Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, aclaró que su intervención durante el intento de detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no sé trató de un rescate, sino que hizo cumplir la ley.
«Aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente la ley como nos fue conferido», señaló el funcionario.
A través de un mensaje a medios de comunicación, Ulises Lara señaló que ayer por la noche, recibió una llamada de parte del equipo de Javier Corral Jurado, donde le informaban que personas armadas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, querían privar de la libertad al ex mandatario en un restaurante de la colonia Roma, bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial.
«Ante dicha denuncia telefónica, en mi calidad de servidor público que representa los intereses de la ciudadanía, a través de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, decidí corroborar con el Jefe General de la Policía de Investigación de esta Fiscalía, si agentes nuestros acompañaban dicha diligencia», dijo.
Lo anterior, dijo de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 74, 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a la fracción V de la cláusula decimosegunda del Convenio de Colaboración, celebrado entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 2012, marco legal y vigente que establece las normas y formalidades esenciales del procedimiento que se deben observar para la colaboración en cumplimiento a mandamientos judiciales.
«Al recibir la confirmación de que no se habían agotado y formalizado plenamente los trámites de colaboración correspondientes, me apersoné en el lugar de los hechos, con la finalidad de corroborar la legalidad de dicha diligencia», declaró.
Lara explicó que, al llegar al establecimiento, confirmó que no había presencia de elementos de la PDI de la CDMX y que al amparo de un oficio interno de fecha 14 de agosto de 2024, buscaban detener al ex gobernador.
«Mismo (documento) que no corresponde a una aceptación de la colaboración, ya que solamente forma parte de las gestiones que esta Fiscalía de la Ciudad de México lleva a cabo para su atención, conforme a los plazos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los acuerdos de colaboración en la materia», precisó.
Agregó que por lo tanto y por propia voluntad, Javier Corral decidió acompañarlo, con la finalidad de aclarar su situación jurídica, a las oficinas de la Fiscalía capitalina, de donde se retiró por propio pie, al no contar la institución capitalina con algún documento o mandamiento judicial que ordenara su detención.
«Es importante mencionar que el oficio citado fue recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales a las 20:16 horas, es decir, solo unos minutos antes de que se buscara ejecutar el mandamiento judicial, por lo que aún se encontraba en proceso de atención, sin una respuesta oficial».
«De igual forma, es imperativo señalar que, en el párrafo final de dicho documento interno, se precisa que se debe exhortar a los agentes de la Policía de Investigación de esta institución para que participen en el mandamiento judicial, con pleno respeto, en todo momento, de los estándares de protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Ciudad de México, lo cual no ocurrió al no haberse concluido el procedimiento», refirió.
Lara recalcó que su intervención fue «bajo las atribuciones legales que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás normatividad, y, en cualquier caso, con la finalidad de esclarecer los hechos, cuidar el debido proceso, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen».
El encargado de despacho de la FGJ capitalina, finalizó diciendo que las videograbaciones fueron difundidas con la finalidad de generar desinformación y confusión, «ninguna fue grabada ni exhibida por personal de esta institución».
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva presentó un video en el que se ve al funcionario dialogando con los agentes ministeriales de la Fiscalía de Chihuahua, quienes le muestran unos documentos.
«Si, pero decidimos no colaborar, una cosa es recibirlo y otra es que hayan ingresado así…, ¿quién es su responsable?», les dice Lara.
Agregó: «ustedes nos ingresaron este documento el día de hoy, 14 de agosto, nada más lo dimos por recibido, pero no hemos contestado que ustedes puedan actuar en la Ciudad de México».
En el noticiero también se mostró una orden de aprehensión en contra del mandatario que fue girado por el delito de peculado.
