El debate sobre la estrategia de seguridad en el gobierno actual está alcanzando ya sentido crítico hacia el interior de la 4T. Una voz muy reconocida que ha participado inclusive con opiniones en el diseño de estrategias lanzó el pasado jueves 6 de noviembre un mensaje muy claro de que ya no es posible ni redituable culpar a Calderón de la crisis de violencia delictiva.
El especialista Carlos A. Pérez Ricart, en su artículo semanal en el periódico Reforma, fue muy claro a decir que Calderón y García Luna –uno en el exilio y otro en la cárcel– desde 2012 dejaron de ser eficaces para explicar las violencias cotidianas. Y desde el reconocimiento confesado de que “quienes miramos con simpatía el proyecto de la 4T”, concluyó que habría que responder a una pregunta muy sencilla “e inevitable”: “si todo sigue siendo culpa de 2006, ¿para qué queríamos el 2018?”
Dentro del espacio político e intelectual Pérez Ricart representa una voz muy autorizada, con un libro sobre las policías en la capital de la república (Siglo XXI Editores) y otro que indaga un siglo de espías y drogas (Debate). En este sentido, su artículo acomoda las piezas en el escenario de tiempos históricos reales y concluye que “ya es hora de admitirlo: García Luna dejó de ser explicación para convertirse en excusa”.
Ensayista de temas de seguridad –participó además en la comisión de la verdad sobre crímenes políticos del pasado–, el analista dice con simpleza que “ha llovido mucho desde 2006: tres presidentes, seis secretarios de seguridad y miles de muertos y desaparecidos después, seguimos hablando de los mismos culpables”.
La estrategia de responsabilizar al presidente Calderón Hinojosa y a su secretario García Luna tienen otro escenario coyuntural más actual y con su propia lógica de tiempo gubernamental histórico. “Las explicaciones que confunden legado con responsabilidad transforman la historia en un espejo empañado”. Agrega que la pedagogía política que culpa al pasado “hace tiempo dejó de educar y empezó a anestesiar. Ya no sirve ni para blindar la moral del presente. En cambio, se ha vuelto un estribillo«.
Y desde su posición actual de “quienes miramos con simpatía el proyecto de la 4T habremos de reconocer: 19 años después, el argumento se agotó. García luna está preso; Calderón está lejos; los muertos en cambio sígueme aquí”.
El análisis de Pérez Ricart puede interpretarse como una especie de reclamo solidario de un simpatizante de la 4T que siente que a los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo ya no les alcanza el argumento de responsabilizar al pasado, porque, en efecto, los dos titulares morenistas del Ejecutivo federal asumieron la presidencia de la República para fijar no solo responsabilidades del pasado sino hacerse cargo de manera muy formal de todo lo que se haga o deje de hacerse desde el 1 de diciembre de 2018.
Y el análisis también lleva a otra conclusión: si Calderón y García Luna son responsables de la crisis de seguridad en el escenario específico del asesinato del alcalde michoacano Carlos Manzo, entonces se tendrían los argumentos para pasar de una acreditación política de responsabilidad a una averiguación previa y no tanto por ineficacia o fracaso de la estrategia sino como responsables directos de los asesinados en los dos últimos sexenios.
La lectura del análisis de Pérez Ricart lleva a evaluaciones muy interesantes: las estrategias de seguridad de Calderón, Peña, López Obrador y Sheinbaum Pardo no han obtenido los resultados esperados a partir de los criterios de que cada uno de los cuatro tuvo a iniciar su sexenio todo el poder casi absoluto para definir políticas contra la expansión de los cárteles y bandas delictivas que se apoderaron de espacios territoriales que le corresponden a la soberanía del Estado y que se dispararon delitos y asesinatos desde el 1 de diciembre de 2006 a la fecha.
La presidenta Sheinbaum Pardo tiene –inclusive por encima del brutal asesinato del alcalde Manzo– el poder político suficiente –ante la incapacidad de la oposición– para definir una nueva estrategia de seguridad propia que obedezca a una realidad inocultable: los cárteles del narcotráfico y las bandas delictivas se aprovecharon de la falta de certeza de los gobiernos posteriores a Calderón para fortalecerse y asentarse en territorio que le pertenece al Estado y que hoy configuran zonas francas de control por parte del crimen organizado.
Calderón y Peña lanzaron una guerra contra el narcotráfico y López Obrador definió la estrategia de “abrazos, no balazos” y ninguna de esas decisiones disminuyó los actos delictivos y sí potenció la expansión de cárteles y bandas. Ahí debe estar el punto de partida de la nueva estrategia, sobre todo porque las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan se están convirtiendo en una bola de nieve que podría atropellar las elecciones legislativas de 2027 y las presidenciales del 2030.
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Política para dummies: la política debe ser la garantía de la seguridad Interior.
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