Desde el pasado miércoles 31 de mayo, Juanita Maldonado, una mujer de 67 años de edad, vive una auténtica pesadilla tras someterse a una operación mal realizada en la clínica del ISSSTE de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.
Según relatos de la familia, Juanita necesitaba una osteotomía en su pierna izquierda, una intervención quirúrgica destinada a aliviar los síntomas de artritis mediante un corte en uno de los huesos de la pierna. Sin embargo, durante la operación, los cirujanos cometieron un error trágico.
La situación empeoró cuando la mujer ingresó al quirófano y notó que estaban preparando la pierna equivocada. A pesar de su advertencia, cuenta que la enfermera respondió con grosería, asegurando que el médico sabía lo que hacía. Bajo la anestesia general, Juanita perdió el conocimiento y solo despertó después de la cirugía.
«Me siento con dolor y tristeza de estar acostada en la cama, yo les dije que era mi pierna izquierda y no me hicieron caso… Yo ni pierna la tenía buena no me dolía, no sé porque me hicieron esto… Yo nada más oía cuando el doctor me golpeaba, me dijeron que me mocho un pedazo de hueso, en la noche que volví en sí, ya era de noche y no podía mover mis piernas, una todavía me duele y no tengo fuerzas, ahora ya estoy cansada de estar acostada, ya no se que hacer, me dijieron que voy a durar así hasta 4 o 5 semanas…»
La familia de la paciente quedó devastada al descubrir que ninguna de las piernas de Juanita se encontraba en buen estado. La afectada, entre lágrimas, contó a los medios locales su experiencia y su frustración al ver cómo su movilidad se veía comprometida sin motivo justificado.
La administración del hospital y el sindicato se negaron a tomar las medidas adecuadas para iniciar un proceso sancionador interno, a pesar de la evidente negligencia médica.
El cirujano responsable simplemente recomendó esperar de 6 a 8 meses para realizar una nueva cirugía en la pierna afectada por el problema de salud original.
La familia de Juanita presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
