La aprobación en Francia de una controvertida ley migratoria, respaldada por el presidente Emmanuel Macron y que contó con el apoyo de la ultraderecha, provocó una importante brecha dentro de la mayoría gubernamental y condujo a la dimisión de un ministro este miércoles.
Tras 18 meses de negociaciones en torno al proyecto de ley, la Asamblea Nacional —la cámara baja del Parlamento— sacó adelante el texto a última hora del martes con 349 votos a favor y 186 en contra. Las formaciones Los Republicanos (LR, derecha) y Agrupación Nacional (RN, ultraderecha) secundaron el texto. El Senado lo había votado previamente.
La votación sumió a la mayoría presidencial —compuesta por varias formaciones, a parte del partido Renaissance del presidente Macron— en una crisis, pues 59 de sus 251 diputados no votaron a favor del texto: 27 decidieron hacerlo en contra y 32 se abstuvieron.
Un elemento clave de la ley es que las subvenciones sociales para extranjeros no comunitarios —es decir que no son ciudadanos de la Unión Europea— estarán condicionadas a partir de ahora a una presencia mínima de cinco años en el territorio, o de 30 meses en el caso de que la persona tenga trabajo.
Además, también se podrán acordar cuotas migratorias y se incluyen medidas para que los condenados por homicidio con doble nacionalidad puedan ser despojados de la ciudadanía francesa. El texto levantó ampollas en el gobierno y llevó al ministro de Salud, Aurélien Rousseau, a dimitir.
Rousseau no asistió al Consejo de ministros este miércoles y será sustituido temporalmente por Agnès Firmin Le Bodo, una ministra delegada, informó el portavoz del gobierno Olivier Véran, recalcando que «no hay ninguna revuelta gubernamental». Por su parte, Emmanuel Macron destacó durante el Consejo de ministros que el texto «es el fruto de compromisos con cosas serias y cosas que no me gustan pero que no van en contra de nuestros valores», dijo a la AFP un participante en esa reunión.
Este miércoles por la noche, Macron participará en un programa de la televisión pública francesa.
En una entrevista el miércoles con la radio France Inter, Borne negó que haya una «crisis en la mayoría» presidencial y declaró que tiene la «sensación de haber cumplido» con su deber sacando adelante una ley «que respeta nuestros valores». Aún así, admitió que el texto, muy criticado por la izquierda y por oenegés, incluye algunas medidas que podrían ser anticonstitucionales.
Este miércoles, Emmanuel Macron enviará el texto al Consejo Constitucional para que lo examine, indicó Olivier Véran. Tras ese estudio, la ley probablemente «evolucionará», según Borne. Con esta ley, el gobierno busca «alejar lo más rápida y eficazmente a quienes no tienen derecho de estar en Francia e integrar mejor a quienes elijamos acoger» en el territorio, aseguró la primera ministra.
La condición de que los extranjeros no comunitarios que se encuentren en situación irregular deban permanecer un periodo mínimo en el territorio para acceder a las prestaciones sociales supuso un destacado escollo durante las negociaciones. La derecha reclamaba un plazo de cinco años para que esas personas pudieran acceder a ayudas «no contributivas», pero al final se decidió distinguir entre los extranjeros que trabajen y los que no.
Así, los extranjeros de fuera de la UE que deseen acceder a las ayudas al alquiler, deberán haber residido en Francia al menos cinco años si no trabajan. Si lo hacen, con una presencia de tres meses bastará. Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes extranjeros.
La versión aprobada el martes por la noche es más restrictiva que el proyecto de ley inicial, aunque contempla la posibilidad de que un trabajador irregular pueda pedir el permiso de residencia sin el aval de su empleador. El hecho de que los ultraderechistas de Agrupación Nacional de Marine Le Pen votaran a favor del texto generó descontento en parte de la mayoría presidencial y un ministro declaró que no estaba «en absoluto» cómodo con el voto favorable de RN.
Un diputado de Renaissance comparó ese apoyo con un «beso de Judas» para la mayoría presidencial. El jefe de los diputados socialistas, Boris Vallaud, afirmó que la aprobación del texto supone una «deshonra para el gobierno» y el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon aseguró que la ley «deforma la imagen de Francia».
En cambio, el presidente de la formación conservadora Los Republicanos, Eric Ciotti, se mostró satisfecho con lo que denominó «una victoria para la derecha».
