Se echó a andar formalmente el proceso de aprobación de una nueva reforma electoral desde el Ejecutivo y otra vez sin la participación de los partidos. Todas las reformas electorales desde la creación de la Comisión Federal Electoral en 1951 hasta los ajustes del Pacto por México de 2014 han sido dirigidas desde la presidencia para beneficiar al partido en el poder.
En este contexto, no se deben tener expectativas reales de la reforma electoral que se formalizó el 4 de agosto pasado con el decreto de creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero en el contexto de que no toda la culpa es del Gobierno en turno sino que la oposición ha carecido de fuerza, iniciativas y capacidad de negociación.
Todos los partidos políticos del México moderno –con excepción de uno– han sido construidos desde el poder dominante público. La excepción fue el Partido Comunista Mexicano que nació en 1919 en el escenario de la expansión internacional del comunismo soviético, pero en 1989 —sin haber construido una verdadera opción partidista socialista sin dependencia pública– optó por regalarle su registro legal a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para crear el Partido de la Revolución Democrática como una organización pospriista y liquidar la opción de un verdadero partido político de la clase obrera autónoma como clase productiva.
La comunidad académica que se alió al proyecto de reestructuración del Estado del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1990 para lavarle el rostro a las elecciones fraudulentas de julio de 1988 creó un discurso ficticio –eran académicos, ciertamente– de que el IFE/INE constituían por sí mismos un modelo de transición a la democracia y se alió con el PAN en el 2000 para promover ese mensaje. Los académicos José Woldenberg con el IFE y Lorenzo Córdova Vianello con el INE manipularon la estructura electoral para favorecer primero al PRI, luego a la alianza PRIAN y finalmente para intentar cerrarle la carrera electoral al proyecto populista –en términos teóricos y académicos, por cierto– de Andrés Manuel López Obrador.
El modelo de estructura político-administrativa de CFE/IFE/INE tuvo como clave secreta la creación de un aparato superestructural dentro de la organización de las oficinas electorales y en ellos colocaron primero a funcionarios adictos a Manuel Bartlett Díaz y luego a consejeros ciudadanos que –todos, y basta revisar la lista– respondían a los hilos de control de la Secretaría de Gobernación –aún después de quitarla de la cúspide de la pirámide– y sobre todo del presidente de la República en turno, comenzando con los del PRI –Salinas y Zedillo–, luego con el PAN y finalmente con el PRIAN del Pacto por México que engendró el monstruo del INE y se lo entregó con funciones políticas a Córdova Vianello.
El modelo de control político sobre la estructura de reformas electorales funcionó, inclusive, en 1977-1978 con Jesús Reyes Heroles, el secretario de Gobernación de López Portillo que cometió el error de repetir a quien quisiera escucharlo que era su reforma política, pero tuvo el cuidado de utilizar los espacios legales del poder legislativo para los foros de consulta y logró construir el consenso de control de la reforma con la zanahoria a nuevos partidos que surgieron de grupos disidentes pero dependientes del poder público priista.
La próxima reforma política que ya se echó a andar partió de la Presidencia, aunque se delegó en la figura de Pablo Gómez Álvarez, miembro de la última dirección política del PCM antes de convertirse en el PRD cardenista/priista/salinista/
Y el decreto también dejó muy claros los límites de funcionamiento de la Comisión dentro del poder público actual. El artículo tercero del decreto señala que “la Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos, academia y sociedad civil, quienes podrán participar con derecho a voz pero sin voto”. En la fracción 1 del artículo segundo se abre la convocatoria “al pueblo” para “expresarse sobre la reforma”.
De nueva cuenta, el sector público central excluyó a los partidos políticos que son los que usan y padecen a las estructuras electorales y serían los más interesados en hacer sugerencias para reconstruir el modelo electoral salinista-priista-prianista-
De formación comunista y con un enfoque audaz de democracia socialista, Gómez Álvarez podría proponer un modelo electoral realmente democrático. Pero falta que quiera y se distancie de la reforma electoral lopeziobradorista.
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