En la víspera de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, en la que por primera vez la ciudadanía elegirá directamente a juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras, comenzó a circular una presunta lista con los nombres de aspirantes presuntamente favorecidos para integrar las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El proceso, programado para el 1 de junio, ha sido presentado por el oficialismo como un paso hacia la democratización del Poder Judicial; sin embargo, la reciente filtración ha encendido alertas entre sectores legislativos y judiciales, por el posible involucramiento de estructuras del Gobierno federal, particularmente del área de bienestar social, en la promoción política de determinados perfiles.
De acuerdo con diversas fuentes, estos son los aspirantes señalados por su presunta cercanía política con el oficialismo:
- Primera Circunscripción: Elvia Regina Jiménez Castillo, Gabriela Dolores Ruvalcaba García y Sergio Arturo Guerrero Olvera
- Segunda Circunscripción: María de los Ángeles Guzmán García, María Guadalupe Vázquez Orozco, Ricardo Arturo Castillo Trejo y Roselia Bustillo Marín
- Tercera Circunscripción: Camelia Gaspar Martínez, Rigoberto Riley Mata Villanueva, María Cecilia Guevara y Herrera
- Cuarta Circunscripción: Ixiel Mendoza Aragón, José Luis Ceballos Daza y Nereida Berenice Ávalos Vázquez.
- Quinta Circunscripción: Marcela Elena Fernández Domínguez
- Registro nacional: Fernando Ramírez Barrios
Aunque muchos cuentan con experiencia técnica en órganos jurisdiccionales, el hecho de que sus nombres figuren en una lista extraoficial —antes de cualquier votación— ha levantado sospechas sobre la legitimidad e imparcialidad del proceso.
El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ha calificado la situación como “una tragedia para la democracia”, al asegurar que la elección se ha convertido en una farsa con candidatos impuestos desde Palacio Nacional.
“La ciudadanía va a recibir una boleta con nombres que no conoce, porque los seleccionó Morena desde antes. No hay un proceso transparente. ¿A quién le van a responder esos jueces? No al pueblo, sino a quienes los pusieron en la boleta”, declaró Anaya.
El legislador advirtió que se trata de una estrategia para mantener el control de los tres poderes, lo cual, dijo, abre la puerta a un régimen autoritario disfrazado de democracia participativa.
Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, ha expresado su preocupación por lo que considera un intento de “colonizar políticamente” al Tribunal Electoral, especialmente en sus salas regionales, responsables de resolver impugnaciones clave en procesos estatales y federales.
“La justicia electoral debe ser un contrapeso, no un apéndice del Ejecutivo. Si permitimos que se infiltren intereses partidistas, habremos perdido la última instancia de defensa ciudadana en los procesos democráticos”, advirtió.
En contraparte, en su momento el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, celebró que el pueblo mexicano por fin tenga la oportunidad de elegir directamente a quienes impartirán justicia desde el Poder Judicial.
“Este primero de junio es un momento histórico para la democracia nacional. Por primera vez, el pueblo va a decidir quiénes serán jueces, magistrados y ministros. ¡Ya basta de una élite judicial que responde a intereses ajenos a la mayoría! Ahora, será el pueblo quien ponga y también quien evalúe”, afirmó desde tribuna.
El proceso del 1 de junio se anunció como un ejercicio innovador para democratizar el sistema de justicia, pero la filtración de nombres presuntamente “amarrados” antes de los comicios pone en duda la verdadera apertura e imparcialidad del mecanismo.
A menos de dos semanas de esta histórica jornada, la presión crece sobre las autoridades electorales y judiciales para que transparenten criterios, regulen interferencias políticas y aseguren que los nombramientos respondan al mérito jurídico y no a cuotas partidistas.
Esto plantea un escenario preocupante para la autonomía judicial y la equidad en la contienda. “No se trata solo de nombrar magistrados, sino de definir desde ahora el árbitro que resolverá las controversias del próximo ciclo electoral”, advirtió un exconsejero del Instituto Nacional Electoral.
