A casi dos décadas de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la capital del país se mantiene como un referente en América Latina en el acceso a servicios seguros; sin embargo, especialistas advierten que aún existen desigualdades en la atención, barreras institucionales y falta de información que limitan el ejercicio pleno de este derecho.
Desde la aprobación de la ILE en 2007, más de 277 mil mujeres han accedido a este servicio en la Ciudad de México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud capitalina. Tan solo en 2025, el Programa de ILE del IMSS registró 13 mil 353 procedimientos, lo que refleja la vigencia y demanda de este servicio de salud pública.
Las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc concentran el mayor número de atenciones históricas, un indicador que responde tanto a la densidad poblacional como a la concentración de servicios médicos en estas zonas. En cuanto al perfil de las usuarias, alrededor del 60% tiene entre 18 y 29 años, aunque también se registran casos en adolescentes y mujeres mayores de 30 años.
Las principales causales para acceder a la ILE incluyen la decisión voluntaria dentro de las primeras 12 semanas de gestación, así como situaciones contempladas por la ley, como violación, riesgo para la salud o malformaciones graves del producto.
Desigualdad en el acceso y barreras institucionales
Pese al marco legal vigente, el acceso efectivo a la ILE no es homogéneo. Organizaciones civiles como GIRE, IPAS México y Balance A.C. han documentado obstáculos como la objeción de conciencia, la falta de personal capacitado y la negativa de atención en hospitales fuera de la red especializada.
“Muchas mujeres se ven obligadas a trasladarse a otras zonas o incluso a recurrir a servicios privados para poder acceder a la interrupción del embarazo”, explicó Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem.
Estas condiciones evidencian que la legalidad del servicio no siempre se traduce en acceso real, el cual sigue dependiendo de factores como la disponibilidad de servicios, la información oportuna y el acompañamiento durante el proceso.
En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha subrayado la necesidad de fortalecer los servicios de salud pública y avanzar hacia una despenalización social, que elimine el estigma y permita a las mujeres y personas gestantes ejercer su derecho sin miedo ni discriminación.
El acompañamiento, pieza clave
Especialistas coinciden en que el acompañamiento médico e informativo es fundamental para garantizar procedimientos seguros. En este rubro, organizaciones como Telefem han cobrado relevancia al ofrecer orientación médica remota, seguimiento clínico y apoyo emocional a quienes optan por la interrupción del embarazo con medicamentos.
“El acceso a información clara y acompañamiento oportuno puede marcar una diferencia significativa en la experiencia de las mujeres. No se trata solo de un procedimiento, sino de un proceso de salud que requiere respaldo y empatía”, señaló Rivera Núñez.
Este modelo de atención incluye consultas a distancia, evaluación médica, indicaciones basadas en evidencia y seguimiento posterior, lo que permite a las usuarias transitar el proceso con mayor seguridad, privacidad y confianza.
Retos a futuro
A 19 años de la legalización de la ILE, el desafío no se limita a preservar este derecho, sino a garantizar que todas las mujeres puedan ejercerlo en condiciones equitativas. Fortalecer la educación en salud reproductiva, ampliar la cobertura de servicios y asegurar el acceso a información confiable son pasos fundamentales para cerrar las brechas existentes.
El panorama actual deja claro que, aunque se han logrado avances significativos, el acceso universal, seguro y sin estigmas a la interrupción legal del embarazo sigue siendo una tarea pendiente.
