¿A Quién Servirá los Electos Funcionarios Judiciales?
La Impartición de Justicia Debe Ser Imparcial
Totalmente Falso, No Se Acabará La Corrupción
Grave Error Político de la Primera Presidenta de México, el No
Estar en los Funerales del Papa Francisco, a Quien Visitó Cuando
Andaba en Campaña. El Señalamiento Circula en Todos los
Medios. Las Relaciones México-El Vaticano Mal desde 2018.
Acudir a las urnas para depositar papeletas con decenas de
nombres para “elegir” a jueces, magistrados y ministros, es validar
la desaparición del Poder Judicial Federal y sepultar a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Desde hace doscientos años, un gobierno federal no vendaba los
ojos a una estatuilla sosteniendo una balanza y su espada, imagen
representativa de la justicia.
El 5 de Febrero de 2024, comienza, en la vida jurídica nacional, la
etapa del obscurantismo medieval en la República Mexicana.
Se anuncia la presentación, ante el Congreso de la Unión, de 20
iniciativas presidenciales de reformas constitucionales, tendientes a
“contener la desigualdad económica y defender al pueblo de todo
el daño que hizo el período neoliberal”.
El 15 de Septiembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación
publicó la orden presidencial para reformar diversos artículos, con
el fin de modificar todo, absolutamente todo, lo relacionado con el
Poder Judicial de la Federación y la integración del Pleno de la
Suprema Corte, reduciendo a 9 juristas y eliminando funciones.
Lo de febrero es fundamentalmente para eliminar a los órganos
administrativos que le estorbaron al tabasqueño, quien no admitió
rendirle cuentas al pueblo ni permitió que hubiese transparencia en
los manejos presupuestarios.
Eso sí, refirió que sus iniciativas eran para “dar pie a la justicia social
y el combate a la corrupción”. Tan nulo ese propósito como el de
“primero los pobres”.
VENGANZA PRESIDENCIAL
En 200 años de existir los Estados Unidos Mexicanos, por primera
ocasión vemos la desaparición de División de Poderes.
Ni en las épocas del santaanismo, tampoco en el largo período
porfirista, ni con el dominante Jefe Máximo de la Revolución, los
gobernantes llegaron al extremo de vengarse por perder el control
absoluto del Poder Judicial Federal y la integración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
El 2 de enero de 2023 fue un día funesto para el entonces
Presidente de México, el desarticulado tabasqueño, porque fue
elegida para presidir el Pleno de la Suprema Corte y el Consejo de la
Judicatura Federal, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, no
perteneciente a su círculo “de 90 por ciento de confianza y 10 de
capacidad”.
Pretendió imponer a una abogada, esposa de su contratista
preferido, pero en el camino de los últimos meses de 2022 se supo,
vía denuncia de Guillermo Sheridan, que la candidata del
presidente, había plagiado una tesis profesional para presentar la
suya. Lo único que logró el de Macuspana fue que su amiga fuese a
ocupar un sitial de ministra.
El antecesor de la ministra presidenta, es la mancha más negra en
la historia del Máximo Tribunal de la Justicia.
arturo fernando zaldívar lelo de larrea, era empleado incondicional
del tabasqueño. Siendo ministro presidente cometió todo tipo de
violaciones constitucionales, “renunció” ante el presidente no ante
el Senado que lo nombró y se pretendió alargar su período, dos
años, al frente de la Suprema Corte.
Finalmente se refugió con la Primera Presidenta de México, a quien
entregó el proyecto para desaparecer la autonomía de la Suprema
Corte y del Poder Judicial. Vive arrinconado en una oficina de
Palacio Nacional.
Otros factores que incrementaron la guerra sucia de Palacio
Nacional contra la Suprema Corte de Justicia, el que la ministra
presidenta no se haya levantado de su asiento en un evento
celebrado en Querétaro, sin saludar al presidente. Los fallos
aprobados en sentencias de los ministros, no eran favorables para
el papá de “Andy”. Eso lo enfurecía.
PROSELITISMO POLÍTICO
La ciudadanía ha manifestado indiferencia e inconformidad ante la
campaña que realizan, casi cuatro mil mujeres y hombres, para las
elecciones programadas por el gobierno del tabasqueño para
“democratizar” la administración e impartición de justicia.
No hay suficiente información sobre el proceso y su desarrollo. La
gente se pregunta ¿para qué el gasto inútil de seis mil millones de
pesos?, si de antemano ya saben quiénes serán los que ocupen la
mayoría de las 881 plazas que están en juego.
Frente a la displicencia de los posibles electores, la Primera
Presidenta de México y su equipo lograron, con el apoyo del
Instituto Nacional Electoral, echar por tierra la prohibición de
inmiscuirse en el proceso, así ya participan legisladores federales y
estatales, gobernadores y presidentes municipales.
Como tampoco eso “levanta” el ánimo de las y los electores, con
todo descaro la dirigencia del partido en el poder, so pretexto de
un “programa de información”, hace campaña en todo el País. La
legislación, aprobada por ellos mismos, los morenistas, está
anulada en cuanto a la no participación de partidos políticos con o
sin registro.
