Línea Fifí
Por Martín de J. Takagui
Son muchos los motivos por los que Sanjuana Martínez, directora general de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, ya debería estar en la cárcel, pero anda como si nada por las calles de Monterrey, cuando debiera estar en la Ciudad de México buscando una forma de solucionar la huelga que mantiene paralizada la empresa informativa que dirige, simplemente por negligencia.
Es urgente que, al cumplirse tres años de iniciada la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, este 21 de febrero, las autoridades laborales, administrativas, fiscalizadoras y hacendarias, realicen las auditorías correspondientes para deslindar las responsabilidades y se inicien sus respectivos juicios.
La difamadora y golpeadora periodista Sanjuana Martínez impulsó la emisión de notas informativas, a través de la agencia del Estado, con las que pretendía descalificar a sus enemigos políticos, auxiliada por su flamante director editorial y cómplice, Agustín Lozano, quien ordenaba a diestra y siniestra atacar periodísticamente a sus propios colegas y algunos otros políticos.
En el actuar de Sanjuana Martínez, existen desde faltas administrativas, delitos como despojo, violaciones a la Ley Federal del Trabajo, a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, daño al patrimonio de la empresa y al acervo histórico de la información de Notimex, desacato a diversos mandatos, resoluciones, entre muchas otras tropelías.
*(Tropelía: Diccionario de la Real Academia Española “Nombre femenino. Acción ilegal cometida por algún servidor público que abusa de su poder o de su autoridad”).
Desde antes de que estallara la huelga de Notimex, el 21 de febrero de 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia, Sanjuana Martínez ya había cometido y reincidido en desacato, pues se negó a cumplir con varios de los laudos emitidos por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El desacato es considerado como uno de los “delitos contra la seguridad del Estado”, que se castiga con cárcel. Un desacato le costó al ahora presidente de la República, el desafuero que se procesó por la Cámara de diputados entre los años 2004 y 2005, convirtiéndose en uno de los juicios más importantes de la historia política de México, porque desacató la orden judicial de dejar de construir un camino.
Pero quizás es una de las faltas de menor importancia, pues existen desvíos de recursos, ya que ninguna autoridad fiscal o hacendaria conoce el destino de más de 500 millones de pesos que se han ejercido en los últimos tres años y que corresponden a los presupuestos anuales de la empresa.
Otra de las graves faltas en que ha incurrido Sanjuana Martínez y su norteña camarilla es el mal uso de los archivos electrónicos de Notimex, pues en un intento de hacer que la empresa funcionara ilegalmente emitiendo información, fueron manipulados los servidores y discos duros que contenían más de 50 años de información acumulada que es propiedad del Estado.
En ese proceso, además de sacar ilegalmente los equipos de la sede de Notimex, se perdieron de las memorias cientos de miles de archivos que contenían videos, notas, reportajes, textos, fotografías, infografías, grabaciones de programas y noticiarios, todos ellos propiedad de Notimex y, por lo tanto, del Estado Mexicano.
Es evidente que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación protege a la directora de Notimex, pues no ha habido poder administrativo que le obligue a sentarse a la mesa de negociaciones para dar solución a la huelga, desde hace 36 meses, tampoco ha rendido cuentas y menos aún se ha reunido con la junta de gobierno que es su autoridad superior.
La palabra del presidente Andrés López Obrador no ha tenido ningún peso, pues ha sido desobedecido una y otra vez, cuando al menos en cuatro ocasiones ha dado indicaciones para que se inicien acciones de solución al conflicto laboral.
