Los Bazucazos de Ubaldo Díaz
La colocación de barreras flotantes, sin la debida autorización federal, no sólo vulnera la soberanía de México, sino que también pone en riesgo la vida de decenas de mujeres, hombres y menores migrantes que buscan cruzar la frontera en busca de una vida mejor.
Estas boyas, además de representar una obstrucción a la navegación, plantean serios problemas humanitarios, al forzar a las y los migrantes a buscar rutas más peligrosas y arriesgadas para cruzar el río.
Ricardo Monreal, también destacó que “la política de Abbott es insensible y violatoria de los derechos humanos, pero también se muestra como un muro invisible que ahoga las esperanzas y los sueños de quienes huyen de la violencia y la pobreza”.
Al mismo tiempo aseguró que la decisión de la administración federal de demandar al estado de Texas por la instalación de las boyas es un paso en la dirección correcta para defender los principios de la Ley de Ríos y Puertos de 1899, así como los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los países vecinos.
En medio de la crisis migratoria que afecta a la región, la política antiinmigrante del gobernador de Texas, Greg Abbott, generó una controversia que trasciende fronteras.
Por otra parte, Monreal en forma categórica dice que se debe llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias con lo que se reducirá la pobreza y se ampliará el sector de la clase media.
Es necesario rediseñar los instrumentos y mecanismos del sistema electoral para generar una apertura política con ampliación de la participación ciudadana.
Las modificaciones logradas en cuanto a la democracia directa, como la consulta y la iniciativa populares, la revocación de mandato, entre otras, pueden perfeccionarse para hacerlas más accesibles y ampliar su alcance para que se conviertan en realidad institucional.
A pesar de esto, afirmó, la comunicación entre la sociedad y el Estado se ha fragmentado y deben restablecerla para que gobierno y sociedad trabajen de manera conjunta.
Para Ricardo Monreal es refrescante la diversidad de opiniones para la política y el desarrollo de la comunidad.
Es necesario, indicó que las organizaciones sociales deben tener un papel en el diseño y planificación de las políticas.
Monreal Ávila destacó que el equilibrio entre el Estado y la sociedad depende el buen gobierno democrático y de la gobernabilidad, por lo que aumentar la participación de la sociedad implica mejor gobierno.
En Querétaro, durante una asamblea en busca de la coordinación de los Comités de Defensa de la 4T, dijo que la sociedad está cada vez más atenta y participativa sobre los problemas que la afectan.
El senador afirmó que México necesita un estado con capacidad de gestión y de gobierno que este enraizado en la sociedad organizada.
Entre los elementos necesarios para mejorar la democracia y los procesos electorales se requiere, en primer lugar, de unidad y de diálogo y conciliación.
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Senadores panista presentaron dos quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los aspirantes panistas a encabezar el Frente Amplio por México.
En las quejas presentadas por la senadora Kenia López Rabadán en representación las y los 20 senadores firmantes del GPPAN, se pide a la CNDH emitir la recomendación que en derecho proceda para corregir el abuso de poder en que incurre el Presidente de la República.
Asimismo, se le solicita al organismo adoptar las medidas cautelares que considere pertinentes, en virtud de que, a raíz de las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda y Francisco García Cabeza de Vaca han sido colocados en situación de grave riesgo respecto de su integridad personal.
Esta situación, aunada a los ataques a su honra y reputación, justifican la urgencia de la implementación de medidas precautorias, tanto en su vertiente de conservación como en su vertiente restitutoria, refiere el documento presentado ante la CNDH.
Al día de hoy, el orden jurídico se encuentra tergiversado por parte del Presidente de México, ya que utiliza recursos públicos, legalmente destinados a otras cuestiones, para realizar ataques directos hacia Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalan en la denuncia.
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Por más que las autoridades electorales (INE y TEPJF) busquen la manera de encajar en la legalidad los actos anticipadísimos de campaña que, desde hace dos años, llevan a cabo las corcholatas seleccionadas y destapadas por el gran elector de Palacio Nacional para contender por la candidatura presidencial, no lo podrán lograr, si nos atenemos estrictamente a lo que dicta la ley.
Disposiciones restrictivas y hasta absurdas, habría que reconocer, pero que fueron iniciativas de reformas promovidas en 2007, por el PRD, en reclamo de piso parejo, cuando su entonces candidato presidencial, AMLO, perdiera la elección y que, ahora, son ordenamientos vigentes y obligatorios.
Morena ideó una fórmula para darle cuerpo al proceso de promoción de sus corcholatas bajo la figura de una campaña interna para un cargo inexistente en sus estatutos, la Coordinación de la Defensa de la Transformación, aunque esta es una acción tramposa. De esta forma, los aspirantes elegidos pudieron iniciar sus recorridos por el país, celebrar mítines y desplegar su propaganda, actividades en las que inevitablemente proyectaban su aspiración presidencial.
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La Tercera Comisión de la Permanente aprobó un dictamen, mediante el cual se busca exhortar a la Guardia Nacional, para que fortalezca las tareas de vigilancia y garantice la seguridad pública, el combate al delito y preste el servicio de prevención, en caminos y puentes de jurisdicción federal.
El documento establece que dichas acciones deben enfocarse en todo el sector de autotransporte del país, ya que son el principal objetivo de los grupos delictivos.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que sostuvo una reunión con la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional entre el Gobierno federal y el Senado de la República.
“Compartimos completa disposición para mantener un diálogo permanente en atención a los temas legislativos para beneficio del pueblo de México”, expresó el legislador mediante un mensaje publicado en redes sociales.
Ramírez Aguilar indicó que, en la reunión revisaron temas de la Agenda Legislativa, los cuales se buscará impulsar en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones.
“Como siempre, tenemos una buena cooperación en el Senado de la República con el Poder Ejecutivo”, puntualizó.
