Aunque hasta ahora no se prevé en la Casa Blanca la decisión unilateral de invadir militarmente a México para destruir instalaciones dedicadas al narcotráfico, el envío del primer grupo de Boinas Verdes del 7TH regimiento forma parte de una movilización integral del Gobierno de Estados Unidos para estrechar el cerco al gobierno mexicano en materia de seguridad que también estaría involucrando corrupción y Estado de derecho.
Los dos altos funcionarios mexicanos que viajarán a Estados Unidos para una primera reunión de seguridad –Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard Casaubón– llevan en sus expedientes dos pronunciamientos clave que la Casa Blanca les va a releer a la menor provocación: la declaración del presidente de Trump del 1 de febrero en la que señaló que “las organizaciones de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el Gobierno de México” porque “el gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros a los cárteles para que se dedican a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”.
Pero tampoco se debe desdeñar la declaración presidencial de Trump del 20 de enero, horas después de jurar el cargo, para decretar de manera oficial que los cárteles mexicanos serán designados como terroristas en un plazo que vencería esta misma semana. En este documento oficial, la Casa Blanca establece que “en ciertas partes de México (los cárteles) funcionan como entidades cuasigubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad”.
El eje de la doctrina imperial de Estados Unidos radica en la definición institucional de que el principio rector del funcionamiento gubernamental americano es la defensa de la seguridad nacional. En este contexto, el presidente Trump –de manera oficial– declara una emergencia nacional para hacer frente a las amenazas que representan los cárteles y otras organizaciones trasnacionales para su seguridad nacional. Ese 20 de enero, Trump anunció “la eliminación total de la presencia de estas organizaciones en Estados Unidos y su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de los Estados Unidos a través de sus estructuras extraterritoriales de mando y control.»
La Casa Blanca dejó entrever el uso de todo el instrumental de seguridad para –en palabras oficiales– “borrar a los cárteles de la faz de la tierra”. Trump ordenó que 14 días después de ese 20 de enero la fiscal general y la Secretaría de Seguridad Nacional deberían tomar medidas apropiadas para hacer “preparativos operativos con respecto a la implementación de cualquier decisión que tome para invocar la ley de enemigos extranjeros” y a partir de ahí EU tendrá el derecho de señalar “la existencia de cualquier invasión calificada o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos por parte de un actor calificado (los narcos extranjeros)”.
Estos dos documentos señalan con claridad que Estados Unidos no va a negociar con México ni plazos ni facilidades y que en la reuniones bilaterales estarían anunciando operativos de persecución contra cárteles mexicanos dentro de EU que ya han sido identificados desde 2005 por la DEA y que solo estaban esperando la decisión de Estado para la desarticulación de esas organizaciones.
Pero una lectura en clave de seguridad nacional de estos dos documentos están revelando lo que México no ha querido centralizar en su política de seguridad: el hecho real de que EU considera que las organizaciones del narcotráfico han sido toleradas por los últimos gobiernos mexicanos, a pesar del arresto de muchos de sus dirigentes y su extradición a cárceles americanas, pero que esas acciones de seguridad de ninguna manera han reducido la capacidad de los cárteles mexicanos en México para producir droga que es casi en su totalidad se destina por contrabando a los adictos estadounidenses.
La presencia de los primeros Boinas Verdes del 7TH regimiento en México –grupo militar de donde viene el embajador de Trump–, que ya fueron autorizados por el Senado mexicano, estaría orientada a labores de capacitación y entrenamiento por la Marina-Armada de México en materia de crimen organizado.
La invocación y toma de decisiones en función de la ley de poderes económicos de emergencia internacional por parte de Estados Unidos es el anuncio de la puesta en marcha en la Casa Blanca de un enfoque de extraterritorialidad en la lucha contra los cárteles del narcotráfico y representa una decisión unilateral que obligará a México a sumarse a ese enfoque.
Así que la primera reunión de seguridad no será un día de campo.
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Política para dummies: la política, de nueva cuenta recurriendo a Hobbes, sin espada no llega a ningún lado.
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