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Camara de Diputados

Corte recibe recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Seguridad Interior presentado por legisladores de PAN, PRD, MC y Morena

Ciento 88 diputados del bloque opositor PRD, PAN, MC y Morena presentaron ante la Suprema Corte  este jueves una acción de inconstitucionalidad contra todos y cada uno de los 28 artículos de la Ley de Seguridad Interior.

Con ello cumplieron casi apenas con el requisito legal que requería de sólo 167 firmas de diputados para interponer el recurso. El caso es que si se ve que los 4 grupos parlamentarios suman un total de 228 legisladores se podría concluir que 40 de ellos no apoyaron este recurso.
Al presentar el recurso, los coordinadores de los diputados del PAN, Marko Cortes; del PRD, Francisco Martínez Neri y del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez expresaron su confianza en que la Suprema Corte resolverá a favor de la inconstitucionalidad de esta legislación, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Afirmar estar convencidos de que esta ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 21  diciembre pasado, está plagada de violaciones constitucionales, entre los que destacan:
-La invasión de la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas.
-La ausencia de facultades del Ejecutivo federal para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas.
-La reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley, por ser contrario al principio de máxima publicidad.
-La delimitación de atribuciones del Presidente de la República, en el marco del esquema de coordinación en la atención de una Declaratoria.
-La muy cerrada delimitación de conceptos político-electorales para la exclusión de la legislación.
-La delimitación de la coordinación con el Ministerio Público en la atención de los delitos.
Los inconformes sostienen sin embargo la necesidad de reglamentar la participación de la Marina y el Ejército en el combate al crimen organizado, pero, afirman, sin llegar a extremos que no solucionan el problema de inseguridad en el país.
Y a pesar de que el debate de esta Ley llevó al Congreso a más de un año de debates, foros y consultas públicas, los querellantes consideraron como “un grave error y un abuso de las mayorías en las cámara de Diputados y Senadores, haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin haber escuchado todas las voces que señalaron con oportunidad sus elementos inconstitucionales e inconvencionales”.
Hoy, dicen, es competencia de la SCJN determinar si el conjunto de la ley, y específicamente 28 del total de sus 34 artículos, son válidos constitucionalmente, además de ser consistentes con el control de convencionalidad, al estar en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos
Indicaron que su recurso se suma y coincide con la visión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los que han señalado un amplio sector de expertos y organizaciones ciudadanas.
Específicamente los legisladores de los 4 partidos señalados reclaman la invalidez de los artículos 1, 4 fracciones II y IV, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y segundo transitorio de la Ley de Seguridad Interior.
Los coordinadores informaron que a partir de recibida esta acción de inconstitucionalidad, la Corte designará un Ministro Instructor quien admitirá la demanda, determinará los trámites subsecuentes y preparará el proyecto de resolución.
“Estaremos pendientes de la resolución que emita la máxima instancia de justicia del país y no dejaremos de insistir en que esta Ley de Seguridad Interior está lejos de ser la que el país necesita”, concluyeron.
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