Con el respaldo del bloque oficialista y los votos del PRI y MC, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sacó adelante el dictamen en materia de agua, alimentos y medio ambiente que, entre otras medidas, establecerá la prohibición del maíz transgénico, la minería a cielo abierto y el fracking.
De esa manera esta reforma que hace agregados a los artículos 4º y 27 de la Constitución es la doceava aprobada del denominado Plan C que el presidente López Obrador envió a San Lázaro en febrero pasado. Hubo 30 votos a favor y 7 en contra.
Sin embargo, de última hora se avaló una reserva impulsada por Morena para aclarar que las actividades de minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica sí se permitirán “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal, a través del comité que señale la ley, por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
Morena fijó postura a través de las diputadas Adriana Bustamante y Guadalupe Chavira de la Rosa, quienes celebraron este cambio como el fin del abuso de las empresas mineras y refresqueras en el acceso al agua en zonas donde las poblaciones carecían del recurso, al tiempo que eran víctimas de su contaminación.
Acción Nacional en voz de Santiago Torreblanca cuestionó el hecho de que se prohíba el maíz transgénico cuando ni siquiera existen evidencias científicas que sustenten esa medida.
Con la reforma, en el precepto de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se agregó que el Estado habrá de garantizar que “el maíz, alimento básico y elemento de identidad nacional destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas. El país se declara libre de cultivos de maíz genéticamente modificado”.
Y en el caso del precepto del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible, se agregará la precisión de que éste será un fin “preferente sobre cualquier otro uso”.
Respecto a que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, se añade que el Estado “asegurará la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional”.
Se enfatiza que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado, incluido el transgénico.
