La iniciativa de reforma electoral que se presentó ayer no es más que la expresión superficial de tres graves problemas políticos: la falta de ciudadanía frente al Estado, partidos políticos como expresión (Michels, 1919) de una oligarquía profesional y la búsqueda del poder sin pasar por las reglas de la democracia formal.
La respuesta la encontró Fernando Escalante Gonzalbo, en su tesis de doctorado: Ciudadanos imaginarios, sociedad producto de gobiernos manipuladores que usan recursos públicos para comprar lealtades, de élites dirigentes que se aferran a las posiciones de poder y de partidos que carecen de ideología y de representación social.
El único que le encontró la cuadratura del círculo de la organización política mexicana fue el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 cuando dio el salto cualitativo del Partido Nacional Revolucionario del maximato callista a una estructura partidista que representaba las posiciones irreconciliables de clase del modo de producción capitalista al organizar el partido de los no propietarios: obreros, campesinos, clases medias, profesionales y burócratas del Estado.
El sueño duró poco: en 1946, Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés institucionalizaron la Revolución manipulando a las clases como masas controladas por el poder público y dieron dos pasos estratégicos que son la esencia del régimen PRI-PAN y Morena: desdeñar la democracia como régimen político creando el modelo de bienestar social desde el Estado para desmovilizar a los ciudadanos e introducir al empresariado en la estructura de economía mixta que además se convirtió en el factor inhibidor del sistema productivo.
Las leyes electorales se han movido dentro de estos márgenes: la reforma política de 1977 propició el negocio de los partidos que en lugar de cuotas descansó en presupuesto público y de entonces a la fecha han existido como negocios alrededor de 25 partidos políticos, y del viejo régimen priista sobreviven el PRI, Morena como neopriismo, el PAN de la derecha conservador y católica, el Verde y Del Trabajo como rémoras de los partidos grandes y Movimiento Ciudadano como una variante también del neopriismo.
Desde la fundación de la Comisión Federal Electoral de 1951 al INE vigente, la estructura electoral ha dependido del partido dominante en turno y del presidente de la República en funciones, con un inexistente servicio civil de carrera y casi la totalidad del personal electoral responde al pensamiento conservador prianista.
Pero la reforma electoral de Morena que dejó encargada el presidente López Obrador para que se presentara en el Congreso y se aprobará “sin cambiarle una coma” no significa sino la restauración de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett Díaz en 1988: un aparato organizador de elecciones para beneficiar al partido y al presidente en turno.
La oposición se ha sentado cómodamente a disfrutar las mieles salpicadas del poder: los diputados de partido de 1967 garantizaban bancadas hasta 20 legisladores solo por porcentajes de votos bajos, los pluris de la reforma política de 1977 se crearon con votaciones por bloques y circunscripciones aunque dejaron la trampa de que los candidatos a esas posiciones serían distribuidos por los dirigentes partidistas.
La trampa de la iniciativa de reforma electoral de Morena no tiene nada que ver con la democracia, sino que reactiva el mecanismo que tendría que darle la mayoría calificada de dos terceras partes de legisladores a un partido para cambiar la Constitución en solitario. Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari reformaron la Constitución para poner un candado que es el que quiere abrir ahora Morena: ningún partido puede por sí solo tener más de 300 de 500 diputados –el 60%— y necesitaría la trampa de la sobrerrepresentación o la alianza con pequeños partidos para conseguir el 7% adicional.
La estrategia de Morena busca ganar los 300 distritos electorales y cooptar los 34 votos faltantes para la mayoría calificada, en tanto que la oposición descuidó los distritos y se confió en el reparto de pluris. Por eso Morena desdeñó pactos con partidos y buscará cooptar a sus legisladores.
Estos datos revelan que la reforma electoral que está supervisando el presidente emérito López Obrador desde el Palacio de Invierno de Palenque disfraza la democracia escondida en el acarreo que inventó el PRI y nada menos que Miguel Alemán en la reforma al artículo 3 constitucional que determinó que la democracia no era solo el régimen jurídico, sino “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, es decir, la política social que antes garantizaban los seccionales del PRI, luego los comités Pronasol y ahora “los servidores de la nación” como aparato electoral de Morena.
Con reforma o sin reforma electoral, México se encamina a la restauración del modelo PRI: un sistema/régimen/Estado sin ciudadanos sino con beneficiarios de los subsidios.
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Política para dummies: la política demuestra que la imagen del espejo somos nosotros.
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