La sede de la presidencia francesa, el Palacio del Elíseo, fue registrada este jueves por dos jueces de instrucción de la sección financiera de la capital en el marco de una investigación sobre la adjudicación de contratos públicos de organización de ceremonias de homenaje en el Panteón, informaron fuentes de la Fiscalía de París a medios locales.
La investigación se centra en las condiciones de atribución de varias licitaciones a la empresa Shortcut Events, encargada en los últimos años de organizar grandes ceremonias oficiales para la Presidencia de la República francesa, adelantó el diario Le Monde.
Según el rotativo, los magistrados sospechan posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública.
El registro se produjo después de un primer intento fallido el pasado 14 de abril, cuando los jueces, acompañados por fiscales financieros y agentes de la brigada anticorrupción de la Prefectura de Policía de París, no pudieron acceder al palacio presidencial.
En aquella ocasión, el Ejecutivo argumentó que el artículo 67 de la Constitución francesa garantizaba la inviolabilidad de la sede de la Presidencia francesa.
Sin embargo, varios especialistas en derecho constitucional consultados por medios franceses consideraron «injustificada» esa interpretación, al señalar que la protección constitucional se refiere únicamente al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones y no a los edificios o a sus colaboradores.
La causa tiene su origen en una investigación publicada por el diario Libération en junio de 2024, en la que afirmaba que Shortcut Events habría obtenido durante más de dos décadas todos los contratos relacionados con las ceremonias organizadas en el Panteón bajo la supervisión del Centro de Monumentos Nacionales, además de otros grandes actos oficiales, como la ceremonia del 80 aniversario del Desembarco de Normandía celebrada en Omaha Beach en 2024.
El caso ha reavivado el debate sobre el alcance de la inmunidad presidencial en Francia y recuerda precedentes como el caso de los sondeos del Elíseo durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-2012) o el registro realizado en 2018 en el despacho de Alexandre Benalla, excolaborador del actual mandatario, Emmanuel Macron.
En el llamado caso de los sondeos del Elíseo, se investigaron presuntas irregularidades durante la presidencia de Sarkozy en la adjudicación de contratos públicos para encuestas y asesoría política sin licitación, favoreciendo a empresas cercanas al poder y utilizando fondos del Estado con fines políticos y de imagen presidencial.
En el caso de Benalla, la justicia francesa ordenó ese registro después de que aparecieran videos de él en los que golpeaba a manifestantes durante las protestas del 1 de mayo de 2018 en París mientras llevaba símbolos policiales pese a no ser policía.
Hasta el momento, ni la Presidencia francesa ni la Fiscalía Nacional Financiera han emitido comentarios oficiales sobre el operativo judicial llevado a cabo la víspera en el Elíseo.
