Del 1 de septiembre al 11 de diciembre -en apenas unos 100 días- las mayorías legislativas de Morena, PT y Verde aprobaron -sin escuchar a la oposición ni reclamo social o sectorial alguno, y sin moverles una coma al proyecto original-, 25 grandes reformas y 9 legales para así cumplir con 16 de los 18 proyectos del “Plan C” lanzados por Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero anterior.
Una euforia legislativa y de cambios constitucionales sin precedentes en la historia legislativa y política, del Poder, en México.
Queda pendiente -para aprobarla en el período febrero-abril- solo la reforma político-electoral con la que se cerrará el ciclo del hasta hoy conocido como período del presidencialismo post-revolucionario por el que transitaron los gobiernos de PRI y PAN hasta 2018.
Con todas estas reformas entramos de lleno al nuevo régimen de la 4T marcado por la concentración absoluta del poder presidencial sin contrapesos democráticos.
Cabe destacar que todo ello se alcanzó en paz social, y sin fracturas o reclamos sociales relevantes.
Hoy no existen concentraciones ciudadanas en calles ni plazas, no hay movilizaciones sindicales ni de organizaciones estudiantiles o de profesionales o de sectores, ni expresiones armadas sociales como las hubo en el pasado con la Liga 23 de Septiembre, el EPR o el Movimiento Zapatista.
Lo de los trabajadores del Poder Judicial, con gran simpatía ciudadana, no tuvo el apoyo prácticamente de ningún otro gremio.
En los 115 días anteriores, AMLO, a través de su mayoría constitucional de Morena, PT y Verde, sacó en cascada las reformas al Poder Judicial, la absorción de la Guardia Nacional por la Sedena, la de supremacía constitucional, la de prisión preventiva oficiosa, de simplificación orgánica y la de empresas estratégicas.
Junto con estas salen además la de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, de salarios, de apoyo a jóvenes, de transporte ferroviario, la de bienestar, la de vivienda para trabajadores, la de igualdad sustantiva y a favor de las mujeres, la de protección y cuidado animales, y la de seguridad pública, la de protección a la salud.
Un total de 16 de 18 o 20 que marcan ya un rediseño del Estado Mexicano, dicen quienes saben que son un 77% de las reformas constitucionales anunciadas el 5 de febrero de este 2024 por Andrés Manuel López Obrador y apenas 3 iniciativas de Claudia Sheinbaum.
Hoy están eliminados los contrapesos democráticos construidos por acuerdos de todas las fuerzas políticas durante los últimos 25 a 30 años.
En este tránsito quedaron fuera el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), además de fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Hoy solo queda pendiente la absorción del INE, el Tribunal Electoral por el Gobierno, y eliminar los 200 diputados pluris y 64 senadores pluris.
Eso ocurrirá entre febrero y abril próximos. El proyecto político-electoral de AMLO cuenta con las mayorías de Morena, PT y Verde que continuarán intactas pese al conflicto estallado entre los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado (Adán Augusto López) y en San Lázaro (Ricardo Monreal).
Una vez que concluyan todas estas reformas, AMLO dejará libre finalmente a sus mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, para lo que quiera o necesite utilizarlos Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora prácticamente nada ha podido hacer en el legislativo, ni siquiera sacar adelante a su candidata a presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
REACCIONES A LA DENUNCIA DE ADAN AUGUSTO VS MONREAL
Una vez estallada la denuncia por corrupción y mal uso de recursos públicos vía contratos ficticios de Adán Augusto López contra Ricardo Monreal, la bancada de Morena en San Lázaro se fracturó entre el apoyo al zacatecano y su adhesión al senador tabasqueño.
La fracción del partido mayoritario en el Senado permaneció alineada a su coordinador sin mayores expresiones al respecto, a pesar de que en ella está el senador Saul Monreal, hermano del coordinador de diputados federales de Morena en San Lázaro.
Luego de la denuncia del coordinador de los senadores de Morena Adán Augusto López desde la tribuna y durante el último pleno de la cámara alta en contra de Ricardo Monreal, y el inmediato deslinde y rechazo de este vía un video en redes sociales, apareció una carta pública de apoyo al zacatecano con decenas de nombres de diputados de Morena, circulada en redes por Pedro Haces, vicecoordinador de la fracción de Morena y por Sergio Gutiérrez Luna, presidente emergente de la Cámara de Diputados.
De inmediato surgieron las protestas de varios de ellos quienes afirmaron no haber sido consultados y no haber dado su apoyo a Monreal como lo señalaba el documento, y pidieron retirar su nombre del mismo. Entre otros lo hicieron la exministra, expresidenta del Senado y actúa diputada federal Olga Sánchez Cordero. Este deslinde de Sánchez Cordero fue mal visto por no pocos de sus compañeros porque ella fue presidenta del Senado a propuesta de Monreal quien luego la protegió a lo largo de su período.
Uno que atizó el fuego del conflicto fue Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien apoyó a Adán Augusto López en sus denuncias contra Ricardo Monreal y quien calificó al zacatecano de desleal.
La diputada Patricia Armendáriz por el contrario afirmó que el embate de Adán Augusto López contra Monreal está basado en mentiras:
«Nadie entendería más que en un contexto de perversidad la sarta de mentiras vertidas por Adán Augusto en su aparentemente inocente reporte al Senado», apuntó en su cuenta de X.
Así este nuevo conflicto entre líderes legislativos de Morena se suma al ya de por sí muy caldeado y muy confrontado ambiente en el Senado y la Cámara de Diputados.
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