Todo ocurre al mismo tiempo esta semana:
En un primer plano, en medio de la expectativa de que la justicia de EU denuncie y exija la entrega de otros 4 gobernadores de morena y sus equipos cercanos por narcos, el país entró de lleno a un carrusel de comparecencias ante la Fiscalía General de la República, encabezado del gobernador con licencia de Sinaloa Ruben Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y otros de los 10 requeridos a fines del mes pasado por pertenecer al Cartel de Sinaloa sin que ninguno de ellos haya sido imputado como pretendía el gobierno de EU.
En un segundo espacio, no menos importante, ayer avanzó la movilización nacional del PAN, al parejo de un creciente apoyo popular y mediático alrededor de la gobernadora blanquiazul de Chihuahua Maru Campos, quien está citada a comparecer hoy ante la oficina de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez por haber supuestamente aprobado la participación de 4 agentes de la CIA en un operativo que logró la localización y la destrucción de un mega-narco-laboratorio en la sierra Tarahumara. Dos de esos agentes fallecieron luego en un accidente carretero y los otros dos regresaron a su país.
En un tercer plano, ayer creció en sectores intelectuales, empresariales y políticos, en especial en los de la 4T, el impacto de la crónica revelada por el periodista Jorge Fernández Menéndez respecto de que en un encuentro del jueves anterior en Palacio de entre la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de Seguridad con el Markweyne Mullin, responsable de la seguridad interior de los Estados Unidos y su equipo y con la asistencia del embajador de EU en México Ronald D. Johnson en el que el funcionario estadounidense habría adelantado que la justicia de EU presentaría cargos por narcotráfico contra los gobernadores de Morena:
Américo Villarreal, de Tamaulipas y contra 20 de sus colaboradores; Marina del Pilar Avila, gobernadora de B. C., y 12 más sus cercanos; Alfonso Durazo de Sonora, y 9 de su gabinete y contra Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán y 11 más de su equipo.
En ese encuentro, según la crónica de Fernández Menéndez -crónica que ayer fue ratificada por él periodista luego de que la presidenta Sheinbaum negó que en su encuentro con Markweyne Mullin hubiera ocurrido lo que informó el columnista-, el jefe de la seguridad Interna de EU le exigió a la mandataria mexicana entregar al gobernador Rubén Rocha Moya y los 8 restantes de la lista de EU, ya que de los 10 iniciales ya se entregaron 2 a la justicia norteamericana.
El relato del periodista indica que la presidenta Sheinbaum se negó rotundamente a detener y entregar al gobernador de Sinaloa y los otros acusados lo cual fue tomado por el funcionario de EU como un acto de encubrimiento y complicidad.
El funcionario de EU la exigió a la presidenta Sheinbaum la entrega del gobernador Rubén Rocha Moya y del senador Enrique Inzunza y los otros 5 restantes a la justicia de EU y la mandataria se negó a hacerlo rotundamente.
Ante la negativa de Sheinbaum el jefe de la Seguridad Interior de EU le informó que pronto vendrán los requerimientos contra los otros 4 gobernadores y sus cómplices por el mismo delito: ser parte de los carteles de la droga en México.
El cuarto plano de la atención mediática, política y de medios fue el del inicio del proceso legislativo que pretende aprobar en el Senado y la Cámara de Diputados más rápido que en fast-track, al menos 3 reformas electorales de gran calado que modificarán todo el sistema de comicios en México.
Los coordinadores de la mayoría en el Senado, Ignacio Mier y en san Lázaro, Ricardo Monreal, pretenden presentar para su debate y aprobar en lo general y lo particular las iniciativas que:
- Crearían una comisión de consejeros electorales en el INE que se encargaría de tramitar -apoyados en la Fiscalía General de la República, la UIF, y otras instancias- el filtro y análisis, investigación de cada uno de los candidatos de todos los partidos a todos los cargos de elección en el país para evitar la infiltración de aspirantes financiados o propuestos por carteles de la droga o el crimen organizado.
- Una más será la reforma para posponer un año la elección de jueces, magistra y ministros faltantes de la Reforma Judicial, y;
- Otra reforma -que ha provocado una gran alarma entre la Oposición y otros sectores- es la de Ricardo Monreal, para establecer la nulidad de elecciones por causas de injerencias desde el exterior.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN lo sintetiza así:
“… es gravísimo lo que se va a votar esta semana durante este periodo extraordinario… suena muy bien esta idea de anular elecciones por intervención extranjera, pero: es una absoluta trampa para que Morena pueda anular literalmente la elección que se les pegue la gana… con esta reforma la 4T podría retomar cualquier opinión de una persona, un medio de comunicación, es decir, si Univisión, si CNN, si el “New York Times” publican algo incómodo para la 4T sobre los narcogobiernos de Morena, de ahí se podrían agarrar para anular una elección que hayan perdido”.
Estos son los temas que hoy dominan la atención de buena parte de los mexicanos, dentro de una vorágine política, judicial e informativa que da la impresión de que los mexicanos estamos en medio de un tornado mediático que no nos deja ver realmente nuestra realidad.
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