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Luego de meses de un debate en el que se le acusó de pretender eliminar el delito de feminicidio, el Fiscal General de la República Alejandro Gert Manero y la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas entregaron un proyecto único de reformas para establecer un criterio jurídico homologado para todas las mexicanas que sufren la muerte por violencia.

Con ello la Fiscalía General de la República, como cabeza de todos los fiscales en el país ya la Cámara de Diputados avanzaron en una sola propuesta para establecer un tipo penal homologado del delito de feminicidio.

Gertz insistió en que es necesario considerar que “con el tipo penal que ustedes han propuesto, yo creo que si nosotros le agregamos —y lo voy a leer, porque creo que vale la pena— nada más un pequeño párrafo a ese tipo, que yo lo siento ya muy sólido, en el que podemos decir que: en la investigación de todos los hechos en los que se prive de la vida con violencia a una mujer, el Ministerio Público está obligado a constatar si existe algunas de las razones de género previstas en las fracciones de este artículo, para que en su caso se aplique.

“Es decir, que haya una obligación del Ministerio Público de que cada vez de que haya una muerte violenta en contra de una mujer, tengan que ir a este tipo penal, independiente del tipo del homicidio, para ver si se puede lograr el castigo suficiente, que es el que se están ustedes planteando y que nosotros estamos sosteniendo también”.

En febrero pasado Gertz propuso “eliminar” el tipo penal de Feminicidio y se le vino el mundo encima. Lo acusaron de insensato y machista. Y se habló de pretender un retroceso en la lucha por la justica para las mujeres.

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Lo que Gertz decía era que el concepto de feminicidio en el código penal era muy complejo de acreditar ante Tribunales. Y ello propiciaba la impunidad.

El Fiscal no pretendía dejar de perseguir a feminicidas. Sino cerrar expedientes judiciales que derivaran en sentencias verdaderamente condenatorias.

Y es que el concepto penal de feminicidio se divide técnicamente en elementos objetivos, subjetivos y normativos que derivan en una gran complejidad judicial probatoria, pues obliga al Ministerio Público y al Juez a probar que la muerte de la mujer fue motivada exclusivamente por razones de género.

De los siete supuestos para demostrar dichas razones de género, algunos no se pueden acreditar y otros son inconstitucionales, indicó entonces el Fiscal.

Con esta base técnica, la Fiscalía General de la República se ve muy limitada, dijo, para establecer el feminicidio lo que deriva en que los acusados terminen absueltos.

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La propuesta de Gertz era entonces la de eliminar los requisitos de razones de género, y sancionar la muerte de una mujer como un homicidio agravado, manteniendo la misma pena de hasta setenta años.

Su propuesta no prosperó y Gertz se llevó la rechifla nacional, además de entrar en un manto de dudas de las agrupaciones feministas.

El tema de fondo es que el 80% de los asesinatos de mujeres en México son provocados de su círculo cercano: por el padre, esposo, novio, amante, amigo, etc.,

El feminicidio entonces no es sólo un reto para la impartición de justicia, sino de una educación igualitaria y de respeto

LA NUEVA PROPUESTA

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El proyecto presentado ayer contempla la homologación del tipo penal de feminicidio que deberá ser aplicado de base por todos los agentes del ministerio público en el país.

Al presentarlo, la panista Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados indicó:

“El asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo es resultado de una sociedad machista, misógina y profundamente violenta. Desafortunadamente, en la sociedad no sólo se han normalizado los abusos hacia las mujeres, sino que se aprende, practica y ejerce la desigualdad y la discriminación”.

Y recordó:

  • Entre 2015 y 2020, el delito de feminicidio creció 137 por ciento; es decir, cuatro veces más que el resto de los homicidios.
  • El 66 por ciento de las mexicanas ha sufrido violencia y el 44 por ciento de mujeres en una relación, ha enfrentado agresiones de su esposo o pareja.
  • Cada hora, mil 250 mujeres son violentadas y sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en calles, escuelas, centros laborales o en sus casas.
  • El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en 2019 se iniciaron, cada día, 559 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar y 279 mujeres recibieron atención médica por lesiones.

Y para completar el contexto de injusticia la crisis del COVID-19 colocó a mujeres y niñas en un mayor riesgo de sufrir violencia.

  • De acuerdo con la Red Nacional de Refugios, desde que comenzaron las medidas de confinamiento las violencias se incrementaron 81 por ciento. Asimismo, de marzo a junio se atendieron 329 mil 944 llamadas de emergencia al 9-1-1, por incidentes de violencia de pareja e intrafamiliar.

“Como mexicana y legisladora, pero sobre todo como mujer, tengo esperanza de que este trabajo dé frutos y que pronto tengamos un sólo tipo penal de feminicidio eficiente”, concluyó.

La propuesta contempla que el asesinato de una mujer por razones de género tendrá una sanción: de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa y se contemplan circunstancias agravantes.

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EL SENADO, HACIA UN PARLAMENTO ABIERTO PERMANENTE

Mónica Fernández, presidenta del Senado y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política instalaron ayer la Comisión Técnica para el Desarrollo de un Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto con participaron de la UNAM.

La máxima casa de estudios dará soporte técnico y asesoramiento en áreas sensibles para la sociedad.

Al intervenir, Monreal consideró que hoy, más que nunca, la participación de la sociedad y “nuestra vinculación con la digitalización es más que indispensable”.

Por ello, se indicó, el diseño de nuevas leyes, como en nuevas formas de legislar en tiempos pandémicos obliga a la modernización y a la adaptación de los nuevos tiempos con profesionalismo y transparencia.

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El zacatecano agradeció la participación de la UNAM, de la que es uno de sus catedráticos, para que a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de su responsable Khemvirg Puente, se avance en la instalación de un observatorio de transparencia legislativa, así como de rendición de cuentas, al tiempo que el Parlamento Abierto extenderá sus acciones a tratados internacionales, reformas constitucionales, comparecencias y designaciones de servidores públicos.

A la cabeza de la comisión estará la presidenta del Senado, Mónica Fernández, quien será acompañada por la panista Xóchitl Gálvez; Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Juan Cepeda, de MC; Nancy de la Sierra por el PT y Antonio García Cornejo por el PRD así como Mauricio Farah, secretario general de Servicios Administrativos del Senado.

Ello con el fin de ofrecer un nuevo modelo de relación ciudadana y el poder legislativo. Se busca tener un Senado más transparente, profesional y cercano a la sociedad, subrayó la senadora Fernández.

 

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