ganaron la votación y están en la Suprema Corte:
Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Sara
Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahfl y María Estela Ríos
González.
Firman como Ministros: Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa
Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo
Guerrero García.
Los que encabezaron las listas: Hugo ganó la primera presidencia
con más de ¡seis millones de votos! y Lenia quedó en segundo
lugar, porque apenas tuvo ¡5.8 millones de votos! y en septiembre
próximo será la presidenta de la SCJN. La jurista Yasmín Esquivel
Mossa cubrirá los dos últimos años del sexenio, pues en las urnas
apenas rebasó los ¡cuatro millones de votos!
LA CORONA DEL AUTORITARISMO
Días antes del comienzo de la feria mundial futbolística, la doctora
en Ciencias Claudia Sheinbaum Pardo nos anunció que planeaba
reformas constitucionales tendientes a “regularizar” la definición
entre “noticia” y “opinión”, como términos periodísticos.
Después se filtró que la Primera Presidenta de México tiene la
intención de “controlar” las informaciones noticiosas que se
transmiten en las estaciones radiofónicas y en los noticieros
televisivos.
Siguiente anuncio, en circulación, entrar al terreno de las
mundialmente utilizadas redes sociales y al periodismo digital. Es el
medio más moderno, inmediato e impactante, auténtica aplicación
de la libertad de expresión, aunque hay quienes, por sus
compromisos sociales, políticos y económicos, se exceden.
Al grano: desarticulada la Administración Federal, controlado el
Congreso de la Unión y anulada la autonomía del Poder Judicial,
para poner la corona al autoritarismo y actuar dictatorialmente, la
censura, la prohibición de criticar, la limitación de expresar el
pensamiento.
La única ocasión en que los mexicanos supieron de una medida
extrema, coartarle el derecho a la libertad de expresión, fue entre
1853 y 1855, cuando Antonio López de Santa Anna promulgó la Ley
Lares (redactada por el jurista potosino Teodosio Lares), por
razones lógicas era de una Ley de Imprenta.
Consistía en que los editores de publicaciones, periódicos, diarios y
revistas, deberían de entregar su material al gobierno para que se
autorizara lo que debía publicarse, so pena de la clausura de
oficinas y talleres; los infractores, a prisión.
Denise Dresser nos comenta en su columna, el lunes de esta
semana en el diario Reforma, que la pregunta decisiva es “¿debe
ser el Estado quien determine qué información está
suficientemente contextualizada, qué investigación es
suficientemente veraz y cuándo un periodista cruzó la línea de lo
aceptable?”.
Antes la reconocida colega afirma: “Ningún gobierno anuncia que
quiere censurar. Ningún gobierno anuncia que pretende intimidar
periodistas, domesticar medios o estrechar el debate público”.
Denise añade en que los gobiernos ponen énfasis al hablan de
proteger a la sociedad, a los ciudadanos y a las audiencias.
En su concepto, el proyecto titulado “Lineamientos Generales para
la Protección de los Derechos de las Audiencias”, elaborados por la
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, “es un manual para
disciplinar periodistas, una guía para acallar la crítica”.
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