Por Brenda Calderón
Para la cuarta transformación, la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una prioridad en la agenda legislativa. En este contexto, se han aprobado leyes que establecen sanciones más severas a los deudores alimentarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la obligación de proporcionar una pensión alimentaria. En este sentido mencionaré las implicaciones y el impacto de estas leyes en la protección de los derechos de los menores.
Antecedentes
Lamentablemente pareciera que la historia de México va de la mano de la falta de cumplimiento de la obligación de pagar una pensión alimentaria por parte de los padres. Acualmente existen aproximadamente 30 millones de niños que no reciben la pensión alimenticia de parte de sus padres. Esta situación ha dejado a millones de mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad económica, afectando directamente el bienestar de los menores.
El marco legal previo:
Antes de la aprobación de estas leyes, existían disposiciones legales para garantizar la pensión alimentaria, pero se consideraba que las sanciones eran insuficientes o poco efectivas para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
Algunas de las leyes recientemente aprobadas:
A. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA)
La LGDNNA establece el derecho de los menores a recibir alimentos y la obligación de los padres de proporcionarlos. Además, contempla sanciones más severas para los deudores alimentarios, incluyendo la posibilidad de imponer multas, retención de bienes y hasta la suspensión de derechos parentales en casos extremos.
B. Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP)
La LNEP contempla medidas coercitivas para garantizar el pago de la pensión alimentaria, como la retención de salarios y la posibilidad de dictar órdenes de aprehensión en casos de incumplimiento reiterado y cuantías elevadas.
C. Ley General de los Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LSMIME)
La LSMIME permite que los partidos políticos y candidatos sean sancionados con la retención de sus prerrogativas económicas si no cumplen con la obligación de proporcionar la pensión alimentaria.
D. Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPT)
La LGPT establece que las personas que incumplan con la pensión alimentaria podrían ser sancionadas con penas privativas de la libertad.
E. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP)
La LGSNSP incluye medidas para garantizar la colaboración de las autoridades de seguridad en la localización y detención de deudores alimentarios.
F. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
La LGAMVLV establece que el incumplimiento de la pensión alimentaria puede ser considerado como una forma de violencia económica y, por lo tanto, se aplicarán las sanciones correspondientes.
G. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH)
La LGIMH destaca la importancia de la igualdad en las responsabilidades familiares, incluyendo la obligación compartida de proporcionar una pensión alimentaria.
H. Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)
La LGRA establece que los servidores públicos que sean deudores alimentarios pueden ser sancionados con la destitución de sus cargos.
I. Ley General de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGDMLV)
La LGDMLV establece que las instituciones públicas deben brindar asesoría y apoyo a las mujeres en situación de violencia económica relacionada con el incumplimiento de la pensión alimentaria.
El impacto de las leyes en la protección de los derechos de los menores:
-Mayor protección y cumplimiento de la obligación alimentaria
Las leyes aprobadas brindan herramientas más efectivas para garantizar el cumplimiento de la pensión alimentaria. Las sanciones más severas pueden disuadir a los deudores alimentarios y asegurar un mayor bienestar económico para los menores.
-Fortalecimiento del sistema de justicia
Las leyes también fortalecen el sistema de justicia al establecer medidas concretas para hacer cumplir la obligación de la pensión alimentaria. Esto contribuye a la confianza en las instituciones y promueve un sistema más justo y equitativo.
-Prevención de la violencia económica
El incumplimiento de la pensión alimentaria es considerado una forma de violencia económica. Con estas leyes, se busca prevenir y combatir esta violencia, protegiendo a las niñas, niños y adolescentes de situaciones de vulnerabilidad económica.
Conclusión
Las recientes leyes impulsadas por morena y aprobadas en México sobre las sanciones a los deudores alimentarios, representan un paso muy importante hacia la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas leyes establecen sanciones más severas y efectivas, lo que garantiza un mayor cumplimiento de la obligación de proporcionar una pensión alimentaria justa y expedita. Además, fortalecen el sistema de justicia y previenen la violencia económica hacia los menores y hacia la mayoría de las madres de los menores que son quienes enfrentan solas esta responsabilidad. Sin embargo, es fundamental que estas leyes se apliquen de manera efectiva y se promueva una cultura de corresponsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos. Solo a través de una combinación de leyes sólidas y concientización social, se podrán garantizar plenamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México.