El hijo de YSQ, como secretario de organización del comité nacional
de su partido, hace doble campaña y nadie lo puede, ni podrá,
detener. Andrés Manuel López Beltrán quiere ser candidato
presidencial en 2030 y de paso, con el presupuesto derivado de
nuestros impuestos, apoya los aspirantes a ministros, magistrados y
jueces.
Obvio, los dirigentes de los negocios familiares, léase PT, Verde
Ecologista, Movimiento Ciudadano, se suman al carro del vencedor.
PRI, PAN y lo que quede de otros grupos, ni siquiera aparecen.
¿HABRÁ IMPARTICIÓN IMPARCIAL?
Todos, o la mayoría, los que obtengan los votos necesarios tendrán
puesta la playera, el chaleco o la bufanda del color guinda, de ahí,
que nos preguntemos:
Podemos pensar que los impartidores de justicia, ¿serán
imparciales al dictar una sentencia?
¿A quiénes van a rendir cuentas, de sus actos, los funcionarios
judiciales que resulten “electos”?
¿Están preparados para las funciones de alta responsabilidad en la
Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los
juzgados federales?
¿Cómo garantizarán tener autonomía, si los apoyó el partido
político en el poder?
¿Quiénes determinarán cómo eliminar la corrupción en el medio
judicial, de la cuál ni este ni el anterior gobierno han demostrado,
mediante denuncias escritas, fundamentadas jurídicamente?
Los cuestionamientos serán muchos más. Al entrar en funciones, al
practicarse “la justicia democrática”, lo primero que frenará los
procesos judiciales será la inexperiencia e ignorancia de quienes
tengan la misión de impartir justicia.
Los grandes y especializados bufetes en las diferentes ramas del
Derecho, los despachos de litigantes cotidianos, los grupos de
pasantes en la Licenciatura de Derecho, tendrán que actuar con
mucha firmeza y no permitir las maniobras políticas que pueden
darse y que contarán con respaldo de los órganos oficiales.
SEIS BOLETAS, CONFUSIÓN PLENA
Estamos frente a unas elecciones de confusión, porque la
ciudadana y el ciudadano, comunes y corrientes, no sabrán qué
hacer con las seis boletas que recibirán. Cada papeleta tendrá un
considerable listado de nombres y el elector deberá marcar por
quién deposita su voto.
Si para las elecciones ordinarias, las sexenales y las de medio
camino, surgen muchas dudas y cientos de personas invalidan su
voto, tachan la boleta, ponen nombres, escriben frases,
¡imaginemos lo que sucederá el domingo 1 de junio!
Tres de esas boletas contendrán nombres de aspirantes.
La primera, para decidir por un candidato a ocupar sitial en la
Suprema Corte. La segunda, para elegir a uno de los integrantes del
Tribunal de Disciplina Judicial. La tercera, es votar por un candidato
a Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, TEPJF.
Deposita las tres boletas, cada una en la urna correspondiente.
En sus manos le quedan otras tres boletas, para seleccionar a
quienes estarán en los Tribunales Colegiados de Circuito, a jueces
de Distrito y a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF.
¡Clarísimo! ¿Alguna duda?
Inicialmente nos informaron que hay 3,422 candidatos para las 881
plazas que están en juego. El número de quienes buscan una
chamba en el “nuevo” medio judicial puede ascender en 2 mil más.
Las 881 plazas quedan enlistadas de la siguiente manera:
9 Ministros/as para integrar el Pleno en la SCJN.
464 Magistrados/as en Tribunales Colegiados de Circuito.
386 Jueces o Juezas de Distrito.
15 Magistrados/as para Salas Regionales del TEPJF.
5 Consejeros/as del Tribunal de Disciplina Judicial.
2 Magistrados/as de la Sala Superior del TEPJF.
¡NOMBRES! ¡NOMBRES!
Para su conocimiento, estimados visitantes de estas páginas de
periodismo digital, sin afán de pronosticador ni mucho menos, les
comento que la mayoría de los futuros funcionarios judiciales, el día
2 de septiembre cuando se sienten tras de su escritorio o presidan
las audiencias de ley, estarán sorprendidos de la tarea que les
espera.
Los que consiguieron el cargo por el apoyo partidista, no podrán
desconocer que su misión tiende a ser parcial. Habrá quienes por
primera vez estén en un cargo judicial, sin haber litigado o servido
en las filas del burocratismo. Los conocimientos teóricos no serán
suficientes frente a los abogados especializados en penal, en civil,
en fiscal, en administrativo. La práctica es indispensable.
El personal de base les dará una bienvenida nada sonriente. El trato
personal tiene mucha influencia en el trabajo y, bueno, habrá
quienes lleguen con la espada desenvainada: las ministras Yasmín
Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama,
impuestas por YSQ.
Al trío se anexarían las otras abogadas: María Estela Ríos González,
consejera jurídica de la presidencia en el sexenio anterior; la
magistrada de Circuito Fabiana Estrada Tena, una de las 21
propuestas de arturo zaldívar; Natalia Téllez Torres Orozco, con el
apoyo de la dirigencia nacional del partido en el poder.
Una mención más: Paula María García Villegas Sánchez Cordero,
magistrada de Circuito e hija de la ministra en retiro Olga María del
Carmen Sánchez Cordero Dávila.
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