- Personas con menos recursos económicos suelen recibir trato injusto.
- Mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género.
- Urge educación legal accesible y comprensible
“La justicia para todos no es imposible. Puede construirse con acciones que modifican la cultura de legalidad en diversas comunidades y países”, dijo Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
León advirtió que la impartición de justicia puede ser impactada por diversos sesgos, a menudo involuntarios, pero que “tienen consecuencias significativas en la equidad del sistema judicial”.
Entre los principales sesgos que afectan la impartición de justicia en México se encuentran los de clase social. “Las personas con menos recursos económicos suelen enfrentar barreras para acceder a abogados de calidad, pagar procesos judiciales o entender el lenguaje técnico del derecho. Esto perpetúa desigualdades y dificulta que reciban un trato justo”, dijo el jurista.
El Magistrado advirtió sobre la inequidad en distintos grupos de personas. Por ejemplo, “en muchos sistemas las mujeres enfrentan obstáculos en casos de violencia de género o disputas familiares debido a prejuicios o estereotipos que minimizan sus experiencias. Al mismo tiempo, las comunidades marginadas pueden ser tratadas de manera desigual, desde la aplicación de leyes hasta los fallos judiciales”.
León aseguró que para estos y otros sesgos son importantes acciones como educación legal accesible y comprensible y el usos de tecnología e inteligencia artificial responsable.
Informar y empoderar a la población sobre sus derechos mediante campañas educativas masivas, usando un lenguaje claro y adaptado a cada comunidad es esencial porque cuando la gente conoce sus derechos, puede exigir justicia, enfatizó el jurista.
Asimismo, desarrollar sistemas tecnológicos que puedan agilizar los procesos judiciales y, al mismo tiempo, asegurarse de que eviten sesgos implícitos es imprescindible, dijo H. León.
Mencionó que en México, actualmente, algunos sistemas favorecen a ciertas partes, como entidades gubernamentales o grandes corporaciones, en detrimento de los ciudadanos comunes y las diferencias culturales “pueden no ser comprendidas o valoradas en procesos judiciales, especialmente cuando se tratan tradiciones o prácticas que no se alinean con las normas predominantes”.
Asimismo, H. León Tovar reconoció que “aunque no sea intencional, todos los actores del sistema como jueces, abogados y jurados pueden tener prejuicios implícitos que afectan su toma de decisiones”.
También aseveró que la presión o influencia mediática en casos mediáticos puede distorsionar la percepción pública y, en consecuencia, afectar la imparcialidad de los involucrados en la impartición de justicia.
Por ello, el Abogado dijo que se necesitan revisar y modernizar las leyes existentes para eliminar elementos discriminatorios o ambiguos que favorezcan interpretaciones sesgadas, así como capacitar constantemente a jueces y abogados y establecer el acceso universal al sistema de justicia.
León, asimismo, mencionó la importancia de fomentar la justicia restaurativa. Es decir, implementar prácticas que privilegien la reparación del daño y la reconciliación, en lugar de solo enfocarse en el castigo. Esto puede ser especialmente eficaz en casos comunitarios o sociales.
Conviene, asimismo, establecer comités de vigilancia compuestos por ciudadanos y expertos independientes que puedan evaluar de manera continua el desempeño del sistema judicial.
