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Columnistas

Tras la puerta del poder / Actuar contra la impunidad, y protección real a periodistas, los objetivos

Por Roberto Vizcaíno

A menos de una semana del encuentro del presidente Enrique Peña Nieto con gobernadores para establecer mecanismos de defensa y protección a periodistas, unos y otros avanzan rápidamente en la elaboración de un atlas de riesgo y en la estructuración de instituciones y personal calificado para dar una respuesta a la creciente violencia que afecta gravemente a periodistas y medios en México.

Con estos objetivos ayer se reunieron en la ciudad de México los secretarios de Gobierno de prácticamente todos los estados con el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa y el procurador General de la República, Raúl Cervantes.

El encuentro -que se dividió en dos sesiones: por la mañana con 17 y el resto por la tarde-, tuvo sin embargo un tema predominante: el de acelerar todos los pasos para abatir la impunidad que rodea a prácticamente todas las agresiones y muertes contra periodistas.

En especial se buscará actuar a fondo para esclarecer los asesinatos recientes que han provocado una respuesta gremial, ciudadana e internacional de gran alcance.

Estos son los de Javier Valdez y Miroslava Breach Velduce, así como los de Jonathan Rodríguez Córdova, Filiberto Álvarez Landeros, Max Rodríguez, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda, los ocurridos en lo que va del año.

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Sin embargo, la intención es avanzar de igual forma en los otros 105 casos registrados por la organización Artículo 19, cuyo Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, Leopoldo Maldonado, a advertido que las agresiones y asesinatos contra periodistas en México colocan a esta actividad “bajo fuego y sin garantías por parte del Estado”.

Maldonado explica que de los 105 casos de periodistas asesinados de 2000 a 2017: 32 han ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; 48 en el de Felipe Calderón y 22 durante la gestión de Vicente Fox.

Artículo 19 pidió de entrada una reestructuración de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, cosa que ayer ya fue anunciada por Roberto Campa a los secretarios de Gobierno de los Estados.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación indicó que, como respuesta inicial a todo lo propuesto hace una semana por el presidente Peña Nieto y los gobernadores, se habrá de identificar qué riesgos existen en el país respecto de periodistas y medios amenazados, o bajo asedio del crimen organizado.

Pero lo central, dijo, “para revertir esta situación, tenemos por un lado que pelear contra la impunidad, garantizar que se haga justicia, que concluyan las investigaciones con los responsables y con la seguridad de llevarlos ante la justicia.

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“Y segundo, tener un esquema de protección que nos permita garantizarle a periodistas y a defensores que puedan seguir desarrollando sus tareas en los estados con la seguridad de que no van a ser atacados”.

Ello requerirá de reorganizar unidades de defensa y protección de periodistas y medios en todos los estados de la República, que deberán estar en condiciones de operar a más tardar a fines de junio.

“Y sí, efectivamente, son instancias distintas de las fiscalías. Reitero, no estamos hablando ni de creación de nueva burocracia, ni de nuevas oficinas. Se trata de organizar a quienes hoy tienen una tarea vinculada con la defensa de periodistas”, detalló.

Y subrayó:

“Básicamente lo primero es una tarea de monitoreo, identificar dónde están los riesgos, adicionalmente a los atlas, porque se trata de una situación que cambia, que es dinámica.

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“Entonces, lo primero será, como ha sucedido en el mecanismo, capacitar al personal para que pueda hacer un monitoreo que nos permita identificar, sobre todo a partir de fuentes abiertas, dónde podemos tener un riesgo potencial.

“Y después, también en estas unidades, a partir de ese monitoreo, identificar los riesgos y definir cuáles son las medidas que tendrían que tener los periodistas, estar pendientes de la garantía de que se tengan esas medidas y luego darle seguimiento. Esto es básicamente lo que tendrían que hacer”.

Mientras tanto entre los periodistas no deja de haber dudas y suspicacias.

DIRECTO AL TRIFE

Todo advierte que los cuatro procesos electorales en curso serán definidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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Son tantas las denuncias interpuestas entre candidatos y partidos, que tan sólo la Fepade indica que recibe decenas de denuncias y quejas por día hasta sumar ya miles de expedientes abiertos en lo que va del año en

Como es obvio, el proceso con mayores denuncias es el del Estado de México, casi todas por la compra de votos entre unos y otros partidos.

Sin embargo los de mayor urgencia y calado son los levantados en contra de la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, por peculado y desvío de recursos.

Pese a todo, a 15 días de la elección, no ha prosperado ninguno de los recursos.

La Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales, la Fepade, informó que tan sólo del 1 de septiembre de 2016 al 24 de marzo de este año inició 2 mil 129 expedientes en los 4 estados.

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La más reciente denuncia la presentó ayer ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, el diputado priísta Jorge Carlos Ramírez Marín en contra de Morena por la omisión de Morena a publicar en su página de Internet el destino de más de 580 millones de pesos que ha recibido en los últimos dos años del INE.

De acuerdo al PRI, Morena no cumplió con la obligación señalada en la Ley, que establece que todos los partidos deben transparentar sus gastos en su página de Internet.

“Morena no ha cumplido con ninguna de todas las obligaciones establecidas por la Ley, por lo que hasta el momento esconde el uso y destino de recursos públicos, además de los que recibe de particulares.

“Los partidos políticos no pueden evadir sus responsabilidades, hay una gran discusión sobre si deben o no recibir recursos públicos, y lo menos que pueden hacer es explicar qué hacen con ese dinero”, indicó el diputado.

Ramírez Marín dijo que Morena ha mostrado un interés particular en esconder el manejo de sus finanzas durante el actual proceso electoral, por lo que se debería cuestionar ¿Por qué no quieren que se sepa qué hacen con el dinero durante esta campaña?

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Adelantó que hoy pedirá al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todo los partidos a cumplir con sus obligaciones de informar “lo que hayan recibido y gastado”.

Entre las demandas presentadas está también la interpuesta por el PAN contra la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México por el desvío de 13 millones de pesos.

La denuncia concreta es por peculado electoral y tráfico de influencias.

Esto es por el descuento realizado a los trabajadores del municipio de Texcoco, durante la administración de Delfina Gómez como alcaldesa de esa demarcación.

El PAN también levantó denuncia contra el PRI por el uso de tarjetas de crédito a cambio de promesas de voto.

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Así unos y otros se han demandado sin que hasta ahora haya prosperado ninguno de los recursos interpuestos. Lo cual apunta a que al final todo se dirimirá en sesiones del Trife.

 

rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_RVizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa

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