“Así como vamos, el registro de candidatos en Morena y aliados PT y Verde comenzará por pedir que muestren su Visa a EU y una carta de no antecedentes de los departamentos de Justicia, y el del Tesoro en Washington”, indica el meme subido ayer rápidamente a redes sociales.
Pareciera broma, pero no lo es tanto.
Y es que con el marcaje judicial, penal y financiero -y hasta militar- que ejercen y agudizan cada vez más las agencias como la DEA, FBI, ATF y los departamentos de Justicia y el Tesoro de EU, junto con los comandos Norte, Sur -y ahora hasta el de Africa- de EU contra políticos y funcionarios del régimen de la 4T pronto las listas de candidatos a cargos de elección en México tendrán que ser “palomeadas” desde Washington.
Tan en serio se tomó la presidenta Claudia Sheinbaum la penetración del narco y el crimen organizado en los procesos electorales de su partido -y otros como PT y Verde-, exhibidos primero con el retiro de decenas de visas de altos funcionarios, gobernadores y lideres de partido y del Senado y Cámara de Diputados incluidos, junto con la demanda de detención y de extradición de EU del gobernador sinaloense Ruben Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza así como de otros 8 cómplices, que ya promovió una nueva reforma electoral, esta para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral.
La denuncia de EU contra el gobernador sinaloense se funda esencialmente en la participación acordada por Rocha Moya y Los Chapitos para secuestrar, e intimidad, o de plano ejecutar a opositores a Morena en la elección a gobernador y otros cargos en 2021 no solo en ese estado sino en BC, Sonora, Nayarit, Colima y Michoacán.
Todo indica que, en los siguientes procesos electorales, incluido el presidencial de 2024, operó el mismo esquema.
De ahí que la petición del Departamento de Justicia y del Tribunal del sur de Nueva York, de aprehensión con carácter de extradición de Rocha Moya y socios, tenga en el fondo el objetivo de ir contra la postulación de candidatos aliados a los carteles de la droga.
Esto mismo es lo que ahora busca la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con su reforma para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE.
Con esta comisión, la mandataria busca anteponerse a acciones de la justicia de EU, para que el INE evalúe e investigue a los aspirantes a cargos de elección popular de todos los partidos y evitar que tengan vínculos con la delincuencia organizada y el narco.
El proyecto indica que esta Comisión estará orientada a filtrar esencialmente a candidatos mafiosos y deberá estar integrada por 5 consejeros electorales del INE , que durarán 3 años en el cargo.
Los partidos entregarán “voluntariamente” a esta Comisión sus listas a candidatos a gobernador, a alcaldes, a diputados federales, diputados locales y regidores para ser sometidas a una investigación de cada una de las candidaturas, y evitar así sean producto de una negociación o subsidios de narcos o el crimen organizado.
Los aspirantes inscritos en cada lista, deberán a su vez firmar una carta de conformidad y de aceptación para ser evaluados por esta comisión.
Las evaluaciones y sus resultados se tramitarán, indica el proyecto de la presidenta Sheinbaum, “bajo estricta confidencialidad y con carácter reservado para proteger el debido proceso legal”, ya que, de encontrarse vínculos con carteles o crimen organizado, estos serán evidentemente informados a la Fiscalía General de la Federación para el inicio de expedientes penales.
DEBERÁ APROBARSE ANTES DE JUNIO
Esta iniciativa deberá ser tramitada urgentemente para ser aprobada a más tardar en la semana que viene para poder operar en la elección de 2027.
La constitución indica que ninguna reforma electoral será valida si no se aprueba un año antes del inicio formal del proceso electoral en curso y el proceso de 2027 iniciará formalmente en la primera semana de junioentrante.
EL proyecto fue presentado por Luisa María Alcalde exdirigente de Morena y hoy consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum como una obvia respuesta a la presión ejercida desde EU.
La mandataria dijo que este proyecto deriva de “casos aislados” de autoridades municipales vinculadas con actividades delictivas.
Un ejemplo de ello, indicó, fue el Operativo Enjambre realizado por su secretario de Seguridad Omar García Harfuch primero en el Estado de México, y con las aprehensiones de alcaldes en Jalisco -como el de Teuchitlán y el de Tequila-, y los de antier en el estado de Morelos.
En este último se detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y al exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, y algunos de sus colaboradores.
Recordó Sheinbaum que la creación de esta Comisión estaba prevista inicialmente en la reforma electoral conocida como “Plan A”.
Hoy se retoma, agregó, en el cierre del plazo para realizar modificaciones previas al arranque del proceso electoral de 2027 y ante la aceptación de un periodo extraordinario de sesiones.
Hoy todo depende de los acuerdos que se realicen dentro del Senado por Ignacio Mier, coordinador de la mayoría de Morena y de Ricardo Monreal en San Lázaro, primero con sus aliados de PT y Verde y luego con la oposición PAN, PRI y MC.
La oposición exige que cualquier reforma en este sentido incluya el retiro del registro al partido que reciba financiamiento del crimen organizado o la intervención de carteles en el desarrollo de las elecciones.
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