La documentación presentada por la sofipo Financiera Sustentable de México (Finsus) ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el marco de su proceso para convertirse en banco, revela vínculos operativos, financieros y personales con CIBanco —institución señalada por autoridades estadounidenses como “de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”—, de acuerdo con lo expuesto por el periodista Salvador García Soto en su columna publicada este 25 de marzo en El Universal.
El señalamiento se sustenta en más de 100 páginas de documentos entregados por la propia Finsus a la autoridad reguladora, a los que tuvo acceso el columnista, en los que se identifican relaciones que contrastan con la postura pública de la empresa sobre la inexistencia de vínculos con CIBanco.
Entre los elementos destacados se encuentra el caso de Norman Hagemeister Rey, accionista de Finsus, ex directivo de CIBanco y yerno del presidente de CIBanco, Jorge Rangel de Alba. De acuerdo con la información citada, Lusitano FG, comercialmente conocida como Onix Financiera y vinculada al entorno de CIBanco, le otorgó más de 60 créditos personales entre 2021 y 2024 por un monto superior a 2,500 millones de pesos.
La documentación también refiere coincidencias operativas relevantes. El domicilio registrado de Hagemeister coincide con el de Lusitano FG, y tanto esta entidad como Finsus operan desde la misma dirección: Insurgentes Sur 1458, piso 12, colonia Actipan, en la Ciudad de México. Además, al menos cinco directivos y consejeros propuestos para el banco mantienen vínculos laborales o financieros con Lusitano FG, incluidos cargos directivos o créditos vigentes.
Pese a estos elementos, Lusitano FG no fue declarada como parte relacionada en los documentos presentados ante la CNBV. A ello se suma que Jorge Rangel de Alba también participó en Finsus, aunque la empresa sostiene que dejó de ser accionista en enero de 2025.
Estos hallazgos se dan en un contexto marcado por los antecedentes regulatorios de CIBanco. El 25 de junio de 2025, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificó a esa institución como una “institución financiera extranjera de preocupación primaria en materia de lavado de dinero”. Según el Departamento del Tesoro, el banco mantuvo durante años un patrón de servicios financieros que habrían facilitado operaciones vinculadas con organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
Entre los hechos señalados se encuentra la apertura, en 2023, de una cuenta presuntamente utilizada para lavar 10 millones de dólares, así como pagos realizados entre 2021 y 2024 a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo.
En este contexto, analistas citados por el columnista consideran relevante el hecho de que Finsus busque su transformación en banco bajo la supervisión de la CNBV, con Hagemeister como accionista mayoritario, tras el retiro de la licencia de CIBanco.
La empresa, por su parte, ha sostenido públicamente que no existe relación con dicha institución. En diciembre de 2025, su director general, Carlos Marmolejo, afirmó en un derecho de réplica que Finsus no mantiene “vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno” con CIBanco, y que Hagemeister dejó el consejo de ese banco en diciembre de 2022.
En el ámbito corporativo, la compañía también aseguró que la legisladora morenista Patricia Armendáriz y su familia dejaron de tener participación accionaria desde 2022 y 2023, respectivamente, y que Rangel de Alba salió del capital en enero de 2025. Sin embargo, no se encontró evidencia documental pública que respalde dichos movimientos.
Más de 20 sanciones en 2025
A estos elementos se suma el historial regulatorio de Finsus. Entre 2018 y 2025, la CNBV le impuso alrededor de 40 sanciones por más de 15 millones de pesos, cerca de la mitad de ellas en 2025. Las observaciones incluyen deficiencias en prevención de lavado de dinero, incumplimientos en la entrega de información a autoridades, fallas en gobierno corporativo y omisiones en la publicación de estados financieros.
Asimismo, la CNBV detectó debilidades en control interno y administración de riesgos, irregularidades operativas, como la apertura de cuentas sin autorización del regulador, y fallas contables. Por su parte, datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que la entidad acumula 149 reclamaciones, con un incremento notable entre 2021 y 2023.
