El gobierno argentino resolvió este jueves el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), informó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, esto dentro de una campaña para eliminar organismos que «no sirven para nada», suponen «grandes cajas de la política» o solo sirven para «generar empleo militante», de personas afines a la administración de turno.
«Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de institutos que no sirven absolutamente para nada, como el Inadi», dijo Adorni al enmarcar el cierre del organismo que lucha contra la discriminación y asiste a sus víctimas en el plan de reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei.
El organismo, con dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados, recibe un promedio de 2 mil 500 denuncias al año por discriminación, según su último informe. La mayoría proviene del ámbito laboral o educativo y es por motivos de discapacidad, orientación sexual o género.
«Nos encantaría que el Inadi esté cerrado hoy, eso no es posible por cuestiones administrativas», dijo Adorni al explicar que deben darse pasos administrativos antes de su cierre definitivo, enmarcando la decisión en «los ideales del presidente Milei de reducción del Estado». «Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a desmantelar; la batalla de achicar el gasto público es central en nuestro plan de gobierno», dijo.
Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal despidió a 30 mil empleados del Estado y no renovó otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la administración nacional en todo el país en aras de achicar el gasto público.
«No vamos a seguir financiando lugares donde se pagan favores políticos en un país que está absolutamente empobrecido», dijo Adorni al tender un manto de sospecha sobre las designaciones dentro del instituto donde, agregó, trabajan «funcionarios de dudosa idoneidad».
El Inadi fue creado en 1995 por una ley del Congreso y depende del Ministerio de Justicia. Argentina registró en enero su primer superávit fiscal mensual en 12 años en el marco de un drástico plan de achicamiento del Estado que incluye, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte que redundó en un aumento significativo del costo de vida cuando la inflación interanual se ubicó en enero en 254.2%.
