El miércoles a las 9 de la mañana, la oficina de la red X de la agencia de inmigración de EU (ICE) colocó el mensaje de que había liderado, junto con grupos operativos del Departamento de Seguridad de Interior de la Casa Blanca, operativos en Sinaloa para destruir tres laboratorios de narcotráfico. Mientras tanto, con la mano en la cintura, Washington exhibió que sí pacta con terroristas y llegó a acuerdos con el grupo narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, cuyos líderes fueron entregados por México o secuestrados por la CIA.
Ayer jueves, también, Estados Unidos exhibió con formalidad la toma de posesión en Washington del nuevo embajador norteamericano en México, Ronald Johnson, un exmilitar de Boinas Verdes y agente de la CIA que fue escogido personalmente por el presidente Donald Trump y por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y exembajador en México, Christopher Landau, justamente por su perfil de estratega operativo de acciones militares, de espionaje y de seguridad nacional.
Y para cerrar el círculo, en la mañanera de ayer jueves la presidenta Sheinbaum Pardo negó que el ICE hubiera liderado operativos de seguridad en Sinaloa –como lo había informado directamente la propia agencia ICE en un tuit oficial–, y después de la conferencia la embajada de Estados Unidos en México aclaró que el operativo lo realizó la Fiscalía General De México, “certificado por @ICEgov @HSI_HQ, con apoyo de @Defensamx1 y @SEMAR_mx”. Si la embajada quiso controlar daños, puede que los haya aumentado al mencionar que organismos estadounidenses certificaron el operativo.
Es más que obvia la certeza de que cada nuevo presidente de la República tiene que fijar su propia estrategia de seguridad nacional en sus relaciones con la seguridad nacional estadounidense, usan mensajes diplomáticos y la relación se enmarca en algún título pomposo como nuevo diálogo, acercamiento institucional o alguno parecido.
También era mensaje diplomático que los nuevos presidentes mexicanos se reunieran personalmente con sus homólogos estadounidenses para reiterar cuando menos la vecindad fronteriza de más de tres mil kilómetros. Pero en la segunda presidencia de Trump, el propio presidente estadounidense no podido ocultar su desdén hacia México con actos ya no digamos de cortesía, sino con actitudes francamente imperiales.
El problema en los primeros ocho meses de gobierno mexicano y casi cuatro meses de gobierno estadounidense ha estado en el hecho de que tres puntos centrales definen las relaciones bilaterales: migración, narcotráfico y T-MEC. En esta agenda con enfoque estadounidense, Trump no ha abierto ninguna mesa especial para sentarse a discutir qué es lo que quieren y todo se ha reducido en mensajes públicos o privados de la Casa Blanca para plantear sus exigencias a México.
El asunto es de personalidad del presidente estadounidense. Enrique Peña Nieto fue humillado varias veces por Trump y cedió sumisamente la soberanía mexicana; López Obrador, en términos tabasqueños, se divirtió con la pasividad de Joseph Biden y luego le sacó la vuelta a Trump. Sheinbaum Pardo llegó como pieza sucesoria del tabasqueño, pero se encontró con un Trump remasterizado y dispuesto a usar sus dos primeros años de gobierno para imponer la estrategia de seguridad nacional estadounidense a base de manotazos en el escritorio.
Palacio Nacional parece no haber encontrado el tono de la comunicación política con Estados Unidos, y en el caso del miércoles con el operativo del ICE y del DHS la información oficial mexicana careció de presencia y circularon todo tipo de rumores a interpretaciones partieron del mensaje del ICE en la red X, incluyendo fotografías y remarcando desde el punto de vista estadounidense que en las oficinas americanas se habían puesto por encima de la colaboración institucional de las áreas mexicanas de seguridad.
Lo malo no es que existan ese tipo de operativos, sino que se den en el vacío explicativo y sobre todo en el contexto de aquella exigencia imperial del presidente Trump de pedirle a la presidenta mexicana autorización para que tropas militares estadounidenses –no oficinas especializadas en temas de migración y narco– entraran a México a perseguir narcos, pero dejando en el ambiente que en México parece haber sido rebasado por el crimen organizado.
Y quedará cereza del pastel: México cedió al Chapo y a su hijo Ovidio a EU para que los juzgaran ahí, pero la justicia estadounidense ha pactado con estos dirigentes del narcoterrorista Cártel de Sinaloa beneficiando a familiares de los capos a cambio de supuesta información sobre la protección política de mexicanos al crimen organizado, pero teniendo en cuenta que era obvia esa desviación.
A México le está fallando la comunicación política estratégica.
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